El nuevo traje a medida de las entidades financieras, patrocinado por los de siempre
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes para su remisión al Senado una proposición de Ley que trata de agilizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional en franca contradicción con las obligaciones suscritas por el Estado Español en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
La Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con relación a la ocupación ilegal de viviendas que cuenta con el aval del PP, CS, PDeCAT y PNV no es sólo socialmente reprobable si no jurídicamente aberrante.
La Exposición de Motivos del texto legislativo ya nos indica cuán lejos de la realidad están nuestros gobernantes cuando afirman con rotundidad que la “dura realidad socioeconómica” (debe de ser la que viven ellos) ha producido un aumento considerable de desahucios y en paralelo y sin que exista relación alguna han aparecido fenómenos de ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad“.
Sólo esa afirmación bastaría para tildar de cínica la proposición legislativa además de totalmente ajena a la realidad, cuando precisamente el fenómeno de la ocupación ha proliferado en los últimos años como consecuencia directa de la acción u omisión más bien, de las diversas Administraciones Públicas en materia de vivienda a todos los niveles, estatal, autonómica y municipal.
Los más de 168 desahucios diarios que se siguen ejecutando a día de hoy en nuestro país, y las más de 3 millones de viviendas vacías acaparadas en manos de sus entidades financieras, fondos buitres y SOCIMIS bastan para evidenciar la contradicción que nos ha llevado a la proliferación de este fenómeno que no es otro que la necesidad de autotutelar derechos básicos como es el Derecho a la Vivienda frente a la dejación de funciones de los poderes públicos y el rechazo sistemático del legislador de las diferentes Leyes de Vivienda que han sido impulsadas por la sociedad civil.
En estos últimos años de crisis, y desde la entrada en vigor del mal llamado “Código de Buenas Prácticas” (un Real Decreto de adhesión voluntaria para las entidades financieras) y la modificación forzosa de la Ley de Enjuiciamiento Civil a golpe de sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni el Gobierno ni los partidos políticos que suscriben este texto han propuesto ni una sola medida legislativa que apueste por promover o garantizar el Derecho a la Vivienda.
El contexto actual avalado por los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial pone de manifiesto el aumento de los desahucios por impago de alquiler o por la finalización de los contratos de arrendamiento así como el aumento de desalojos penales de ocupación por necesidad de viviendas vacías en manos de entidades financieras y la ausencia de medidas legislativas que garanticen una alternativa habitacional adecuada nos ratifica algo que ya sabíamos, nuestros gobernantes no sólo no velan por el Derecho a la Vivienda si no que lo conculcan cada vez que pueden, esto es, cuando suman las mayorías suficientes para poder hacerlo.
La prueba es precisamente esta proposición de Ley que se justifica en el supuesto fenómeno de “mafias okupas” ( si es que se le puede llamar mafia a tres pelagatos que se ganan la vida abriendo puertas) y que sin embargo, no incluye ni una sola medida para combatir el menudeo de viviendas, si no únicamente nuevos mecanismos procesales para desahuciar más rápido a familias vulnerables que han sido expulsadas del mercado hipotecario al no poder pagar hipotecas tóxicas plagadas de cláusulas abusivas, que no pueden acceder a la vivienda social porque ha sido malvendida a fondos buitres ni tampoco al alquiler de libre mercado controlado y concentrado de forma casi oligopolista en manos de las entidad financieras y sus diferentes rostros.
Esta cortina de humo esconde el verdadero interés de esta Ley que no es otro que proteger el patrimonio de la banca y los fondos de inversión, nuevos dueños del parque inmobiliario español que necesitan tener vacíos “sus activos” para poder movilizarlos eficazmente en el mercado y obtener mayor rentabilidad en “su inversión”. Todo un traje a medida.
Los nuevos mecanismos procesales que se incluyen (una especie de interdicto posesorio) además de vulnerar, obviamente, el Derecho a la Vivienda, vulneran también y de forma radical Derechos Fundamentales como la Tutela Judicial efectiva. Como ejemplos podemos encontrar que frente al Auto que dicta el desalojo no cabe recurso, o que el desalojo puede realizarse de forma cautelar, o también que el plazo para oponerse al requerimiento de desalojo es de tan sólo cinco días y el único motivo de oposición es tener título suficiente ( cuando precisamente lo que debe discutirse no es si se tiene título o no, es evidente que no, si no dónde se va a vivir la gente cuando el sistema le ha cerrado absolutamente todas las puertas).
Por último, parece ser que al Gobierno y los partidos que suscriben el texto les interesa más el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de familias, niños/as y adolescentes que van a ser desahuciados que el Derecho a la Vivienda. En un ejercicio de desfachatez absoluta recalcan la posibilidad, de que sí, y sólo sí, la familia que va a ser desahuciada lo autoriza y presta su consentimiento, entonces se dará traslado de su situación a los Servicios Sociales para que estos “puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan” sabiendo que están totalmente saturados de por sí y no cuentan con recursos suficientes para garantizar dichas medidas.
En definitiva, después de 10 años de crisis, el PP, CS, PDeCAT y PNV no sólo no han tomado ninguna medida para hacer efectivo el Derecho a la Vivienda, sino que además reprimen la única solución que ha encontrado la sociedad para sobrevivir a su estafa inmobiliaria.
