Sin derecho a la vida no hay derecho al trabajo

Responsable de Salud Laboral Sector Ferroviario de CCOO
Trabajadores de Metro de Madrid piden justicia por los afectados por el amianto, en junio de 2021. EFE/Juan Carlos Hidalgo

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Escribo estas palabras desde el dolor profundo y la rabia contenida. Y lo hago con ese sentimiento, porque sé mucho, tal vez demasiado -entre lo que sé y lo que intuyo-, de las cosas que han sucedido en torno a la muerte del compañero Luis Gómez. Al que no tuve el gusto de conocer, pero del que puedo imaginar tantas cosas, y del que me siento tan hermanado en la clase y en el oficio ferroviario.

Tanto, que casi puedo imaginar su proyecto de vida, con escasos años, con la ilusión de la juventud, cuando muchos elegíamos ser ferroviarios a través de los batallones de militares en prácticas. Leo en el final de un artículo, cómo se describe a Luis Gómez, y como su propia hija lo retrata: Madrileño de Usera, Luis había ingresado en el suburbano cuando aún estaba haciendo la mili y nunca tuvo otro empleo. “Mi padre entró siendo maquinista y a los dos años pasó a jefe de estación. Ha prestado servicio en muchas estaciones en las que se estaban acometiendo obras, sin ningún tipo de protección, y en muchas de ellas se ha encontrado amianto”, señala Verónica.”  

Me encuentro generacionalmente muy cerca de Luis Gómez. Me encuentro con coincidencias profesionales. Hasta con una descripción física similar. Con los anhelos y proyectos vitales que, aunque desconocidos, seguro que tenían el nexo de unión del ferrocarril, y los deseos de disfrutar la vida cuando uno se jubila.

Y todo eso, se truncó, se evaporó, se esfumó.

Por la negligencia homicida de algunos, se acabó con la vida de Luis, y otros once compañeros más, de Metro Madrid, con causa demostrada; más tantos otros (muchos más seguramente) de causalidad no demostrada…

Vuelvo a leer en la reseña: Verónica Gómez no olvidará nunca la fecha del 15 de junio de 2021. No porque fuera su 37 cumpleaños, sino porque recibió la peor noticia de su vida. El resultado del TAC que le acababan de hacer a su padre, Luis Gómez, de 64 años, un jefe de estación de Metro prejubilado, era demoledor: un cáncer de pulmón en estadio 4 con metástasis. En cuestión de tres meses adelgazó 30 kg y su altura se redujo de 1,85 a 1,60 por la deformación que el tumor provocó en su espalda”. 

Y me pongo en la piel de esa hija, de esa familia, para recordar cómo el peor día de mi vida, y la peor noche, fueron cuando supe que mi padre se moriría en escasos tres meses, como así sucedió. Y eso que, en mi caso, no sumaba a la tragedia, el dato de una enfermedad profesional tan injusta, como que se podría haber evitado.

Y esa familia, sigue en mi mente desde el sábado que conocí la muerte de Luis, como el ejemplo lamentable de que el miedo, la tristeza, el dolor y la rabia, nunca deberían ser el producto de un trabajo en el que una persona se gana honradamente la vida. Pero la realidad es que la familia está destrozada y muy preocupada porque casi todos sus miembros son o han sido empleados de la compañía, incluida Pilar, mujer de Luis y sus dos hijas, Verónica y Gema, y sus yernos. ”Somos un montón y a ninguno nos advirtieron nunca de la necesidad de protegernos del amianto ni nos facilitaron ningún tipo de protección. Ahora nos encontramos con pegatinas de advertencia por todos lados. Imagínate“.

Es tremendo pensar que un veneno conocido desde muy antiguo; con antecedentes legislativos claros sobre su peligro desde principios del siglo XX y con una prohibición absoluta desde finales del mismo, sea capaz de seguir causando tanto dolor en el año 2022, bien entrado el siglo XXI, por mor de gestores inhumanos y sicopáticos.

Es más tremendo aún el dato concreto. Pensar que en 2003, un grupo de directivos de Metro Madrid, conocedores de sus obligaciones legales derivadas de la “Encuesta sobre amianto en Metro Madrid, dirigida por el Grupo de Trabajo de amianto de la Comisión Nacional del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (INSHT), decidiera, en lugar de actuar protegiendo a las personas, como sí hicieron otras empresas en aquellos tiempos, arrumbar ese informe en un cajón, arriesgando la vida de las personas trabajadoras y desperdigando gotas de muerte, desde sus manos sucias de desprecio a la clase trabajadora y cargadas de dolor innecesario.

Me cuesta tener que creer tanta crueldad. Pero tampoco puedo creer en tanta ignorancia. Y ahora no hablo de intuiciones sino de datos sabidos. Porque yo era técnico de personal, compartiendo responsabilidades en materia de salud laboral, en una empresa pública, con riesgos iguales, que, en esos mismo años, y a la vista de la encuestas similares, tomaba medidas para proteger a las personas trabajadoras, frente a los potenciales daños derivados de la manipulación del amianto. Años más tarde, fui directivo de esa misma empresa, que siguió, ante cada nuevo hallazgo, tomando medidas para proteger a sus personas trabajadoras.

Y mientras todo eso sucedía en otras empresas, la cúpula directiva de Metro Madrid, miraba para otro lado, silbaba, mientras empujaba, con sus silbidos, las fibras de amianto dentro de los pulmones de sus empleados. Indecente, cruel, delictiva, homicida, bastarda… Se acaban los calificativos para definir esas conductas.

