El informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la corrupción en torno al exsecretario de organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, y el empresario vasco Antxon Alonso a través de la mercantil Servinabar 2000, la empresa central de la investigación, ha reactivado el foco sobre la trama navarra por el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública. Fue en la comunidad foral donde Cerdán y Alonso entablaron amistad y, según la Guardia Civil, donde también iniciaron los contactos con Acciona a raíz del proyecto Mina Muga. Con esa empresa Alonso firmó en 2015 un acuerdo por el cual Servinabar 2000 recibía el 2% neto de las adjudicaciones conseguidas por Acciona. Además, en Navarra, Acciona y Servinabar 2000 se llevaron en UTE al menos siete contratos licitados por el Gobierno foral —bajo las presidencias de Uxue Barkos (Geroa Bai) y María Chivite (PSN)— que suman un total de 86 millones de euros.
La derivada navarra del 'caso Cerdán' generó ya un importante terremoto político en el Gobierno de Chivite en junio cuando la UCO situó a Cerdán al frente de la presunta trama del cobro de comisiones. La presidenta de Navarra lloró ante los medios de comunicación al conocer el contenido de aquel informe y pocos días después destituyó a su 'número dos' en el PSN, Ramón Alzórriz, por haberle ocultado que su pareja había trabajado entre 2021 y 2024 en la empresa Servinabar 2000. La publicación del nuevo informe ha coincidido con un viaje institucional de Chivite en China. Desde allí, la presidenta ha afirmado que “en nada” señala a su Ejecutivo y ha reiterado que ni ella, ni ninguno de sus consejeros “ha cometido corrupción”.
Mientras en el Parlamento de Navarra sigue su curso una comisión de investigación, que se inició en agosto, sobre todos los contratos adjudicados por el Gobierno navarro a Servinabar 2000 –y su filial Alegure– tras conocerse que Cerdán poseía un 45% de sus acciones. Distintas fuentes de la comisión consultadas destacan la diferencia que existe entre esta comisión y la que se desarrolla en el Senado, a la que atribuyen un mayor interés político y mediático que de llegar al fondo de las adjudicaciones. Una muestra de ello es que los primeros comparecientes de la comisión navarra han sido perfiles técnicos, personal que participó en mesas de adjudicación, y no cargos políticos. Sí que están citadas la presidenta Chivite o las expresidentas Barkos y Yolanda Barcina (UPN), pero no acudirán hasta el final de la comisión —no se espera que sea antes de mayo del 2026—. Antes, pasarán por ella —o al menos han sido citados— Cerdán, Koldo García, Alonso o los directivos de Acciona José Manuel Entrecanales o Justo Vicente Pelegrini, recientemente imputado.
Se decidió que la comisión comenzara por el contrato más alto, el de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate en la carretera N-121-A, la que une la comunidad foral con Francia a través de Irún y sobre la que pesaba una amenaza de cierre por no cumplir la normativa europea de seguridad en túneles. La obra se adjudicó por 62,8 millones de euros más IVA (76 millones en total) a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, aunque acumula ya un sobrecoste de 8,5 millones, que se prevé que sea todavía mayor.
El proceso de adjudicación estuvo envuelto en polémica desde el comienzo. Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. Alegaron que el procedimiento estaba “viciado” porque el presidente de la mesa, un funcionario de 73 años al que se le permitió seguir en su puesto de trabajo pese a estar en edad de jubilación merced a tres prórrogas especiales contempladas en la ley navarra, recibió las puntuaciones de las ofertas del resto de los ingenieros. Dijeron también que en el Departamento de Cohesión Territorial, el que licitó la obra, existía el rumor de que la obra “se la llevaría Acciona”, lo que motivó que lo denunciasen ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que a la postre consideró la adjudicación “nula de pleno derecho”. UPN, por su parte, denunció la adjudicación ante la Guardia Civil, que ahora ha pedido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que la incorpore a la causa.
Por la comisión navarra de investigación han pasado ya los ocho miembros de la mesa de adjudicación y si bien todos ellos aseguraron que no existió “injerencia política”, sí que pusieron de manifiesto errores en el proceso que ahora el Gobierno foral trata de subsanar con una reforma de la ley de contratos. Entre ellos destaca que el presidente de la mesa pudiera tener acceso al resto de valoraciones de los técnicos. No ha quedado acreditado si el presidente, Jesús Polo, votó el último –él lo niega–, pero los tres letrados que formaron parte de la mesa han coincidido en señalar que el mero hecho de que exista esa posibilidad “vicia” y debería “anular” el proceso de adjudicación. Además, dos de los cinco ingenieros apuntaron que el presidente de la mesa les presionó para que modificaran sus puntuaciones. Mientras a uno le dijo que se las “repensase”, a otro le comentó que con una de las empresas que acompañaba en UTE a Mariezcurrena (oferta que quedó en segunda posición) había tenido una “mala experiencia” y que “era mejor que no saliera”. Polo ha negado estos hechos en una carta remitida a la comisión.
Fuentes de UPN reconocen que se “sorprendieron” al escuchar estas afirmaciones de los ingenieros de la mesa y no dudan de que la obra estaba teledirigida para que fuese adjudicada a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 con Osés. Se muestran seguros de que a lo largo de la comisión “van a salir más cosas” sobre la presunta trama de Cerdán en Navarra. Con todo, los regionalistas no tienen previsto por el momento pedir la comparecencia de los familiares de Cerdán que aparecen en el informe de la UCO. “Ya habrá tiempo para valorarlo”, insisten estas mismas fuentes. Sí que han registrado este jueves la petición para que comparezca Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y extrabajador de Servinabar 2000. La solicitud se votará el martes y para ser aceptada UPN necesitará del apoyo de al menos uno de los socios del Gobierno de Chivite. La presidencia del foro recae en EH Bildu, que ha situado al frente a Irati Jiménez.
Además de la de Belate, la comisión navarra también investigará los otros contratos adjudicados a Servinabar 2000. Los tres primeros se formalizaron en la legislatura 2015/2019, bajo la presidencia de Barkos (Geroa Bai), de quien Alonso era una persona cercana. También del todavía consejero dentro del equipo de Chivite José María Aierdi. Son la reforma del pabellón multiusos Navarra Arena, la rehabilitación del archivo antiguo de Navarra, un ala del actual palacio presidencial, y los jardines de acceso, y la construcción del colegio público de Arbizu. Esta última obra recayó en realidad en la UTE de Acciona con Alegure, una empresa 'hermana' de Servinabar y de la que también es accionista otro empresario vasco, Iñaki Alzaga. El resto de contratos adjudicados a Servinabar 2000 objeto de la comisión de investigación del Parlamento foral son de obras para la construcción de vivienda protegida en el barrio de Erripagaña, un singular barrio dividido en cuatro municipios en el área metropolitana de Pamplona, a través de la sociedad foral de Vivienda, Nasuvinsa.
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