Imagina un país sin mordazas

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Hoy se cumplen 7 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Una mirada a aquel año previo a la aprobación, ante la amenaza cercana de lo que se avecinaba, lleva a recordar la enorme respuesta de la sociedad civil, de los medios de comunicación, artistas y la ciudadanía en general. Hubo desde grandes manifestaciones hasta la creación de hologramas protestando frente al Congreso, lo que alcanzó una audiencia global de más de 800 millones de personas. Incluso cuatro relatores de la ONU advirtieron que, de aprobarse la Ley Mordaza, se socavarían los derechos de manifestación y expresión en España.

En aquellos tiempos, a pesar de que no se evitó que 1 de julio de 2015 entrara en vigor esta ley con la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular, la movilización social logró el compromiso de derogación o de reforma íntegra por parte de la mayoría de los partidos, los cuales poco después contarían con una representación parlamentaria suficiente para aprobar o reformar leyes. 

Pero el tiempo ha ido pasando y la Ley de Seguridad Ciudadana ahí sigue, tal y como se dejó aquel año, generando un impacto muy negativo en las vidas de miles de personas. No solo por el cerrojazo que provocó a los espacios de participación de la sociedad civil, sino también mermando muchas luchas sociales orientadas a impulsar avances en derechos, con el efecto desaliento que provoca que sus activistas tuvieran que centrar sus esfuerzos en pagar multas injustas.

Tampoco podemos olvidar, más si cabe después de la tragedia del pasado viernes 24 de junio, sobre lo que Amnistía Internacional ha identificado como sólidos indicios de ocho violaciones de derechos humanos cometidas en la valla de Melilla y la frontera marroquí, entre las que se encuentra el terrible impacto que provocan las detestables e inhumanas devoluciones en caliente, las cuales se quiso legalizar incorporando una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pero pensemos por un momento qué pasaría si se reformara esta Ley Mordaza alineándola con los estándares internacionales de los derechos humanos. Imaginemos que dejara de haber sanciones arbitrarias, como las impuestas aplicando los artículos de desobediencia a la autoridad, negativa a identificarse o faltas de respeto o de consideración a la policía. Consideremos que se establecieran mecanismos independientes de control de abusos policiales, lo que desincentivaría actuaciones arbitrarias y desproporcionadas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. O que no se pudiera sancionar a periodistas por el hecho de informar, como le sucedió a Javier Bauluz cuando denunció el trato inhumano a personas migrantes hacinadas en el muelle de Arguineguín en Canarias. Proyectemos también que se prohibieran las redadas racistas, el uso de las balas de goma, que provocan lesiones graves e incluso la pérdida de la vida, o que se acabara hasta con las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, las tristemente famosas devoluciones en caliente. ¿A qué escenario nos llevaría?

Para empezar este gobierno habría cumplido con su palabra. Se habrían incorporado las recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y se demostraría al público que se escucha a una amplia sociedad civil que lleva movilizada y presentando informes de impactos de vulneraciones de derechos de la ley desde 2015. Pero la cosa no queda aquí. Además quienes se movilizan en la defensa de derechos sentirían que hacerlo no amenaza su bolsillo ni su integridad física, qué menos para quienes dedican su tiempo a mejorar la vida de todos y todas. Esto podría repercutir en una mayor movilización para avanzar en derechos como en salud y educación pública, en un trabajo digno, en reducir la desigualdad y que “nadie se quede atrás”, un deseo expresado por el propio Gobierno. 

Pero la realidad hoy parece distar de dicha ensoñación. La reforma de la Ley Mordaza sigue colgada en un eterno debate en el Congreso. Con que se pusieran de acuerdo para llevarla a cabo los socios de la actual investidura sería una realidad, pero al parecer resulta muy complejo. Cabe preguntarse, cuanto menos, cuál es el problema, y qué se puede hacer para desencallar esta situación de bloqueo.

El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley que se anunció en noviembre de 2021 se quedó como una propuesta de modificación tibia, casi un mero maquillaje, que no tocaba gran parte del articulado que de manera reiterada más se ha denunciado. Ante ello, nuevamente desde la sociedad civil se ha intentado facilitar el trabajo, señalando 8 preocupaciones principales que se deberían de abordar, se ha vuelto a movilizar con acciones de protesta en más de 25 ciudades de todo el Estado español, logrando la adhesión de más de 130 colectivos y organizaciones y se ha hecho llegar a los partidos comprometidos con la reforma. Hasta la fecha la respuesta ha sido tan solo tibios anuncios de un futurible desbloqueo, bastante silencio por parte de las autoridades, una reforma que no llega, sentimientos de fraude y decepción. 

