Vox quiere procesar también a la presidenta de Navarra, María Chivite, en la causa que se investiga en el Tribunal Supremo por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública por parte del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García. La formación de extrema derecha ha presentado una querella contra Chivite por las adjudicaciones del Gobierno foral a la empresa Servinabar 2000, propiedad de Antxon Alonso y, según el documento privado encontrado por la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.
El escrito, firmado por la coordinadora Nacional Jurídico de Vox, Marta Castro, se centra en la concesión administrativa y obra de la Mina Muga (Sangüesa); la adecuación de los lotes 4 y 5 del Pabellón Navarra Arena (Pamplona); la concesión de contrato de derribos y adecuación en la Plaza de los Fueros en Milagro; y otros contratos que, según el partido de Santiago Abascal, “se habrían visto inflados en precio para asegurar las comisiones ilegales”.
En una nota de prensa Vox explica que Chivite, como presidenta de Navarra, es “responsable última, orgánicamente, de las licitaciones y adjudicaciones” del Ejecutivo foral. Además de la presidenta navarra, Vox también se ha querellado contra Cerdán, Ábalos, García, así como Fernando Agustín Merino, exdirector del departamento de Navarra de Acciona; Pedro López Vera, director general de Obras Públicas; Jesús Polo Soria, presidente de la Mesa de contratación; y los funcionarios, “por el momento desconocidos”, que hayan participado en la licitación y adjudicación de los contratos objeto de la querella por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
Según Vox “existía un sistema de retribución perfectamente estudiado, repartiéndose las comisiones ilegales”. “En las conversaciones grabadas y recogidas por la UCO se describen pagos mensuales a Koldo García por parte de empresarios a cambio de asegurar la influencia en adjudicaciones de contratos públicos. Y es que Koldo García desempeñaba un papel central, pues tenía funciones operativas, logísticos, de enlace político y de aseguramiento de influencia en los estadios políticos”.
Marta Castro ha solicitado la declaración de los querellados en condición de investigados, así como que se ofrezca la declaración voluntaria a Chivite; declaración en condición de testigo a Joseba Antxón Alonso Egurrola y Lorenzo Serena Puig. Pide, además, que se libre requerimiento al Gobierno de Navarra para que de que aporte los expedientes completos de licitación y adjudicación de los contratos referidos en la querella.
También ha pedido “que se oficie a la UCO para que averigüe y detalle los funcionarios públicos que intervienen en los expedientes referidos en el escrito e incorpore los documentos que acredite su intervención en los mismos, analizando sus resultados”. Y, por último, que realice la comprobación patrimonial de las personas querelladas, sus cónyuges y familiares; y la participación de las mismas en sociedades de capital, acordando habilitarles para obtener información de registros, bancos y cuantas entidades consideren oportunas para tal finalidad.