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Cuando el Estado se alía con la violencia de género: el caso de Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una imagen de archivo.

Luisa Posada Kubissa

Doctora en Filosofía y profesora en la Universidad Complutense de Madrid —

Lo que está sucediendo en estos momentos en Rusia testimonia cómo las conquistas sociales y, en particular, las de las mujeres se cimentan sobre terrenos arenosos que pueden ser socavados de la noche a la mañana. A iniciativa de dos diputadas y de dos senadoras del partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, se está tramitando en el Parlamento un cambio legislativo terrorífico: se trata de que la agresión en el ámbito familiar y, en particular a la mujer, sale de la vía penal y sólo será objeto de una multa administrativa de 500 euros y 15 días de trabajos comunitarios. Solo si, en el plazo de un año, el agresor vuelve a maltratar a la mujer podrá procesársele por vía penal y, en este caso, la justicia no actuará de oficio, sino que la propia víctima debe acudir ella misma a los tribunales y reunir todas las pruebas del maltrato recibido.

Con esta reforma se pretende que la justicia no “invada” el ámbito doméstico, según declaraciones de Putin. De manera que, ya de entrada, la óptica que preside la propuesta es la de que la violencia de género es un acto privado, un asunto de la vida personal, que no compete regular y perseguir desde el ámbito político. También, como asunto individual se comprende la vía judicial que pueda emprender la propia víctima una vez haya sido objeto de agresión por segunda vez en el plazo de un año. Todo ello deja inermes a las víctimas frente al agresor y frente a la institución. La desprotección es así absoluta y, sobre todo, la medida es disuasoria para que las mujeres denuncien a sus maltratadores.

Dar vía libre a que una mujer pueda ser agredida siquiera una vez con total impunidad es ya de por sí una manifestación de la aberrante percepción de lo poco que vale una vida femenina. Pero pretender además que, si la víctima no se resigna y denuncia a su agresor una segunda vez, tiene que enfrentarse con sus solas fuerzas a toda la maquinaria judicial no es sino alargar el maltrato por vía institucional. Pretender incluso que esta denuncia sólo entre por la vía penal si se produce por segunda vez en el plazo de un año, permite suponer que el agresor estaría legitimado para ejercer su violencia impunemente una vez cada año por un módico precio.

Que pueda siquiera plantearse seriamente una modificación como esta no es, desde luego, un asunto nada trivial: testimonia la voluntad política de invisibilizar la violencia contra las mujeres y convertirla en una práctica “normalizada”. No estamos ante opiniones peregrinas de individuos particulares, que manifiestan sus despropósitos para negar la violencia de género o para minimizarla. No: estamos ante una decisión de Estado, que tiene traducción en la vida jurídica y en la responsabilidad política para dedicar recursos y esfuerzos a atajar la violencia contra las mujeres. Se pone todo el peso de la prueba sobre la mujer agredida, y no sobre el agresor, y es aquella la que tiene que demostrar que la agresión ha existido y hacerlo una vez que se ha repetido.

Si no fuera por la enorme trascendencia que tiene que, a estas alturas, pueda legislarse en este sentido, parecería que estamos ante un chiste de mal gusto. Pero lo cierto es que esta injuriosa iniciativa está en trámite en el Parlamento ruso y que esa contundente realidad nos tiene que poner en alerta. En alerta sobre lo fácil que resulta que se dé una reacción en las conquistas para las mujeres. En alerta sobre el imaginario político que sigue considerando la violencia de género como una práctica “normalizada” de la vida privada. En alerta sobre cómo se puede volver a dejar a las víctimas de violencia desamparadas y desprotegidas por las instituciones. En alerta, en fin, sobre las muchas formas en las que se traduce todavía hoy una desigualdad sexual en la que se cimenta no un delito, sino un “derecho de propiedad”: el tan ancestral imaginario de “la maté –o para el caso, la pegué– porque era mía”.

Salga adelante o no esta aberrante modificación de la ley en Rusia –que tiene visos de que sí–, el simple hecho de que se pueda ni siquiera proponer algo así trasciende las fronteras de ese país y tiene que causar una conmoción generalizada. Debería ser objeto de denuncia y de impugnación por los gobiernos europeos y los organismos internacionales. Porque ese rearme violento ataca de plano todas las políticas de igualdad y, cuando viene de un Estado y sus leyes, los convierte en cómplices de los crímenes de violencia contra las mujeres.

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