El tiempo se agota, y actuaciones como las del pasado 24 de junio en la frontera de Melilla con Marruecos, practicando devoluciones en caliente, con porrazos y botes de gases lacrimógenos hacia personas que huyen de la guerra y la persecución y que tienen derecho a solicitar protección internacional, celebrando unas actuaciones policiales que se calcula terminaron con al menos 37 muertos, y unas declaraciones del Presidente del Gobierno al día siguiente en las que no pidió una investigación independiente y exhaustiva, ni siquiera manifestó palabras de pésame para las familias de las víctimas, nos llevan a un escenario de presente y futuro muy oscuros.

Ya en 2015 The New York Times anunció que esta Ley Mordaza nos lleva a tiempos del franquismo. Este gobierno aún puede ofrecer luz ante este lúgubre panorama. Pero el tiempo, y la credibilidad, se les agota. Tampoco vale hacerlo en el último minuto de partido, porque quizá entonces ya no haya margen de impacto positivo, y sea tarde.

Para quienes creemos que un mundo mejor sí es posible, en el que se apueste por mejorar la vida de todas las personas y de nuestro mermado medio ambiente, también nos jugamos perder la oportunidad de revertir el retroceso en derechos y libertades que significó la Ley Mordaza. Seamos valientes, soñemos y empujemos adelante para hacerlo realidad. Puesto que para vivir en una tierra que avance en derechos humanos, pasa ineludiblemente por lograr un país sin mordazas.

Hoy se cumplen 7 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Una mirada a aquel año previo a la aprobación, ante la amenaza cercana de lo que se avecinaba, lleva a recordar la enorme respuesta de la sociedad civil, de los medios de comunicación, artistas y la ciudadanía en general. Hubo desde grandes manifestaciones hasta la creación de hologramas protestando frente al Congreso, lo que alcanzó una audiencia global de más de 800 millones de personas. Incluso cuatro relatores de la ONU advirtieron que, de aprobarse la Ley Mordaza, se socavarían los derechos de manifestación y expresión en España.

En aquellos tiempos, a pesar de que no se evitó que 1 de julio de 2015 entrara en vigor esta ley con la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular, la movilización social logró el compromiso de derogación o de reforma íntegra por parte de la mayoría de los partidos, los cuales poco después contarían con una representación parlamentaria suficiente para aprobar o reformar leyes. 

Pero el tiempo ha ido pasando y la Ley de Seguridad Ciudadana ahí sigue, tal y como se dejó aquel año, generando un impacto muy negativo en las vidas de miles de personas. No solo por el cerrojazo que provocó a los espacios de participación de la sociedad civil, sino también mermando muchas luchas sociales orientadas a impulsar avances en derechos, con el efecto desaliento que provoca que sus activistas tuvieran que centrar sus esfuerzos en pagar multas injustas.

Tampoco podemos olvidar, más si cabe después de la tragedia del pasado viernes 24 de junio, sobre lo que Amnistía Internacional ha identificado como sólidos indicios de ocho violaciones de derechos humanos cometidas en la valla de Melilla y la frontera marroquí, entre las que se encuentra el terrible impacto que provocan las detestables e inhumanas devoluciones en caliente, las cuales se quiso legalizar incorporando una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pero pensemos por un momento qué pasaría si se reformara esta Ley Mordaza alineándola con los estándares internacionales de los derechos humanos. Imaginemos que dejara de haber sanciones arbitrarias, como las impuestas aplicando los artículos de desobediencia a la autoridad, negativa a identificarse o faltas de respeto o de consideración a la policía. Consideremos que se establecieran mecanismos independientes de control de abusos policiales, lo que desincentivaría actuaciones arbitrarias y desproporcionadas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. O que no se pudiera sancionar a periodistas por el hecho de informar, como le sucedió a Javier Bauluz cuando denunció el trato inhumano a personas migrantes hacinadas en el muelle de Arguineguín en Canarias. Proyectemos también que se prohibieran las redadas racistas, el uso de las balas de goma, que provocan lesiones graves e incluso la pérdida de la vida, o que se acabara hasta con las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, las tristemente famosas devoluciones en caliente. ¿A qué escenario nos llevaría?

