El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien ha presidido la reunión de este órgano consultivo, ha destacado el doble derecho que regulará esta nueva norma, por un lado el derecho a la inclusión sociolaboral y por otro el derecho a recibir una renta garantizada.
Durante su exposición ha expuesto también los principales objetivos, que son promover el acceso al empleo y la lucha contra la pobreza infantil y de las personas mayores, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.
Otros cambios respecto al sistema vigente son la mejora de las cuantías a percibir, especialmente en las familias con menores a su cargo, que podrán llegar hasta los 1.200 euros mensuales; la extensión de esta prestación a las personas mayores de 65 años; la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda; o la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 30 meses si persiste la situación de necesidad.
Asimismo, el vicepresidente Laparra ha relatado el proceso de participación social llevado a cabo para elaborar el mencionado anteproyecto de ley foral.
En este sentido, ha afirmado que se han aceptado todas las aportaciones ciudadanas y de entidades sociales referidas a cuestiones técnicas y a otros aspectos como las actualizaciones periódicas de los planes de inclusión personales que se elaboren o la rebaja de los requisitos para que puedan acceder a la renta garantizada las unidades familiares encabezadas por personas con edades entre 18 y 24 años.
Asimismo, se han precisado las revisiones que realizará el Gobierno de Navarra, que no se enfocarán en restringir los derechos sino en velar porque las personas beneficiarias cumplan los correspondientes requisitos.