Navarra prevé cerrar en septiembre la renovación del Convenio Económico con el Estado

A escasos días de que comience el nuevo curso político, el Gobierno de María Chivite ultima la calendarización de los principales objetivos que se ha marcado para el que será su tercer año de mandato. Tras dos años prácticamente monopolizados por la pandemia, el Ejecutivo foral tilda el inicio de este curso como “el comienzo de una nueva legislatura”, y pretende cerrar en poco tiempo varios avances pendientes y recogidos en el acuerdo programático de Gobierno firmado entre los socios. Uno de ellos es la renovación de la aportación que cada año realiza Navarra al Estado por las competencias no transferidas, que caducó el pasado 2020. Las conversaciones entre ambas haciendas están “muy avanzadas” y el gabinete de Chivite confía en poder cerrar el acuerdo este mismo mes de septiembre.

En virtud del régimen foral del que dispone Navarra y que está recogido en la Constitución, la Hacienda foral tiene la potestad para establecer y recaudar los impuestos correspondientes a su territorio. De los ingresos obtenidos de esa recaudación, Navarra financia los servicios públicos de su competencia (sanidad, educación, la Policía Foral, etc.) y además, aporta al estado una cantidad por los servicios que no están transferidos o son de competencia exclusiva estatal (ejército, Casa Real, cuerpos de seguridad del Estado, etc.). Esa cantidad se calcula y pacta entre ambas administraciones cada 5 años, y en el último quinquenio (2015-2019) se fijó en el 1,6% del gasto total del Estado, unos 550 millones de euros anuales.

El nuevo quinquenio 2020-2024 debió acordarse el año pasado, pero por culpa de la situación pandémica “muchos avances se vieron truncados”, señalaba esta semana el vicepresidente primero navarro, Javier Remírez. En los últimos meses las negociaciones con el ministerio de María Jesús Montero han avanzado y ya se ha fijado un nuevo encuentro para septiembre en el que se confía cerrar ya la nueva aportación que Navarra deberá realizar a las arcas estatales. “Sería importante tener ya ese horizonte despejado para poder afrontar con seguridad la negociación de los Presupuestos de 2022”, apuntaba Remírez.

En la nueva aportación que las dos administraciones acuerden tendrá ya reflejo la nueva competencia que Navarra sumió este mes de agosto después de más de 20 años sin firmar una transferencia. Se trata de la sanidad penitenciaria de la única cárcel que hay en la comunidad foral, la de Pamplona. El valor de esa competencia fue fijado en 2,1 millones de euros anuales, que se descontarán en el nuevo quinquenio, ya que es ahora la comunidad foral la que se encarga de la financiación de ese servicio, llevado a cabo desde este verano por personal del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea.

En el futuro se deberá restar también de la aportación el coste correspondiente del personal encargado de las labores de tráfico y seguridad vial, materia compartida hasta ahora por Policía Foral y Guardia Civil, pero tal y como ya se ha acordado, de la que se encargará únicamente el cuerpo policial autonómico en el plazo de unos años. El Estado se comprometió a firmar la transferencia de estas competencias a Navarra antes de que finalice el 2021, pero la asunción al completo de las funciones se va a calendarizar y será de forma progresiva debido a la falta de personal de la Policía Foral para asumir con garantías el control al completo del tráfico. De esta forma, aunque la transferencia se firme en el plazo de unos meses y sea ya la Hacienda Foral la que se encargue de la recaudación, los agentes de la Guardia Civil seguirán operando en Navarra al menos durante unos años, hasta que la Policía Foral tenga el número suficiente de agentes.

Para ello, además de convocar ofertas públicas de empleo, se habilitará una pasarela para que agentes de tráfico de la Guardia Civil ya asentados en Navarra puedan seguir ejerciendo sus funciones dentro del cuerpo de la Policía Foral.