Tres indicios y una conclusión sobre el caso del ático
Nada mejor en un asfixiante día de calor en Mallorca que buscar un refugio climático y, como pasatiempo veraniego, reflexionar acerca de la prueba indiciaria, ahora tan en boga, vinculándola con recientes acontecimientos relativos a la compra y venta de inmuebles en la Comunidad de Madrid. No se pretende exhaustividad sino proponer a quien tenga la paciencia de leer estas líneas que juegue conmigo a confeccionar un relato de hechos probados a partir de las informaciones recibidas sobre cierto ático situado en la calle del General Martínez Campos, en la villa de Madrid, paraíso de la libertad como es bien sabido.
La prueba indiciaria, o prueba indirecta, reclama determinados requisitos fijados por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en numerosas resoluciones cuya concreta cita nos alejaría de este juego que se propone. Los podemos resumir en que los indicios (hechos base), estén plenamente probados; los hechos constitutivos del delito deben deducirse de esos indicios; que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia siendo necesario que el órgano judicial exponga los indicios y el razonamiento o engarce entre los hechos base y los hechos consecuencia y que el razonamiento venga avalado por las reglas del criterio humano o de la experiencia común.
Como en este caso que tratamos no hay delito alguno salvo lo que pueda resultar de las denuncias presentadas, y los tribunales han delegado la valoración de los indicios en personas ajenas al órgano jurisdiccional -caso fiscal general del Estado o caso David Sánchez-, dotando a un concreto declarante de características propias de seres mitológicos, al ser al mismo tiempo aportador de material de investigación y relator del vínculo de esos indicios con los hechos enjuiciados (o, como se repite hasta la extenuación en la sentencia de Badajoz, testigo y perito simultáneamente, lo que le acerca a los centauros o a las sirenas), estamos plenamente legitimados para probar suerte en la tarea que se propone.
Permítaseme una acotación vinculada a la experiencia profesional de quien esto escribe, tras más de veinte años dictando sentencias en el orden jurisdiccional penal: cada vez que el responsable de una determinada unidad policial ha estimado necesario ilustrar al tribunal sobre como acontecieron los hechos enjuiciados, relatando indicios y aportando su propia valoración del engarce entre los mismos y los hechos objeto de debate, la investigación se reveló insuficiente o defectuosa.
Avancemos en nuestro pasatiempo estival y apliquemos todo esto que acabamos de relatar al extraño caso del ático que nadie quiso comprar y que ahora, en una ciudad con problemas de vivienda agobiantes para una parte muy importante de su población, se revende con el consabido aumento del precio de adquisición, demostrándose que la especulación inmobiliaria no es patrimonio exclusivo de grandes tenedores o fondos de inversión sino que una empresa pública también puede adaptarse a la realidad social constatable cada vez en más lugares de España.
Primer indicio: todas las decisiones importantes en la Comunidad de Madrid corresponden a quien la preside, con el asesoramiento de expertos con larga carrera política, limitándose los consejeros y consejeras a ejecutar tales decisiones en lo que supone una tarea complementaria a su indispensable trabajo de aplaudir, jalear y reírle las gracietas a Isabel Díaz Ayuso, tal y como cualquier ciudadano o ciudadana puede comprobar repasando sus intervenciones en las instituciones públicas, que conducen siempre al jolgorio de su grupo parlamentario. Pretender que el consejero de Presidencia ha actuado por su cuenta y riesgo en la compra del inmueble sin la autorización de la Presidenta o de su círculo cercano provocando un escándalo político de primer orden, supone un ejercicio de ingenuidad que queda al arbitrio de cada cual.
Segundo indicio: la compra del ático en la calle general Martínez Campos, uno de los lugares privilegiados de Madrid, se hace a través de una empresa pública dependiente de la consejería de Presidencia del gobierno autónomo, por un precio superior a los seis millones de euros, para instalar temporalmente el despacho de la presidenta mientras se hacen obras de reforma en la sede de la Comunidad; para servir como residencia oficial de la presidenta; para tener un lugar donde recibir a las visitas oficiales o, simple y llanamente para especular con su venta. Que cada quien que participe en nuestro juego veraniego escoja la versión que más le plazca entre las múltiples ofrecidas por los responsables políticos en sus declaraciones públicas.
Tercer indicio: coincidiendo con la compra del ático en Chamberí un portal inmobiliario anuncia la venta, por un precio muy superior al satisfecho por su compra, de la vivienda que comparten Isabel Díaz Ayuso y su pareja y de un ático propiedad de este último, Alberto González Amador, situados en este mismo barrio de Madrid en el que también se sitúa la casa familiar de la presidenta de la Comunidad Autónoma. Ante el revuelo ocasionado el anuncio de la oferta de venta desaparece de manera fulminante de la página web especializada. La plusvalía que se obtendría en el negocio jurídico inmobiliario por parte del vendedor asciende a un millón y medio de euros.
Basten estos tres indicios plenamente acreditados mediante informaciones y columnas de opinión para que quien haya decidido participar en nuestro pasatiempo veraniego pueda sentirse juez o jueza por un día y efectúe, con arreglo a las reglas del criterio humano o de la experiencia común, un relato de hechos probados derivado de tales hechos base con el único objetivo de olvidarnos del calor, consecuencia directa del cambio climático, que nos achicharra en buena parte del territorio. Repito que esto nada tiene que ver con conductas merecedoras de respuesta penal, pues esa tarea corresponde a los órganos de la Administración de Justicia y nada más lejos de nuestra intención que interferir en su trascendente trabajo. Esto no va más allá de comprobar si somos capaces de construir una historia a partir de esos indicios.
Me permito ofrecer mi conclusión: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, decidió cambiar su domicilio particular atendido el pingüe negocio que supone la venta del inmueble que comparte con su pareja y del ático situado en el mismo edificio. Para ello, de nuevo parafraseando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ella o alguien de su círculo más cercano encomienda a uno de sus consejeros, Miguel Ángel García Martín, que le busque una nueva residencia, lo que se hace a través de una empresa pública de las que es presidente. El conseguidor fija su atención, pues conoce los gustos de su jefa, en un ático con doscientos metros cuadrados de terraza no apto para albergar oficinas temporales, ni parar servir de residencia oficial, sino para atender a la función de vivienda privada. Descubierto el plan comienza una ristra de chapuceras excusas que finalizan en lo que probablemente es lo más grave del sainete, la utilización por parte de la presidenta de las víctimas de los voraces incendios de la sierra oeste de Madrid para justificar el destino final proclamado de los más de seis millones de euros invertidos.
Insisto en que solo se pretende, desde mi versión, concluir que tan bochornoso episodio debería tener consecuencias políticas, que nunca serán inmediatas porque se pondría en peligro el modo de vida que tantos beneficios procura. La palabra dimisión no existe en el vocabulario de Isabel Díaz Ayuso ni en el de su consejero aúlico.
Queden aquí estas reflexiones impulsadas por el temor de enfrentarme a las temperaturas insoportables que llevamos padeciendo desde el inicio del verano, confiando en que el futuro sea benévolo en cuanto al clima y anunciando que, caso de seguir el calor infernal en esta isla que tanta simpatía le tiene als dimonis, quizás haya un segundo episodio del entremés que se titulará: “Miguel Ángel, te vas a comer un marrón que no es tuyo”.