La querella contra Díaz Ayuso y los consejeros de Sanidad y Justicia por los fallecidos en las residencias, en manos del Supremo

“Los datos oficiales cuentan la historia por sí solos: el 20 de marzo, apenas seis días después de la declaración del estado de alarma, Políticas Sociales contabilizaba 200 muertos en toda la red de residencias; cuatro días más tarde, el 24 de marzo, el número había aumentado un 300 por ciento, alcanzándose la cifra de 841 fallecidos. Al día siguiente superábamos la trágica cifra de las 1.000 víctimas, y la escalada siguió en los días siguientes.

Precisamente por eso, el día 27, la presidenta Ayuso, ya con ese número de fallecidos al que acabo de hacer referencia, cogió el toro por los cuernos“.

Esta frase que hemos entrecomillado y que dijo el Consejero de Justicia en su intervención en la comisión parlamentaria, celebrada el día 20 de abril de 2020, y que consta en el diario de sesiones de la Comunidad de Madrid, demuestra ya una actuación injustificable del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid y fundamentalmente de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y del Consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, ya que conociendo el número de fallecidos que había a primeros de marzo, no deciden implantar un plan de choque hasta el día 27 de marzo, en que ya habían fallecido 1.000 personas mayores en las residencias. Habrá que preguntarles cuando declaren como investigados, si para ellos no había que tomar medidas hasta que fallecieran 1.000 personas, ya que 200, 400 u 800 no era preocupante. Esto ya sería suficiente para que se hubiera cometido un delito de prevaricación, homicidio imprudente y lesiones.

Pero es que hay más, el Consejero de Justicia también dice en esa comparecencia que las residencias están medicalizadas a partir del 27 de marzo, fecha en la que se iniciaba el supuesto plan de choque, cosa que no responde a la realidad, ya que el señor Reyero, consejero de Políticas Sociales, había afirmado que las residencias no estaban medicalizadas y que él era partidario de hacerlo, comentario que le supuso ser relegado a un segundo plano por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, e incluso la advertencia de cesarlo como consejero de Políticas Sociales. Circunstancia que igualmente habrá de aclararse en la fase instructora.

Estos párrafos citados anteriormente están incluidos en la querella que el día 11 de mayo de 2020 presentó Marea de Residencias bajo la dirección letrada de los abogados Borja Vila Tesorero, José Luis González del Moral y quien firma este artículo y supuso de alguna forma la gota que colmó el vaso para que los familiares de los residentes que estaban falleciendo diariamente iniciaran las acciones penales.

En el momento de presentarse la querella, ya se tenía noticias, y así se hace constar en la querella, del protocolo del 25 de marzo de 2020 en que se aprobaba por parte de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria uno de los dos protocolos que se habían remitido por parte de la Comunidad de Madrid a las residencias en el que se indicaba qué personas estaban incluidas en el mismo para ser trasladados a hospitales en caso de enfermar por la COVID-19.

Son varios los testimonios de los querellantes que refieren haberles sido alegado un protocolo, bien en la residencia, bien en los hospitales, bien en el SUMMA 112, por el cual se habría dejado de atender a sus familiares, al considerar que no estaban incluidos dentro del mismo.

Posteriormente hemos sabido por informaciones de los medios de comunicación que hubo otros dos protocolos más que hemos aportado como ampliación de la querella. Dichos protocolos contienen una escala de fragilidad de nueve niveles, siendo descartados para ingresar en los hospitales quienes tengan un criterio de fragilidad de 7 o mayor (fragilidad grave con dependencia total para el cuidado personal; fragilidad muy grave, es decir, totalmente dependientes; y enfermos terminales con una esperanza de vida menor a seis meses).

Es decir, que se indicaba cuándo una infección respiratoria, como la que causa el coronavirus, puede ser derivada a un hospital.

Unos de los criterios que aparecerían en dicho documento serían: Cuando “el paciente es independiente para la marcha o Índice de Barthel >60”; y cuando el paciente lo es “sin deterioro cognitivo, o deterioro cognitivo con GDS

Es necesario conocer en la fase instructora el alcance que hayan podido tener la aprobación y difusión de los protocolos en las distintas residencias. Cómo se han aplicado y a qué residentes. Se trata de saber, en primer lugar, si los protocolos permitían dejar sin asistencia a personas mayores que se encontraban en residencias, qué criterios se han seguido para tomar dicha decisión, quién la tomaba y qué personas no fueron trasladadas al hospital en aplicación de alguno de esos dos protocolos.

Los cuatro protocolos a los que me he referido podrían haber sido el soporte normativo con el que la Comunidad de Madrid ha pretendido descongestionar la presión asistencial en los hospitales, objetivando los criterios de selección, aun a sabiendas de que la aplicación de los mismos implicaba que cientos de personas podrían morir en las residencias sin la asistencia sanitaria que precisaban.

Posteriormente hemos conocido también por la prensa, artículo publicado el día 3 de abril de 2020 por el Diario Público, que decía:  “Más de 2000 respiradores de la sanidad privada, sin uso porque nadie los reclama mientras las UCI están al límite”.

El 2 de abril de 2020 eldiario.es publicaba un artículo titulado “La sanidad privada calcula que tiene 2.200 camas de UCI, sin usar en toda España”.

La Comunidad de Madrid tenía competencia que le otorgaba el estado de alarma para haber intervenido todas los hospitales privados y sus equipos médicos si se producían, como así fue, colapsos en los ingresos hospitalarios y en las UCIS.

Ha quedado también acreditado en base a testimonios de familiares, de los propios hospitales privados y recogido también por los medios de comunicación, que a los residentes que tenían seguros privados no se les aplicaron los protocolos de derivación a los hospitales y fueron trasladados a los hospitales que designaban sus seguros sin que se produjera ningún impedimento para ello.

Habría que preguntarse si el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid (público y privado) ha operado como un todo, en beneficio única y exclusivamente de los ciudadanos que necesitaban asistencia sanitaria en un momento de emergencia sanitaria.

La sobrecarga asistencial en las UCIS, y la carencia de medios, fundamentalmente respiradores, se ha producido en la red hospitalaria pública. Esta circunstancia exige aclarar por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid, principalmente su presidenta y el consejero de Sanidad, las medidas llevadas a cabo para evitar llegar a esa situación. Máxime si su acción u omisión tuvo una incidencia directa en la falta selectiva de atención sanitaria, mediante la cobertura de los protocoles señalados anteriormente o la poca o nula utilización de los hospitales de sanidad privada y de sus equipos médicos.

Marea de Residencias, que agrupa no sólo a los familiares de residentes sino también a los trabajadores de dichas residencias, está también preparando una querella de estos últimos por un delito contra los derechos de los trabajadores por la falta de medidas de protección adecuadas, bajo la dirección letrada de la abogada Alicia Gómez Benítez.

En definitiva, entiendo que hay elementos indiciarios, muchos de ellos documentalmente acreditados, que deben implicar que el Tribunal Supremo inicie ya sin más dilaciones la investigación de los hechos que constan en la querella, y determinar las responsabilidades penales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y del consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López.