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Información y políticas microsociales (EB-Gazteak)

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en la actualidad en nuestro país, y goza de una amplia aceptación social. Ésta situación, aunada a la facilidad  de acceso a las bebidas alcohólicas, ha contribuido notoriamente a la extensión de su con­sumo desde edades tempranas: en España la edad media de inicio en el consumo semanal de alcohol se sitúa en los 15,1 años, llegándose a convertir en un hábito regular en el 60% de menores de 18 años.

Los elevados precios de las bebidas en los bares y el clima cálido predominante en la península popularizó la organización esporádica de reuniones en la vía pública para consumir alcohol en un acto social entre los más jóvenes. Estas actividades generaron un cierto ambiente de malestar en distintas comunidades, especialmente debidas al ruido, desperfectos en el mobiliario urbano y suciedad, y en un acto de procurar erradicar éstas prácticas, el Ministerio del Interior propuso en 2002 la conocida como ley antibotellón, que prohibía el consumo en la calle y regulaba horarios de venta y promoción del alcohol. Sin embargo, nunca se llegó a aprobar, por lo que finalmente fueron las Comunidades Autónomas (como Madrid, País Vasco, Valencia…) quienes implantaron normas reguladoras en la misma dirección.

Una década después de las primeras medidas antibotellón es posible realizar algunas apreciaciones: Madrid no ha logrado erradicar el problema y el fenómeno ha comenzado a extenderse también a otros países de Europa.

Muchos expertos ya se habían mostrado escépticos ante ésta medida coercitiva, que lejos de disuadir pudiera incluso hacer crecer el atractivo que en los jóvenes ejerce todo aquello que se presenta como prohibido. En el mejor de los casos, tal vez la imposición de una 'ley seca' pudiese haber eliminado la costumbre de beber en las calles, pero en ningún caso hubiese tratado el problema raíz: el consumo imprudente de alcohol entre adolescentes. Políticamente se estaban centrando esfuerzos en maquillar una problemática de estética pública, en detrimento de paliar un verdadero problema de salud pública.

Además de su cuestionable efectividad, la adopción de leyes de prohibición de consumo de alcohol puede generar un conflicto de intereses constitucionales. Es por ende que deberíamos considerar la necesidad de adoptar estrategias de carácter global destinadas a evitar los problemas generados por el abuso de alcohol.

Al igual que se ha hecho con el tabaco son necesarias regulacio­nes contundentes tanto en el control de oferta de alcohol como en contra de la publicidad directa e indirecta que incitan a su consumo, y resultan imprescindibles las campañas de información sobre los riesgos para la salud derivados del consumo imprudente de alcohol.

La actual situación de crisis económica puede avivar ciertas conductas de riesgo para la salud de las personas. El botellón puede resultar una forma de ocio muy adaptada a las posibilidades económicas de la juventud, y resultaría razonable temer un despunte de su extensión en detrimento de otras alternativas económicamente menos accesibles.

Al igual que se ha hecho con el tabaco son necesarias regulacio­nes contundentes tanto en el control de oferta de alcohol como en contra de la publicidad directa e indirecta que incitan a su consumo, y resultan imprescindibles las campañas de información sobre los riesgos para la salud derivados del consumo imprudente de alcohol.

Pero más allá de nuevas medidas de coerción legal deberían considerarse intervenciones de tipo motivacional, unas medidas más difíciles y caras, pero con probados resultados a largo plazo. Establecer una relación empática que potencie el compromiso de la juventud en su cambio y procure hacerle partícipe en todo el proceso incrementa las probabilidades de éxito.

Ahora bien, la prevención del consumo de alcohol será más efectiva si, paralelamente a programas educativos específicos, se incide en los factores microsociales. Es necesario conocer la idiosincrasia de cada pequeña comunidad a la hora de elaborar estrategias destinadas a la eliminación de riesgos o malos hábitos para la salud comunitaria. En esta línea podría resultar positiva la creación de instrumentos de participación ciudadana dentro del ámbito municipal destinados a la realización de propuestas o estu­dios en relación a ello. Los Ayuntamientos deben adoptar la responsabilidad de elaborar alternativas sugerentes con que disuadir a sus jóvenes en el abandono de prácticas de riesgo.

El empoderamiento de la ciudadanía en la toma de responsabilidades que afectan a la salud de su comunidad y la voluntad política pueden considerarse un buen punto de partida para impulsar la responsabilidad juvenil y ciudadana en general.

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