El campo no es un experimento ultra

La semana pasada hablé, en Madrid, con un ganadero de la Serena. Me preguntó algo muy sencillo: “¿Qué va a pasar ahora?”. No usó términos técnicos. No habló de la PAC ni de desarrollo rural ni de cofinanciación europea ni de protocolos. Pero sabía exactamente lo que estaba en juego. Y yo también.

Esta semana, la ultraderecha ha tomado la Consejería de Agricultura de Extremadura y, próximamente, según lo anunciado, también lo hará con la de Aragón. Dos de las regiones con mayor peso agroalimentario de España. Dos despachos desde los que se decide qué pasa con el agua, con los regadíos, con los y las profesionales agrarios, con las mujeres rurales, con el futuro de miles de familias que viven de la tierra.

Yo estuve ocho años en uno de esos despachos. Y ahora van a ver lo que es gestionar el campo de verdad.

Las sequías que no se anuncian. Los incendios que no tienen temporadas. Los agricultores que llaman un domingo a las siete de la mañana porque lo han perdido todo por la emergencia climática. La agricultora que sostiene su explotación con menos agua cada año y sigue. El sector tabaquero del norte de Cáceres, denostado durante décadas, del que viven treinta mil familias directa o indirectamente, y que necesita políticas valientes, no ideología.

Eso no se gestiona con relatos. Se gestiona con conocimiento, con trabajo y con la gente del sector al lado.

Esta semana, además, la presidenta de Extremadura me ha mencionado en su discurso de investidura. Me alegra que lo haga, porque así podemos hablar con documentos y no con relatos. Tierra de Barros era el proyecto de regadío más importante de la historia de Extremadura. Un nuevo regadío, es decir: construir de cero, tubería a tubería, la infraestructura de toda una comarca. Era ambicioso, trabajamos durante años y lo dejamos listo para licitarse. Fueron ellos quienes pararon las expropiaciones, eliminaron los fondos empleándolos en otras actuaciones y dinamitaron el proyecto. Los documentos existen. Y, si fuera necesario, los volveremos a poner encima de la mesa. No hay nada que esconder y nos encantará mostrarlos.

Pero esto no es la respuesta a un ataque. Quiero hablar de algo más importante.

El campo español no es un experimento ideológico ultra. Es el sustento de millones de familias. Es la razón por la que los supermercados y las neveras de todo el país están llenas. Es la posibilidad de que la ciudadanía española coma, sencillamente. Es el motivo por el que España es el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea. Es el país con mayor renta agraria de Europa según Eurostat. Y todo eso merece gestores que lo conozcan, no activistas que lo manoseen.

Esta semana el Gobierno de España ha abierto el proceso de regularización extraordinaria de trabajadores migrantes. Es, entre muchas cosas, una solución para la falta de mano de obra que ahoga al campo. Sin trabajadores no hay producción. Sin producción no hay sector. Sin sector agroalimentario no hay España. Rural o urbana.

Y al mismo tiempo, los pactos de gobierno firmados en Extremadura y en Aragón incluyen medidas para expulsar o dejar al margen a esa misma mano de obra. Que alguien me explique cómo se gestiona el campo español con esas dos ideas al mismo tiempo. Yo no sé hacerlo. Y creo que ellos tampoco.

Porque el campo no entiende de banderas ni de proclamas. El campo entiende de agua, de suelo y de gente que lo trabaja. Entiende de políticas públicas que lleguen a tiempo y de gestores que estén cuando hace falta, no solo cuando hay cámaras.

Extremadura necesita en su consejería de Agricultura a personas que no tengan que buscar el mapa cuando hablan del Jerte o de la Vera. Igual en Aragón y las comunidades autónomas que vendrán, estoy convencida, como Castilla y León. Que no apliquen políticas diseñadas en oficinas de Madrid sin ponerse las botas. Que entiendan lo que está en juego cuando se negocia un regadío; cuando se diseña una ayuda para el relevo generacional; cuando hay que defender, aquí y en Europa, que nuestro modelo de campo familiar y sostenible no es el pasado: es el futuro.

España está en un momento en que se decide qué modelo de país queremos. Uno que apuesta por la cohesión territorial, por la soberanía alimentaria, por las mujeres rurales, por los jóvenes que quieren quedarse en sus pueblos. O uno que usa el campo como escenario de una batalla cultural que no tiene nada que ver con la realidad de quienes lo trabajan.

El campo español no es ese lugar nostálgico, en blanco y negro, que algunos intentan pintar. Es espacio de innovación, de digitalización, de inteligencia artificial aplicada al riego y a la gestión de plagas. Es el lugar donde conviven las raíces y la ciencia, la tradición y el futuro. Es el lugar donde se produce lo que España come, lo que Europa exporta y lo que el mundo necesita. Es el principal embajador de la Marca España.

Y es, sobre todo, el lugar donde vive gente real, con proyectos reales, que merece políticas reales. No experimentos.

La España rural no es el margen. Es la raíz. Y sin raíz, no hay nación (o patria, si así lo entienden mejor) que crezca.