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El aborto de Manuela y la criminalización de las mujeres pobres

Mujeres salvadoreñas en una marcha para exigir políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva y por el derecho al aborto legal y seguro en San Salvador (El Salvador).

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el pasado 30 de noviembre, la sentencia que emitió en el caso de Manuela contra El Salvador, mediante la cual halló a este responsable por la detención, condena y muerte de una mujer que había sufrido un aborto involuntario como consecuencia de una emergencia obstétrica. 

Manuela era una mujer de escasos recursos económicos, no sabía leer ni escribir y vivía en zona rural de El Salvador. Fue encarcelada tras ser denunciada por la médica que la había atendido. En un juicio penal cargado de irregularidades procesales y estereotipos de género, fue condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado. Estando encarcelada murió 2 años después a causa de un cáncer linfático por el que no se le ofreció atención médica adecuada y oportuna. 

La Corte manifestó que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden generar automáticamente una sanción penal y que las denuncias por parte del personal médico a las mujeres que acuden en búsqueda de ayuda médica por complicaciones en el embarazo constituyen un incumplimiento de la obligación de mantener el secreto profesional. Concluyó que las irregularidades en el caso se vieron impulsadas por todo tipo de prejuicios contra de Manuela “por no cumplir con el estereotipo de ser una madre abnegada que debe siempre lograr la protección de sus hijos” impidiendo priorizar su vida, pues “no se garantizó el derecho a la salud sin discriminación (...) Someter a Manuela a esta situación, terminó por afectar rotundamente su vida y su salud, además de ser discriminatoria, constituyó un acto de violencia contra la mujer”.

Esta decisión es sumamente importante pues pone los ojos sobre las injusticias que viven las mujeres como Manuela en diversos países del mundo como El Salvador en donde el aborto es delito bajo cualquier circunstancia con penas de hasta 30 y 50 años. Constituye un precedente histórico porque es la primera vez que la Corte se refiere a los derechos que se trasgreden cuando se criminaliza a las mujeres que abortan por emergencias obstétricas y ha sido clara, se afecta el derecho a la salud y constituye un acto de violencia contra la mujer. Aprovechando este triunfo jurídico histórico, me parece sumamente necesario que pensemos en cuántas Manuelas hay ahora en el mundo, cuántas hay ahora en este país, que llevan sobre sí mismas el peso de la ley, de la institucionalidad y de la exclusión social.

Esta sentencia aparece justo cuando termino de hacer un estudio jurídico por  las decisiones de los sistemas universal y regionales de derechos humanos del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos y puedo decirles; los casos de vulneraciones graves de derechos sexuales y reproductivos están llenos de mujeres pobres, campesinas, indígenas, gitanas, con discapacidad, mujeres siempre precarias y eso no es casualidad, son ellas las que soportan el rigor de las normas restrictivas y patriarcales que nos ven como un objeto reproductivo y no como dueñas de nosotras mismas. Manuela es el vivo reflejo de la pobreza, de la exclusión y como consecuencia, de la negación absoluta de su humanidad, a ella la dejaron morir. Como lo decía la Corte, en un país como El Salvador en el que el aborto es un delito, a las mujeres que se denuncian son las que van a los hospitales públicos, que son las mujeres pobres, no ocurre lo mismo con las que van a las clínicas privadas. 

Pero las Manuelas no existen solo en El Salvador, ni en los países en donde el aborto es delito en todas las circunstancias, Hay Manuelas en todo el mundo, también en España, porque no hay una única forma de trasgredir los derechos sexuales y reproductivos y la salud y vida de las mujeres. Manuela es la mujer con discapacidad o la gitana a la que esterilizaron sin su consentimiento, es la mujer rural a la que le negaron el aborto y en el pueblo tildan de asesina, es la migrante que intentó abortar y fue procesada penalmente por ello y es también paradójicamente, la migrante embarazada a la que le negaron acceder al servicio médico.

Esta decisión llega en un momento en el que la ofensiva antiderechos de grupos ultraconservadores pone en serio riesgo la vida de mujeres en lugares como Polonia y Texas, abriendo una pequeña luz de esperanza. Hoy todas las mujeres que creemos en la igualdad y luchamos por los derechos humanos, celebramos esta decisión como nuestra. No vamos a bajar los brazos hasta que podamos, por fin, vivir una vida libre de violencias. 

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