El expresidente de la SEPI maniobró para que la empresa navarra Erri Berri se llevara un contrato: “Estoy influyendo”
El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, maniobró en el año 2021 para que la empresa navarra Erri Berri, especializada en demoliciones, fuese la adjudicataria de un contrato de 2,85 millones de euros para el derribo de las Baterías de Cok en Avilés, en Asturias. A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, Fernández Guerrero habría pactado una comisión de 400.000 euros. Los pagos se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), de VUSA y de Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. No respondían a un servicio real, sino a la contraprestación del expresidente de la SEPI por haber maniobrado para la consecución del contrato, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Según Anticorrupción, Erri Berri, con sede en Olite, abonó de manera “indirecta” a Mediaciones Martínez y Servinabar 2000 un total de 575.857 euros, de los que 400.000 se corresponderían a la intermediación de Fernández Guerrero para el contrato en Asturias. Dicho contrato fue licitado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SL (PEPA), una sociedad participada en su integridad por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), sociedad cuyo capital social pertenece a su vez en su totalidad a la SEPI, de la que Fernández Guerrero fue su presidente entre 2018 y 2019, aunque se investiga si mantuvo su influencia en años posteriores.
Las obras para la demolición de las baterías habían sido adjudicadas en un primer momento el 26 de abril de 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Lezama-Los Álamos, pero Erri Berri, que se había presentado a la licitación, presentó un recurso. Lo hizo después de que Leire Díez enviara un mensaje en el grupo de la aplicación Threema 'Hirurok', que compartía con Fernández Guerrero y Alonso, en el que proponía decirle al administrador de Erri Berri Félix Azcona la manera de poder anular el concurso. “Nos deberían algo [...] Aunque no se pueda cuantificar”, añadió Díez en el mismo foro. Así, el 7 de mayo, Fernández Guerrero envió un documento de Word a Alonso en el que se recogía como posible motivo para la impugnación de la licitación el hecho de que una de las vocales de la mesa de contratación hubiese participado anteriormente en la redacción de los pliegos. Erri Berri presentó su recurso y el 9 de agosto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo estimó.
Así, el 11 de agosto el PEPA ordenó el reinicio de la licitación. Esta vez, Erri Berri, que en el anterior pliego había presentado una oferta económica de 6,5 millones de euros, hizo una de 2,5 millones, rebajándola así en 4 millones de euros. Esta oferta “anormalmente baja” hizo que se le fuera requerida una justificación por parte de la mesa de contratación. Unos días antes de que terminase el plazo para el envío de la documentación, Fernández Guerrero escribió a Alonso preguntándole si en Erri Berri tenían controlados los plazos. “No debe haber problemas con lo que he hablado”, respondió Alonso. “Si es necesario, que la gente de Erri Berri lo contraste también con nosotros. Nos jugamos (todos) mucho”, añadió Fernández Guerrero.
El 26 de octubre el expresidente de la SEPI volvió a escribir a Alonso para informarle de que la oferta a la baja ha sido admitida. Lo hizo antes de que los técnicos firmaran el informe de admisión de la oferta y dieran cuenta a la mesa de contratación, circunstancia que para la Fiscalía Anticorrupción refuerza las sospechas de la influencia que tenía Fernández Guerrero en la SEPI para la adjudicación de contratos. Finalmente, el 27 de octubre la mesa de contratación propuso a Erri Berri como adjudicataria del contrato.
Pero la UTE Lezama-Los Álamos, que había sido adjudicataria de la primera licitación presentó un recurso. Y de nuevo Fernández Guerrero maniobró para que no prosperase. “He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso por parte de Lezama-Los Álamos”, expuso en el grupo 'Hirurok'. La presidenta del Tribunal de Contratos a la que se refiere es María de la Concepción Ordiz Fuertes, quien previamente había trabajado en la SEPI con Vicente Guerrero. “Estoy influyendo para que lo inadmitan x (sic) fuera de plazo y xq (sic) el contrato ya estaba formalizado. [...] El abogado [...] que lleva la defensa de Erri Berri está coordinándose con nuestro hombre en SEPIDES”, apostilló.
El 20 de enero de 2022 el Tribunal de Contratos desestimó el recurso de la UTE Lezama-Los Álamos. “Conchita [por María de la Concepción Ordiz] ha cumplido”, celebró Fernández Guerrero en el chat de Threema compartido con Díez y Alonso. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros [...] gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito [...] hemos hecho mucho porque conseguir revertir la inicial adjudicación a Lezama-Los Álamos parecía casi imposible. Y el resultado ha sido enormemente bueno. Este es el camino”, añadió.
Por este servicio, la mercantil Mediaciones Martínez emitió una factura a una empresa vinculada a Erri Berri, Reciclajes y Derribos Olite SL, por importe de 99.825 euros más IVA (120.000 en total) bajo el concepto de “trabajos de obra civil realizados relativos al mantenimiento de Pamplona durante el periodo junio 2021 a enero de 2022”. Pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cifra pactada fue mayor por un mensaje que Fernández Guerrero envió a Alonso el 14 de marzo en relación con otras gestiones en favor de Erri Berri. “No quiero avanzar hasta que veamos los 400 k (o una parte de ellos) de Félix [Félix Azcona, administrador de Erri Berri]”. Un día después, el 15 de marzo, Erri Berri abonó la factura.
El 27 de mayo, Mediaciones Martínez emitió una segunda factura a Derribos Olite por importe de 61.213 euros, con el mismo concepto que la anterior pero modificando las fechas, y que no se abonó hasta un mes después, el 27 de junio. En esa misma fecha re emitió una tercera con el mismo importe, 61.213 euros, que fue abonada el 1 de agosto. En total, las tres facturas sumaron un total de 201.000 euros. Otros 100.000 fueron abonados a través de una tercera sociedad ajena a Erri Berri, VUSA, con la que según la Fiscalía Anticorrupción se pretendía “desvincular” el origen de los fondos “supuestamente ilícitos” percibidos por Mediaciones Martínez.
Los 100.000 euros restantes de los 400.000 supuestamente pactados fueron abonados, sostiene la Fiscalía, a través de facturas emitidas por Servinabar 2000 a Erri Berri en diciembre de 2023 y enero de 2024 de 50.215 y 49.277 euros respectivamente. Son los pagos que la Hacienda de Navarra recogió en el informe que envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de la mercantil propiedad de Alonso y presuntamente, también de Cerdán. Se da la circunstancia de que Fernández Guerrero estuvo dado de alta también en Servinabar 2000. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra.
Erri Berri explicó en diciembre de 2025, tras el registro de la Guardia Civil en sus oficinas de Olite, que esos pagos a Servinabar 2000 respondían a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.
“Aparentemente y considerando los elementos expuestos, unido al hecho de que no se han localizado por la policía Judicial otros datos o documentos de los que se evidencie cualquier tipo de actividad relacionada con el objeto de las facturas, se considera que el verdadero objeto de los pagos habría sido abono de parte del pago acordado -aparentemente 400.000 euros- como consecuencia de las gestiones efectuadas por el grupo Hirurok”, concluye Anticorrupción.