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El PSN y sus socios impulsan una comisión de investigación de las obras adjudicadas en Navarra a la empresa de Cerdán

La presidenta de Navarra, Mría Chivite, este jueves en el Parlamento.

Rodrigo Saiz

Pamplona —
19 de junio de 2025 18:32 h

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Los tres socios del Gobierno de María Chivite en Navarra, PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) han registrado en la tarde de este jueves una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre todos los contratos adjudicados por el Ejecutivo navarro a las empresas Acciona y Servinabar 2000, esta última propiedad al 45% del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Este periódico ha contabilizado siete adjudicaciones de áreas controladas por los tres partidos a la empresa de Cerdán. En total suman 86 millones de euros (con IVA 104 millones) principalmente en UTE con Acciona, de los que un 10% corresponden a esta compañía, 8,6 millones.

La solicitud se votará el próximo jueves en el Parlamento de Navarra y saldrá adelante por contar con los votos de la mayoría parlamentaria. Además, UPN, que había solicitado una comisión de investigación sobre la obra más controvertida de todas las adjudicadas a Servinabar, la de duplicación de los túneles de Belate, se ha mostrado favorable a ampliar la investigación al resto de contratos. Los trabajos para la puesta en marcha de la comisión comenzarán este mismo verano.

En concreto la comisión investigará todas las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra “o financiadas por este”, en el periodo comprendido “en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias, tanto a personas físicas como jurídicas” señaladas en la causa que investiga el Tribunal Supremo por la presunta trama de cobro de comisiones por parte de Santos Cerdán, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos en la adjudicación de obra pública.

“La información que hemos conocido en los últimos días, que involucra a representantes políticos y empresariales en una trama de corrupción en distintos procesos de adjudicación de obras públicas, constituye un elemento de enorme preocupación que erosiona la confianza en las instituciones antes mencionadas, y que, por tanto, nos interpela a reaccionar”, destacan los cuatro grupos firmantes de la solicitud.

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