El pasado miércoles 30 de marzo, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, presentó en el Parlamento un borrador de Plan de Gestión del Lobo, que supone un paso en la buena dirección para la conservación de este magnífico predador. El Plan prevé prohibir la caza del lobo, excluyéndolo de la lista de especies cinegéticas. De seguir adelante el borrador presentado, la caza del lobo podrá ser sancionada con hasta 10.000 euros. Casualidad o no, tan solo dos semanas después del anuncio de dicho Plan, la prensa cántabra se hacía eco de una serie de ataques al ganado, supuestamente protagonizados por lobos y que coparon portadas y hojas de periódico durante varios días seguidos.
En algunas de las noticias incluso se insinuaba que algunos pueblos de Cantabria vivían poco menos que asediados por los lobos. Curiosamente, en ninguna de estas noticias se daban datos sobre la población real de lobo en Cantabria o el impacto proporcional de dichos daños sobre el conjunto de la actividad ganadera, una ausencia que contribuyó a incrementar el ya de por sí tono alarmista de las noticias. La publicación de estos “ataques” se produjo además en un contexto de crispación entre algunos sectores rurales, como muestran la aparición de unas lamentables pintadas amenazantes en zonas de Cantabria con frases como: “Lobo Si, Monte Tostado”.
Este panorama parecería confirmar las tesis del diputado del PP Luis Carlos Albalá, quien durante la comparecencia del consejero llegó a afirmar que el lobo había sufrido en Cantabria una “explosión demográfica”, en una línea similar a la recogida días después en la prensa. Ante todo este alarmismo y ante la aparición de reacciones desmedidas y condenables, conviene en mi opinión aportar la cordura que dan los datos.
Según el último censo realizado, en nuestra comunidad autónoma residen en la actualidad doce manadas de lobo, de las cuales tan solo cinco lo hacen de forma permanente en Cantabria. Las otras siete mantienen territorios que entran parcialmente en Cantabria, pero también en comunidades limítrofes como Asturias, Castilla-León o el País Vasco. Este número supone una relativa mejora frente a pasados censos, en los que se cuantificó en tres (1988) y cinco (1997) el número de manadas, pero en absoluto pueden considerarse como veremos a continuación, números alarmantes.
Teniendo en cuenta que los expertos suelen considerar que el número medio de lobos por manada se sitúa entre cinco y seis, en Cantabria campean entre sesenta y setenta ejemplares, de los cuales más de la mitad comparten territorio con comunidades vecinas. Probablemente en la actualidad hay en Cantabria más altos cargos en empresas públicas que lobos, y sin lugar a duda suponen un coste mayor para las arcas públicas, aunque desgraciadamente protagonizan menos portadas de periódico.
Lo reducido del número de lobos en Cantabria es aún más evidente cuando se compara con el número de manadas presentes en comunidades vecinas como Asturias, con treinta y siete (alrededor de doscientos lobos), o Castilla-León, con ciento setenta y nueve manadas (entorno a mil lobos). Ante estos números, hablar de una explosión demográfica en Cantabria es ridículo, a no ser que lo que se persiga sea justificar ciertas prácticas, como la caza deportiva de este precioso cánido defendida ya solo por unos poco lobbies regionales cercanos al PP. En este sentido, conviene recordar que recientes trabajos científicos han alertado sobre los efectos contraproducentes de desestructurar las manadas, que lejos de reducir los ataques, pueden producir el efecto contrario. Es decir, que la caza aleatoria de ejemplares de lobo, lejos de reducir los ataques, pueden aumentarlos, al reducir la capacidad predadora de la manada, obligando al grupo a atacar presas de oportunidad (ganado).
El lobo, por lo tanto, no solo no es un problema para Cantabria sino que es un tesoro natural del que todos sin excepción deberíamos sentirnos orgullosos. Probablemente aún es pronto para desarrollar en Cantabria un turismo específico de avistamiento de lobo similar a iniciativas que ya se desarrollan con gran éxito en otras zonas de España con mayor densidad lobera (como la Sierra de la Culebra), pero es innegable que la mera presencia del cánido produce otro tipo de beneficios directos e indirectos igualmente importantes.
La presencia de un predador apical como el lobo en nuestros ecosistemas tiene un evidente beneficio ecológico, al controlar las poblaciones de las presas de las que se alimenta y controlar la proliferación de enfermedades en las mismas mediante la eliminación de los ejemplares más débiles. Además, la presencia de grandes carnívoros como el lobo y el oso es un indudable reclamo publicitario para el desarrollo de iniciativas de turismo rural y de naturaleza que junto con el desarrollo de iniciativas de promoción de nuestros espacios naturales poseen un potencial enorme e inexplorado para la atracción de turistas nacionales y extranjeros.
Este tipo de beneficios debe revertir en las poblaciones locales que conviven (y en ocasiones sufren) junto a estos magníficos animales. En este sentido, es absolutamente necesario que los daños ocasionados por el lobo sean pagados de manera inmediata y con un precio justo. La presencia del lobo es un bien del que disfrutamos todos y a todos nos debe tocar pagar por hacerlo. Dicho esto, independientemente de la relación coste/beneficio y de las últimas ocurrencias a este respecto del Gobierno nacional del PP, es importante recordar que la conservación del lobo no está abierta a debate.
La preservación de poblaciones saludables de lobo es una obligación establecida en las directivas europeas y de obligado cumplimiento para todos los estado miembros. Por ello es necesario seguir trabajando, con una visión a medio y largo plazo en la conectividad de las poblaciones de lobo y en su extensión desde los territorios ya ocupados a otras zonas limítrofes. Las comunidades vecinas a zonas loberas pero que aún no tienen poblaciones estables deben asumir su responsabilidad y de una vez por todas detener la eliminación sistemática de cualquier lobo que entre en su territorio, trabajando para permitir su expansión y favorecer la conectividad.
Son necesario proyectos ambiciosos de largo recorrido, que huyan del cortoplacismo y que contemplen la conectividad entre las distintas poblaciones, a nivel autonómico, nacional e incluso europeo. Es necesario mucho más trabajo con las poblaciones rurales de las zonas limítrofes para que adapten sus usos ganaderos a la presencia del lobo, para disminuir en la medida de lo posible interacciones indeseadas. En definitiva, queda mucho por hacer, pero todo merece la pena si es en defensa del lobo.
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