Ayuntamientos del cambio: ¿una gestión económica revolucionaria?
Sobrepasados los dos años de los nuevos gobiernos municipales, ya se tienen datos suficientes como para poder analizar los cambios de su gestión económica. Los ayuntamientos del cambio han contrapuesto una nueva teoría de gestión económica que parece mucho mejor a la vigente.
El Banco de España reconoce que en el tercer trimestre de 2015, el primero que se puede atribuir a Manuela Carmena, Madrid tenía una deuda de 5.583 millones euros. En el primer trimestre de este año, en cambio, la cifra era de 3.611 millones, lo que supone una diferencia de casi 2.000 millones de euros en un año y medio. En Cádiz se ha pasado de 213 millones —140% de los ingresos— a 160 millones. En municipios medios como Badalona o San Fernando ocurre igual. En algunos pequeños como Alpedrete (Madrid) no hay siquiera números rojos. Hay que mirar cada caso con rigor, pero con el mismo rigor se puede decir que es una tendencia general muy clara.
¿Cómo se ha conseguido? ¿Ha sido a partir de las teorías de Keynes, Stiglitz, Krugman o Piketty? No, ha sido aplicando la compleja teoría de los tres presupuestos, que se basa en pedir varios presupuestos reales —como indica la ley—, eliminar los gastos superfluos —que haya informes de necesidad— y pensar en lo mejor para los usuarios. Baste un ejemplo para explicarlo: el Ayuntamiento de Madrid acaba de adquirir uniformes y coches para sus seis mil policías. Los nuevos uniformes son de mayor calidad, hay más prendas y chalecos antibalas diferenciados para hombres y mujeres. El precio ha sido nueve millones de euros más barato que en la compra anterior realizada por el PP. Se trata de gestionar lo público como gestionas tu casa; no se te ocurriría robarte.
Frente a esta teoría se encuentra la de las “sobrerretribuciones”, que en realidad es la que ha llevado a Mariano Rajoy a declarar en la Audiencia Nacional. Entrar en las instituciones, especialmente en las que se gobierna, ha permitido conocer en profundidad las consecuencias de esta teoría. Inicialmente se percibían como “sobrecostes”, porque es lo que eran para una administración pública — la CNMC los cifraba en 2015 en nada menos que 48.000 millones de euros— , pero que una vez analizados en profundidad, realmente esconden un pago muy alto para la empresa adjudicataria —una “sobrerretribución”— que ésta a su vez devolvía en parte en B al partido, que lo dedica a sus gastos —elecciones, sobreretribuciones en sobres, sedes…— y en parte se pierde en las cuentas particulares de los que hacen de adjudicadores. El problema de este sistema no está sólo en la corrupción, sino en lo caro que sale a la administración. No es sólo que a alguien le paguen un viaje al caribe, sino la cantidad de dinero público invertido en acciones innecesarias o a precios “interesadamente” inflados para que se consiga ese viaje.
La aplicación de esta teoría de gestión económica tiene dos ramas: por un lado la de las contrataciones, que ha quedado explicada con el ejemplo de los uniformes de la policía municipal de Madrid, y por otro una segunda que tiene que ver con las infraestructuras y cuya característica fundamental es la de hacer contratos de entre 20 y 30 años que superan con mucho los periodos legislativos, y con importantes sobrerretribuciones. Valga como ejemplo la construcción de siete hospitales por el modelo hipoteca que hizo Esperanza Aguirre con un coste real de 660 millones, que acabarán siendo 3.500 millones de euros. No hablamos del pasado, sino del presente y del futuro, ya que quedan por pagar todavía 20 años. Este sistema es similar en autopistas (M30 o M45 en Madrid), hospitales o sistemas de transporte como el metro de todo el país.
La comparación entre las consecuencias de la aplicación de ambas teorías de gestión inclina la balanza en términos económicos y aflora una paradoja. La reducción de la deuda pública de los ayuntamientos del cambio es compatible con el aumento del gasto real que se ha producido en cultura, gasto social o limpieza. Sin embargo, la aparente austeridad en las administraciones del PP se traduce en un aumento de la deuda. Esto es generalizable a todas las administraciones, no sólo las municipales. Es muy significativa la comparativa entre el Ayuntamiento de Madrid de Carmena, que reduce la deuda en 2.000 millones en dos años aumentando los gastos reales, y la Comunidad de Madrid de Cifuentes, que en el mismo tiempo aumenta la deuda en 4.500 millones mientras se le caen los techos de los hospitales o desatiende las residencias de mayores. Para evitar que comparemos, el PP ha decido mantener la Ley Montoro, que en este momento tiene la clara función política de no dejar gestionar a los municipios que lo están haciendo bien.
La comparación deja además consecuencias políticas. El PP consiguió instalar dos ideas en la esfera pública: el eje izquierda-derecha se traducía en utopía-gestión. Parecía dar igual lo mal que manejasen la administración o el nivel de despilfarro y de corrupción que conseguía mantener la aureola de la gestión. La cuestión es cuando la política cambia de dirección y el eje es abajo-arriba, entonces la esfera política se altera y la sociedad percibe nuevas posibilidades; es decir, que hay una alternativa mejor y más confiable. El PP ya cargaba con su falta de sensibilidad social —genera desigualdad—, con la corrupción sistémica —poca ética— y con la falta de ideas para generar empleo. Si además ha perdido la “gestión”, ¿qué le queda? Apenas nada, precisamente en el momento en el que más necesita aferrarse al poder para que no se abran los cajones, que no se destape lo que ha pasado. Y en eso anda.
Habrá que estar atentos a los próximos movimientos del Gobierno en infraestructuras, porque el rescate de las radiales —que serán reprivatizadas—, las nuevas autopistas —en colaboración público/privada— o la compra de trenes van a suponer más de 10.000 millones de euros que pueden hacerse bajo la teoría de las sobrerretribuciones. El propio Ministro de la Serna decía en una entrevista hace unos días que “se va a hacer con unas condiciones y con un rigor y una transparencia absoluta para que haya el mayor grado de control que evite que esa situación se vuelva a producir...”, reconociendo así que ya se había producido.
Habrá que estar atentos a la evolución de la gestión de los ayuntamientos del cambio. Se acercan las elecciones de 2019. Se están poniendo ideas sobre la nueva forma de gobernar y gestionar. De seguir esta tendencia los gobiernos municipales que se ganen para el cambio —y los autonómicos—, para entonces ya no serán “nuevos”, serán “buenos”.