Para empezar este gobierno habría cumplido con su palabra. Se habrían incorporado las recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y se demostraría al público que se escucha a una amplia sociedad civil que lleva movilizada y presentando informes de impactos de vulneraciones de derechos de la ley desde 2015. Pero la cosa no queda aquí. Además quienes se movilizan en la defensa de derechos sentirían que hacerlo no amenaza su bolsillo ni su integridad física, qué menos para quienes dedican su tiempo a mejorar la vida de todos y todas. Esto podría repercutir en una mayor movilización para avanzar en derechos como en salud y educación pública, en un trabajo digno, en reducir la desigualdad y que “nadie se quede atrás”, un deseo expresado por el propio Gobierno. 

Pero la realidad hoy parece distar de dicha ensoñación. La reforma de la Ley Mordaza sigue colgada en un eterno debate en el Congreso. Con que se pusieran de acuerdo para llevarla a cabo los socios de la actual investidura sería una realidad, pero al parecer resulta muy complejo. Cabe preguntarse, cuanto menos, cuál es el problema, y qué se puede hacer para desencallar esta situación de bloqueo.

El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley que se anunció en noviembre de 2021 se quedó como una propuesta de modificación tibia, casi un mero maquillaje, que no tocaba gran parte del articulado que de manera reiterada más se ha denunciado. Ante ello, nuevamente desde la sociedad civil se ha intentado facilitar el trabajo, señalando 8 preocupaciones principales que se deberían de abordar, se ha vuelto a movilizar con acciones de protesta en más de 25 ciudades de todo el Estado español, logrando la adhesión de más de 130 colectivos y organizaciones y se ha hecho llegar a los partidos comprometidos con la reforma. Hasta la fecha la respuesta ha sido tan solo tibios anuncios de un futurible desbloqueo, bastante silencio por parte de las autoridades, una reforma que no llega, sentimientos de fraude y decepción. 

El tiempo se agota, y actuaciones como las del pasado 24 de junio en la frontera de Melilla con Marruecos, practicando devoluciones en caliente, con porrazos y botes de gases lacrimógenos hacia personas que huyen de la guerra y la persecución y que tienen derecho a solicitar protección internacional, celebrando unas actuaciones policiales que se calcula terminaron con al menos 37 muertos, y unas declaraciones del Presidente del Gobierno al día siguiente en las que no pidió una investigación independiente y exhaustiva, ni siquiera manifestó palabras de pésame para las familias de las víctimas, nos llevan a un escenario de presente y futuro muy oscuros.

Ya en 2015 The New York Times anunció que esta Ley Mordaza nos lleva a tiempos del franquismo. Este gobierno aún puede ofrecer luz ante este lúgubre panorama. Pero el tiempo, y la credibilidad, se les agota. Tampoco vale hacerlo en el último minuto de partido, porque quizá entonces ya no haya margen de impacto positivo, y sea tarde.

Para quienes creemos que un mundo mejor sí es posible, en el que se apueste por mejorar la vida de todas las personas y de nuestro mermado medio ambiente, también nos jugamos perder la oportunidad de revertir el retroceso en derechos y libertades que significó la Ley Mordaza. Seamos valientes, soñemos y empujemos adelante para hacerlo realidad. Puesto que para vivir en una tierra que avance en derechos humanos, pasa ineludiblemente por lograr un país sin mordazas.

Hoy se cumplen 7 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Una mirada a aquel año previo a la aprobación, ante la amenaza cercana de lo que se avecinaba, lleva a recordar la enorme respuesta de la sociedad civil, de los medios de comunicación, artistas y la ciudadanía en general. Hubo desde grandes manifestaciones hasta la creación de hologramas protestando frente al Congreso, lo que alcanzó una audiencia global de más de 800 millones de personas. Incluso cuatro relatores de la ONU advirtieron que, de aprobarse la Ley Mordaza, se socavarían los derechos de manifestación y expresión en España.

En aquellos tiempos, a pesar de que no se evitó que 1 de julio de 2015 entrara en vigor esta ley con la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular, la movilización social logró el compromiso de derogación o de reforma íntegra por parte de la mayoría de los partidos, los cuales poco después contarían con una representación parlamentaria suficiente para aprobar o reformar leyes.