El funcionario que denunció ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, Lorenzo Serena, que ejerció como secretario en la mesa de contratación ha ratificado en la comisión de investigación sobre la derivada navarra del 'caso Koldo' que se celebra en el Parlamento foral las sospechas que plasmó en su voto particular y verbalizó en el Senado sobre la adjudicación de la obra a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también Santos Cerdán. “En ninguna otra obra a mí me han dicho cinco miembros de la mesa que se sabe quién se va a llevar la obra y luego ha resultado que es esa”, ha declarado.
Lorenzo Serena ha acreditado una trayectoria de 28 años como letrado en la Administración foral y su participación en una gran cantidad de mesas de contratación de obra pública. Ha insistido que tiene sospechas de que la obra estaba teledirigida porque el proceso de licitación estuvo “viciado desde el principio”. Ha argumentado que la adjudicación se decidió por la valoración técnica de las ofertas y que los cinco técnicos que formaron parte de la mesa no “justificaron” las puntuaciones. “Los informes eran meramente valorativos, no estaban motivados”. Por ello, ha apostillado que solicitó al resto de vocales que justificaran sus valoraciones para “evitar la sospecha de que se había dado a dedo”. “Lo pedí por respeto a todo el mundo y a las propias empresas. Esto ha sido un desastre”, ha solemnizado.
“Que venga una empresa grande con una pequeñita que no aporta nada, se lo tienen que preguntar a los que firmaron ese documento. ¿Qué le aportaba una empresa pequeña? Que sea de Navarra tiene cierta lógica”, ha explicado, para señalar que, según pudo comprobar, el objeto social de Servinabar 2000 inicialmente, en 2015, era de servicio, y lo modificó en enero de 2020 a obras. “El objeto social de una empresa determina su capacidad jurídica. Una empresa de servicios no puede acudir a una licitación de obras, pero es que su objeto social era obras y yo no la podía excluir. Acciona presenta una solvencia kilométrica y en Servinabar 2000 está en blanco. ¿Qué aportaba?”, ha planteado.
Al mismo tiempo ha resaltado que Acciona, Osés y Servinabar 2000 constituyeron la UTE “un mes y medio” antes de que se resolviese la adjudicación, cuestión que asegura no ha visto en otros procesos de licitación en los que él ha participado.
El secretario de la mesa ha negado que existiera una “guerra abierta” entre los técnicos y los juristas de la mesa de contratación, como así afirmó el presidente, Jesús Polo, este martes. “Lo único que dije es que en Derecho existe el deber de motivar las puntuaciones y eso no se hizo”, ha dicho.
También se ha ratificado en que el presidente de la mesa conocía los votos del resto de técnicos de la mesa antes de emitir el suyo. “Es público y notorio que a él le llegaron los votos antes de hacer el suyo”, ha insistido. El presidente de la mesa de contratación Jesús Polo negó el martes este extremo y aseguró que él votó en tercer lugar.
Con todo, Lorenzo Serena ha asegurado que no se sintió “presionado” por el por el director general de Obras Públicas durante el procedimiento de adjudicación. “A mí me vino y me explicó este contrato”, incidiendo en su importancia “por el importe, por la trascendencia social, porque había un riesgo de sanción, de cierre”. “Yo no me sentí presionado”.
Sí que ha lamentado que tras haber denunciado antre la OANA la adjudicación de las obras “sufrió represalias” al ser trasladado a una nave industrial en el polígono de Landaben en la que no podía “hacer nada” y que todo el proceso le ha afectado a su salud.
“Espero que el procedimiento siga su curso. El Gobierno es una estructura piramidal, hay un principio de jerarquía. Si consideras que alguien ha obrado mal, un caponcito al menos deberías dar. Más que nada no por mí, que a mí me da lo mismo, lo digo porque, ¿qué compañeros míos van a ir a la OANA a manifestar cualquier sospecha de mala praxis, como nos pide el Gobierno? Si a una que va le mandan a Landaben... La Oficina tiene también una función de pedagogía y educación”, ha señalado.
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