No seré yo quien sustituya el dictamen judicial final que aprecie imprudencia o dolo, en cada caso de enfermedad profesional y muerte por amianto en Metro Madrid. No es mi competencia. Pero sí lo es expresar mi opinión, mi dolor y mi indignación, a la luz de mi experiencia profesional en la prevención de riesgos laborales a la que llevo años dedicado.

Sé que se están empleando estratagemas y artimañas indecentes; empresariales y procesales. Por eso me resulta especialmente dolorosa esta reflexión. Porque no es de recibo, en casos acreditados con informes médicos de instituciones públicas, seguir empleando artimañas dilatorias y negacionistas para aumentar el sufrimiento de las víctimas y sus familias ¡y hacerlo con dinero público!

Tuve excelentes profesores de Derecho en la facultad en la que estudié. Profesores que alimentaban y fomentaban el pensamiento crítico. Que enseñaban perfectamente cuál era el principal miedo que el derecho positivo, podía llegar a significar frente al derecho natural, y alimentaban la necesidad de la ética en la interpretación y aplicación del derecho. Que enseñaban cómo la legislación administrativa (proveniente del franquismo sociológicamente vivo), había puesto fiel empeño en separar responsabilidades políticas de administrativas, para que ningún cargo electo respondiera por su mala gestión en sede judicial, y se diluyera sólo en la responsabilidad política. Esa teórica garantía de independencia (como lo fueron históricamente la inmunidad, o la inviolabilidad), se ha ido convirtiendo -como corruptela tolerada socialmente-, en la absoluta impunidad del político, escurriendo el bulto hacia los funcionarios, o empleados públicos que ejecutan sus decisiones.

La tragedia del amianto en Metro Madrid es un ejemplo de libro de lo que trato de expresar. Respondan, si no, a la siguientes cuestiones: Si desde la famosa encuesta del INSHT, las cúpulas directivas (nombradas por los gobiernos de turno en los siguientes 20 años), no tomaron medidas para proteger a las personas afectadas por el amianto en el trabajo cotidiano, ¿cómo es posible que ninguno de ellos esté imputado?¿Cómo es posible que sólo se impute al staff técnico del servicio de prevención?, que es un ¡órgano asesor!, cuyo cometido no pasa de asesorar, proponer la política preventiva y vigilarla, bajo las órdenes ejecutivas del personal directivo de la compañía. Y, aun asumiendo también su imputación por una posible mala praxis, mala ejecución de sus obligaciones preventivas, ¿cómo es posible que no compartan banquillo con esos directivos, tanto del staff gerencial de la compañía, como los responsables políticos designados, como personal de confianza, del gobierno autonómico de turno, y la consejería de tutela de la compañía?

Respóndanse, si pueden hacerlo sin vomitar, a esas preguntas. Y cuando lo hagan, verán que es indecente y homicida que alguien se vaya a la cama cada noche, sabiendo que su mala praxis, su ocultación de un problema grave de salud laboral, que tiene -dentro de su alta peligrosidad-, posibles medidas de prevención y protección, se omitió y se ocultó ¡hasta dejar morir a 12 compañeros del Metro de Madrid (más los que no sabemos porque no se investigaron sus muertes).

Tampoco es que la clase política esté respondiendo con la diligencia debida a las posibles soluciones para paliar esta tragedia laboral. Una tragedia que vive la clase trabajadoras, victima de malas gestiones empresariales y que, por tal motivo, jamás debiera verse obligada al doble castigo de la enfermedad (hasta la muerte), y la injusticia de que hasta la justa indemnización debe ser peleada en una suerte de calvario judicial. El Estado, en cualquiera de sus niveles administrativos, no puede hacer oídos sordos a demandas de justicia, en las que la parte débil del eslabón (la persona trabajadora) es la víctima de una actuación empresarial (sea imprudente, o dolosa), sin dar una solución; al contrario de lo que han hechos otros países de Europa. No, no es justo, no es de recibo, que la Gran Política, no exista para compensar ese daño causado a víctimas y familias. Menos aún, tratándose de empresas públicas, cuyos servidores -empleados públicos-, están sujetos a deberes de diligencia que, cuando fallan, deberían ser cubiertos sin dilación por la responsabilidad patrimonial del Estado.

Escribo esto en un día 1 de mayo. El día en que la clase trabajadora se reivindica, y celebra el propio hecho del trabajo. Celebra el trabajo emancipador, el trabajo decente, y con derechos, en el que nadie pierda la vida por la falta de medios de seguridad y el absoluto desprecio de empresarios incumplidores. Un deseo tan sencillo y justo, que no debería necesitar reivindicación. Sin embargo, la triste realidad, es la del compañero Luis Gómez y su familia, en la que “Verónica asegura que lucharán en los tribunales hasta el final para que Metro asuma su responsabilidad y, sobre todo, para que no le pase a más gente”.

Hoy, mis lágrimas silenciosas y secas, mi rabia contenida, quieren ser la solidaridad de CCOO con la familia Gómez; con todas las familias que constituyen la clase trabajadora que saca adelante a los países, con su esfuerzo y su dignidad; mientras otras clases, sin empatía y con impostura patriótica, juegan con sus vidas indecentemente.

Hoy más que nunca, mostramos nuestra Solidaridad de clase con todas las familias trabajadoras del mundo, y gritamos, mientras nos quedan pulmones sanos ¡Que viva, la lucha, de la clase obrera! Y en esa lucha nos encontrarán, sin desfallecer, ¡hasta la victoria final!

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