En nombre de la libertad y la dignidad
José Luís Sagüés amaba la vida. Fue el motivo fundamental para desear una muerte digna ya desahuciado por un cáncer terminal. Despedirse rodeado de los suyos, “tomando un vino” y con un brindis por todo lo vivido. Ese fue su deseo expreso que, hace ahora poco más de cuatro años, pudo cumplir con la ayuda de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Antes tuvo que enfrentarse al sistema para ejercer la libre decisión de extinguir su existencia cuando ya no era tal sino un sufrimiento continuo. Una condena impropia en una sociedad que se dice avanzada. Difícilmente podremos considerar que una vida es digna si no podemos morir con dignidad. Anhelos personales a los que una Administración debe dar carta de naturaleza en la convicción de que la lucha por la dignidad en la muerte no es otra cosa que la lucha por la propiedad de la vida. Una democracia madura, y la española lo es, exige que este debate recurrente en la calle se traslade a las instituciones que representan la soberanía popular.
En este contexto, el Congreso de los Diputados ha abierto el camino para la legalización de la eutanasia. No se trata solo de abordar su despenalización sino de ser incluida como una prestación más del Sistema Nacional de Salud. Es decir, la libertad individual y la dignidad del ser humano como fondo y la seguridad jurídica y garantía sanitaria como forma. Toda política de salud ha de estar orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. Esta ley, al ser la muerte parte de la vida, está en plena sintonía con este principio mediante el compromiso de respetar la voluntad del ser humano en el momento de dar por acabada su existencia cuando el sufrimiento es inasumible. Es obvio que los grupos parlamentarios que han apoyado esta proposición cuentan con la complicidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para alcanzar un consenso político y social, para superar las dificultades técnicas que puedan surgir y, en definitiva, para transformar en realidad una demanda de la ciudadanía y certificar así la utilidad de la política como el mecanismo más eficaz, cuando hay voluntad para ello, de mejorar la sociedad.
Una vez aprobada la ley el ministerio ampliará la cartera de servicios básicos sanitarios. Es decir, la eutanasia será una prestación universal más que se llevará a cabo, dentro de los específicos requisitos marcados en el texto, con total garantía médica y con la seguridad jurídica necesaria. Se dará así curso a la decisión libre, firme, informada y consciente de la persona. El 19 de abril se conocía la muerte del doctor Luis Montes. Esta ley de eutanasia hubiera sido el mejor homenaje a quien, entre tantas reflexiones sobre la dignidad en la hora de la muerte, dejó una que resume el espíritu de este texto. “Nadie, decía, debe ser obligado a vivir cuando es una carga imposible de soportar”.
