Políticas públicas y ciudadanía

Las propuestas de la “Nueva Gestión Pública” (NGP) que, a partir de los años ochenta, se promovieron como medidas modernizadoras en las Administraciones, incidían en la idea de tratar a la ciudadanía como cliente que consume servicios, minusvalorando y rebajando, de este modo, su dimensión cívica; y olvidando que la administración aunque oferta servicios como lo hacen las empresas, no los planifica y gestiona para clientes individuales sino para el conjunto de la sociedad.

Esta errónea manera de entender el rol de la ciudadanía ha generado un modelo de relación en el que la Administración es la parte activa y a la sociedad se le relega a un rol pasivo. Por su parte, al personal funcionario se le asigna un papel de empleado que ofrece servicios a los clientes que lo demandan, en lugar de encomendarle la misión de mediar e interactuar con la sociedad.

Como consecuencia de lo anterior, se ha fomentado una ciudadanía poco comprometida con lo público y permanentemente insatisfecha, puesto que sólo se le ha enseñado a demandar y a no responsabilizarse de los asuntos colectivos.

Este patrón de dependencia que se ha generado puede provocar serios obstáculos para abordar los cambios que las administraciones quieran adoptar a medio plazo para mantener unos servicios públicos de calidad. De ahí que los próximos equipos de gobierno, además de tener que llegar a acuerdos van a tener que plantearse un cambio en profundidad en sus relaciones con la ciudadanía; practicar el diálogo e interactuar con ella y considerarla sujeto social activo en las decisiones que le afecten y/o que le importen para hacerlas viables. Esto supone apostar por un modelo social dependiente también de la responsabilidad ciudadana.

Pero el reto es cómo conseguirlo y para ello, al menos, hay dos objetivos que se deberían plantear los próximos responsables políticos y técnicos: promover una educación social para una ciudadanía activa y generar confianza en el valor de la participación pública.

Necesitamos una educación social con un enfoque más integral que en la actualidad, que desarrolle y fomente una ciudadanía más democrática y participativa, que promueva valores relacionados con la paz, la negociación, el diálogo, la intervención en los asuntos colectivos, la defensa de los derechos y deberes relacionados con la justicia social; que sea paritaria e intercultural; que integre los valores y actitudes ambientales y que incida en la necesidad de nuevos modos de producción y de consumo para hacer viable nuestro desarrollo con la conservación y mejora de nuestros ecosistemas.

Con la educación social no vamos a resolver los problemas que tenemos, pero podremos conseguir mejorar las capacidades y habilidades básicas que las personas necesitamos para poder abordarlos desde una defensa del interés general; adquirir la información necesaria sobre los temas que nos conciernen a todos; perder el miedo a participar y expresar en público nuestras opiniones; saber dialogar y llegar a acuerdos; mejorar la motivación para comprometernos con la defensa del Bien Común y estar más conectados. Este reto educativo no sólo incumbe a las administraciones y al sistema educativo formal (Centros Escolares y Universidades a los que tenemos una tendencia de delegar continuamente responsabilidades que, por su complejidad, les superan), sino también a las organizaciones políticas, económicas y sociales.

El incremento de la presencia e influencia de la sociedad en el espacio público acarreará, sin lugar a dudas, otros importantes beneficios desde el punto de vista de la gobernanza: fomentará la deliberación pública, la creación de más y mejores consensos, alianzas y colaboraciones, a la vez que mejorará la información, la transparencia y la innovación en la gestión pública.

Respecto a la generación de confianza en los procesos participativos y en sus beneficios posteriores, conviene decir que se trata de un proceso lento y delicado; que debe incorporarse en la práctica cotidiana de las Administraciones, y mimarse definiendo con los interesados los objetivos y el contenido del cada proceso; aportando información; evitando las puertas giratorias, acompasando los ritmos y los tiempos ciudadanos e institucionales; aplicando criterios de calidad democrática en su gestión; valorando concienzudamente las propuestas ciudadanas, asumiendo las que sean factibles y razonando las que se desestimen y realizando un seguimiento y evaluación compartidos de sus resultados.

Pero, además, las Administraciones tienen que promover debates públicos y poner sobre la mesa los temas que realmente tengan interés para la ciudadanía y en los que no existan suficientes consensos políticos y sociales, en lugar de rehuirlos como, hasta ahora, ha venido siendo habitual. De lo contrario, se entenderá que la Administración no desea abordar los temas que preocupan a la ciudadanía y que utiliza la participación ciudadana como simple “fachada” democrática y lavado de imagen.

Con la participación hay que conseguir que la ciudadanía experimente que es posible ser miembro activo de su sociedad; comprometerse con su funcionamiento y sentirse protagonista de la consolidación y desarrollo del Estado de Bienestar, así como entender que las decisiones públicas, aunque no se tomen pensando en las individualidades, tienen que ser respetadas y aplicadas para garantizar los intereses de la colectividad.

Desde este punto de vista, el mayor reto de las políticas públicas en estos momentos no se sitúa tanto en el plano de su solvencia técnica sino, sobre todo, en su calidad democrática.

Estamos, por lo tanto, hablando de la necesidad de establecer una nueva relación entre gobernantes y gobernados; de una nueva manera de abordar los asuntos colectivos y de ejercer la política y las responsabilidades en el ámbito público desde la confianza, la ejemplaridad y la entrega desinteresada.

*Este es el segundo de una serie de cuatro artículos del autor. El primero fue La innovación pública: una condición necesaria para abordar los cambios pendientes.