Los chalés de lujo de la Calleja Norte de Santander vuelven a ser ilegales

La urbanización de lujo ubicada en la Calleja Norte de Santander, en El Sardinero, vuelve a ser ilegal. Se trata de una de las muchas consecuencias que tiene el fallo judicial dictaminado el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo, que dejó sin validez el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a raíz de una denuncia presentada por la asociación ecologista Arca.

La urbanización de la Calleja Norte está compuesta por diez chalés de alto standing -actualmente hay uno en venta por 695.000 euros-. Fue construida en 1990 y denunciada pocos meses después por una comunidad de vecinos anexa -Joaquín Costa 17 y 23-.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falló en 1992 a favor de los denunciantes y anuló el permiso de obra concedido en 1988 por el Ayuntamiento de Santander. Así, la Sala ordenó el derribo de los diez chalés al haber quedado demostrado que superaban la volumetría permitida y que no era posible legalizar su situación.

Sin embargo, la urbanización nunca ha llegado a demolerse. Principalmente, por los sucesivos recursos judiciales presentados por sus propietarios, que recurrieron una y otra vez todas las sentencias condenatorias. De este modo, durante un cuarto de siglo la construcción ha permanecido en el limbo jurídico, hasta que en el año 2013 el equipo de Gobierno del PP la legalizó amparándose en el nuevo planeamiento urbanístico aprobado un año antes.

Ahora, tras la anulación de ese Plan General, aquella legalización ha dejado de tener efecto. La sentencia del Supremo retrotrae el urbanismo de Santander al Plan General anterior -al de 1997- y, en consecuencia, la urbanización vuelve a estar fuera de ordenación. ¿Quiere decir esto que se vaya a derribar? No, si nadie reclama una ejecución de la sentencia.

¿Cómo se hizo aquella legalización? El Plan General de 2012 calificó los terrenos como 'zona de mantenimiento', lo que permitía construir incluso más viviendas que las actuales, aunque con algunas restricciones dadas la estrechez y la fuerte pendiente de la calle, que además acaba en fondo de saco -sin salida-.

Un largo proceso judicial

La urbanización de la Calleja Norte ha estado 25 años en los tribunales. La Justicia de Cantabria la declaró ilegal por primera vez en 1992, y dicha sentencia fue ratificada seis años más tarde, en 1998, por el Supremo y en 2002 por el Tribunal Constitucional.

Ninguna de las tres sentencias se cumplió porque en ese periodo el Ayuntamiento de Santander aprobó un nuevo Plan General -el de 1997- y presentó un proyecto para tratar de salvar de la piqueta a ocho de los diez chalés.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no aceptó la propuesta y los propietarios volvieron a recurrir al Supremo, que esta vez sí les dio la razón. En 2010, aceptó derribar tan solo dos chalés y retranquear el resto para adecuarse así a la volumetría permitida.

Para ejecutar la solución urbanística acordada se concedió a la comunidad de vecinos un plazo de tres años -hasta abril de 2013-, pero tampoco entonces los chalés llegaron a demolerse. Ante la desobediencia de los propietarios, la Justicia requirió al Ayuntamiento, como parte también demandada, que ejecutara la sentencia.

Pero la administración municipal tampoco lo hizo. Justo el día antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ordenara a través de una providencia el derribo, el equipo de Gobierno aprobó una nueva licencia de obra que esta vez legalizaba por completo la urbanización.

Lo hacía a través de una resolución de Alcaldía, delegada en el concejal de Obras, César Díaz, que se fundamentaba en el Plan General de 2012, el que acaba de ser anulado.

Legalización “a la carta”

Aquella legalización fue motivo de una fuerte controversia entre los populares y el Grupo Municipal Socialista. La entonces portavoz del PSOE, Judith Pérez Ezquerra, acusó al exalcalde y ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de llevar a cabo una “legalización a la carta” y contrapuso la benevolencia de los populares con la urbanización de la Calleja Norte frente a la reiterada negativa a dispensar el mismo trato al edificio incendiado de Tetuán, también fuera de ordenación.

Para Pérez Ezquerra, la legalización de la urbanización fue “un escándalo mayúsculo” que puso de manifiesto que “con el PP, en Santander hay ciudadanos de primera y de segunda”. Además, también denunció que parte del expediente había desaparecido de los registros municipales.

Por su parte, los populares alegaron que siempre actuaron “con todos los informes técnicos y administrativos favorables” y, en este sentido, afirmaron que su actuación fue “impecable”. Por todo ello, consideraron que las declaraciones de los socialistas fueron un “ataque injustificado”.

Muchas incógnitas

Aunque el concejal de Obras e Infraestructuras, César Díaz, ofreció el pasado mes de enero una rueda de prensa para arrojar algo de luz sobre la sentencia del Tribunal Supremo, las consecuencias de la anulación del Plan General son, en muchos casos, casi impredecibles. Son cientos los proyectos, planes, estudios y todo tipo de iniciativas urbanísticas las que se ven afectados de una u otra forma por el fallo judicial.