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El TSJC exime al consejero de Industria de un delito de prevaricación por la tramitación eólica en Cantabria

Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.

Laro García

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha archivado la querella contra el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín (PRC), que presentó la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria por un supuesto delito de prevaricación y contra el medio ambiente, relativo a la tramitación de los parques eólicos en la comunidad autónoma.

En los razonamientos jurídicos del acuerdo, el órgano competente al existir un aforado entre los acusados estima que la ausencia de decisión sobre los parques eólicos adoptada por Martín, al limitarse exclusivamente a la tramitación de los proyectos eólicos, “impiden la aplicación del tipo penal de prevaricación”, añadiendo que “la Administración tiene la obligación de tramitar toda solicitud antes de resolver de forma expresa”.

El TSJC considera que para que exista un delito de prevaricación es necesario “una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo”, “que sea contraria a derecho”, “que la acción sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnica-jurídica mínimamente razonable”, “que ocasione un resultado materialmente injusto” y “que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad en contra del derecho”.

En la resolución del TSJC también se señala que la legalidad o no de la tramitación a la que hace referencia la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria “no está vinculada por los previos pronunciamientos judiciales” y añade que la propia documentación aportada, junto con la querella, pone de manifiesto que la Consejería, de la que es responsable Martín, “cumplió con la obligación de tramitar las solicitudes, remitiéndolas a la Dirección General de Medio Ambiente, sin que se haya dictado resolución autorizando los parques”.

El razonamiento jurídico que ha archivado la denuncia también señala que “en el presente caso, no se dice en la querella qué informes ha emitido el aforado que pudiera cumplir el tipo del precepto legal, por lo que ninguna conducta reprochable penalmente puede ser imputada a la persona aforada en relación con los delitos que se han analizado”.

“Corrupción pura y dura”

Y es que el desarrollo de la energía eólica y la tramitación administrativa de los nuevos parques en la zona sur de Cantabria sigue atascada casi una década después de que se dieran los primeros pasos, con denuncias cruzadas e intervenciones judiciales que han parado prácticamente todos los proyectos antes de comenzar.

Estas gestiones provocaron la denuncia contra varios altos cargos y responsables políticos por supuesta prevaricación y varios delitos urbanísticos y medioambientales por parte de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que presentaron una querella criminal contra el consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín (PRC); el director general del área, Raúl Pelayo (PRC); el alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto (PP), y el secretario municipal, Alfredo Fernández.

“No son simples errores administrativos, estamos hablando de actuaciones ilegales, de actitudes mafiosas y de corrupción pura y dura”, aseguró durante la presentación de la querella Fernando Merodio, el abogado de los denunciantes, que consideró además que todo el Consejo de Gobierno de Cantabria es “cómplice” y censuró la “colaboración imprescindible” de los ayuntamientos afectados por el desarrollo eólico.

Francisco Martín, uno de los señalados, aseguró en declaraciones a eldiario.es estar “tranquilo” pese a las acusaciones que ponían en cuestión su labor en la tramitación eólica. “Respeto el derecho de cualquier colectivo a presentar las demandas que considere oportunas, respeto a la Justicia y a sus procedimientos y quiero mostrar la mayor tranquilidad ante las actuaciones que se han llevado a cabo desde la Consejería”, aseguró el responsable de Industria tras analizar los argumentos de la plataforma para presentar la querella que lo situaba en el centro de la diana.

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