Diez meses entre Mayor y Argumosa
Cuando desde una Junta Municipal de Distrito te enfrentas a situaciones como la que ocurrió en Argumosa 11 el pasado 22 de febrero, un sentimiento de frustración y tristeza invade tu cuerpo, ya cansado. Después de 14 intentos previos, desahuciaron a cuatro familias y detuvieron a seis personas mientras el resto, trabajadoras y trabajadores municipales incluidos, mirábamos desde la esquina sin poder evitarlo.
Aquel viernes nada fue normal. La notificación de los lanzamientos llegó desde los diferentes juzgados en forma de un doloroso goteo los dos días anteriores, con una reducida anticipación de entre 36 y 12 horas que limitaba por completo la capacidad de reacción, bastante golpeada también ante el estupor por constatar que los autos de lanzamiento contenían textos literalmente copiados entre sí y que hacían caso omiso tanto a las resoluciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, como al informe de los servicios sociales municipales en el caso de Juani. Para garantizar esta vez la ejecución de los lanzamientos, los juzgados habían optado por asumir de forma directa el mando del operativo policial, cuyo despliegue fue temprano, desmesurado e implacable en la mañana más larga que seguramente haya vivido la calle Argumosa.
Estaban profundamente convencidos del operativo que estaban montando. Detrás del cordón policial solo se permitió el paso de la jefa de los servicios sociales del distrito, que desde su soledad forzada trataba de organizar las necesidades más urgentes en cuanto a alternativas habitacionales y traslado de enseres. Mientras tanto, las imágenes de las pancartas, que durante meses adornaran los balcones de Argumosa 11 reclamando el derecho a la vivienda y al arraigo en el barrio, arrancadas por sus propietarios legales nos golpearon a muchas de las personas que, desde las aceras, pensábamos que el derecho a la propiedad privada, por muy legítimo que sea, nunca debería pasar por encima de la vida de las personas. Un sentimiento de frustración nos invadió en ese momento a muchas, que pensamos “ya está, dejémoslo, no hay nada que hacer. Perdimos”.
Sin embargo, Argumosa 11 ha demostrado ser mucho más que otro caso entre los miles de dolorosos desahucios que siguen produciéndose en nuestro país cada año. Fue durante el mes de mayo del año pasado, exactamente el día que Almudena Grandes salía al balcón de la plaza de la Villa a dar el pregón de las fiestas de San Isidro, cuando nos encontramos por vez primera con la gente de la Asamblea de Bloques en Lucha, formada por el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados de la Hipoteca y el colectivo “Lavapiés ¿Dónde Vas?”, que había solicitado a Jorge García Castaño, concejal de Distrito Centro, una reunión urgente para explicarnos lo que podía ocurrir en ese edificio.
Ya en junio empezaron a llegar las primeras notificaciones de una larga lista de desahucios en el edificio; muchos de ellos se intercalaban con otros casos similares en otros edificios del distrito. Nuestros servicios sociales analizaron la situación de cada una de las familias afectadas. Desde entonces, también nos pusimos en contacto con los representantes de la propiedad, mantuvimos reuniones con la intención de mediar y de acercar posturas entre las partes. Interlocutamos con los juzgados. Empezamos a actuar bajo la premisa de que todas deberíamos poder vivir en una ciudad donde el derecho a la propiedad privada no tenga por qué chocar frontalmente con el derecho a la vivienda.
En septiembre, pusimos en marcha, con el visto bueno de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAVM y el Foro Local de Centro, un Servicio gratuito de Asesoramiento Jurídico al Alquiler, el SAJA, para dar respuesta a una necesidad que cada día crecía más y más. No es otra que la de dar información profesional, acompañar con herramientas legales para abordar de la mejor manera las situaciones de vivienda a las que se enfrentan cada vez más familias del distrito que por diversos motivos están perdiendo sus hogares.
Al mismo tiempo, convencidos de que la única solución de fondo a este problema pasa por la generación de un considerable parque de vivienda pública, comenzamos a explorar e impulsar posibilidades de compra o expropiación de inmuebles en el barrio con intención de generar nuevos recursos residenciales. Mientras, promovíamos en el Pleno del Ayuntamiento una proposición para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el PGOUM, en base al artículo 175 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, con objeto de establecer áreas de reserva para la adquisición de terrenos y edificaciones con vistas a la ampliación del parque municipal de vivienda pública, mediante expropiación forzosa o en aplicación de los derechos de tanteo y retracto. Al mismo tiempo, apelábamos también a la necesidad de que el Estado y la Comunidad de Madrid ejercieran sus competencias en materia de vivienda, especialmente ésta última, que en todo este proceso ni se ha despeinado.
¿Cuántas veces el equipo del Distrito Centro, habremos pensado, dubitativos, a dónde nos estaba llevando todo esto y si íbamos a conseguir algo? Pues lo cierto es que nos está llevando a mucho. Nos está llevando a abordar un problema profundo que va infinitamente más allá del caso de Argumosa 11, porque esto no acaba en Lavapiés.
Hemos visto cómo a lo largo de todos estos meses, este trabajo ha dado sus frutos. Mientras la tenacidad de la gente de Argumosa y sus vecinas de los Bloques en Lucha conseguía que el problema de la vivienda, los desahucios y las expulsiones de los barrios por el aumento desmedido de los precios de alquiler entrara en el debate público, planteando como dilema central el conflicto capital-vida, desde el SAJA alcanzábamos a dar asesoramiento legal a cerca de 150 personas que tenían problemas con su alquiler y veíamos también cómo el Delegado del Gobierno expresaba sus dudas sobre el papel de las fuerzas de seguridad del Estado en la ejecución de los lanzamientos de desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Y, tan solo una semana después del cuádruple desahucio de Argumosa, el viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobaba un largamente esperado Decreto en materia de vivienda y alquiler que, si bien volvía a dejar de lado medidas fundamentales necesarias para que los ayuntamientos puedan limitar los precios de alquiler en zonas especialmente tensionadas, sí incluía importantes mejoras de limitación de precios dentro de los propios contratos de alquiler, así como en lo que respecta a los desahucios.
Hay un enorme trabajo en marcha, donde todavía queda todo por hacer. Pero el caso de Argumosa ha marcado claramente un camino, que es necesario recorrer en paralelo y, a la vez, desde fuera y desde dentro de la institución, por senderos necesariamente separados, pero poniendo a ésta siempre al servicio de una ciudad en la que la vida y la justicia social ocupen realmente el centro de las políticas públicas.
