Acabar ya con el secuestro del poder judicial, así patalee la derecha

Dos veces ha anunciado Pedro Sánchez su intención de reformar el sistema de elección del CGPJ para poner fin a su largo secuestro por parte del PP, y las dos veces ha reculado, en parte por temor a la iracundia de la derecha y la reacción de Bruselas, en parte por la asunción de que una ley en ese sentido habría sido tumbada por un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora. Ahora parece volver a la carga, y cabe esperar que se cumpla el dicho de que a la tercera va la vencida.

Por mucho que nos hayamos acostumbrado a lo que sucede con el CGPJ, estamos ante uno de los ataques más graves a la institucionalidad del Estado en esta etapa democrática. El PP, reacio a perder el control del órgano rector de los jueces, ha pisoteado sin miramientos la Constitución para impedir con los más variados pretextos todos los intentos de renovación, que por la nueva aritmética parlamentaria darían la mayoría al sector progresista. En esa cruzada ha contado hasta ahora con la complicidad disfrazada de equidistancia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y la red de último recurso de los magistrados amigos del TC. Sin embargo, el escenario ha cambiado: el bloque de progresistas y nacionalistas periféricos ha revalidado su mayoría en el Congreso y el TC tiene ahora mayoría progresista pese a los esfuerzos de la derecha por evitarlo. Lo que no ha cambiado un ápice es la virulencia del PP y de Vox, que previsiblemente se recrudecerá si Sánchez resulta investido presidente. Y ello sucederá modifíquese o no el método de elección de vocales del CGPJ, de modo que es una pérdida de tiempo seguir jugando a una más que inútil política de apaciguamiento.

El secuestro del CGPJ no solo compromete al PP por vulnerar la norma constitucional que establece para los vocales de dicho órgano un mandato máximo de cinco años. Compromete también a los vocales que siguen atornillados en sus cargos. Y compromete además a las Cortes. La ley orgánica del poder judicial señala, en su artículo 568, que “los presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. Hasta ahora los presidentes de ambas cámaras han esquivado ese deber, quizá con la esperanza de que el conflicto se resolviera de manera amistosa entre los dos partidos mayoritarios, cuyo concurso es imprescindible en el actual sistema de elección por mayoría cualificada. Sin embargo, la renuencia del PP no permite vislumbrar una solución a largo plazo, de modo que no hay ya excusa para que la flamante presidenta del Congreso, Francina Armengol, cumpla con su obligación legal y, en sintonía con el Gobierno, saque al poder judicial de su atolladero. Es cierto que el PP dispone ahora de mayoría absoluta en el Senado, pero el Congreso tiene la potestad de rechazar vetos o enmiendas procedentes de la cámara alta.

La Constitución establece que los ocho vocales propuestos por las Cortes –cuatro por cada cámara– se elijan por mayoría de 3/5. El método de votación de los 12 vocales restantes –que se eligen “de entre” jueces y magistrados, no “por” jueces y magistrados como repite machaconamente la derecha– lo delegó la Constitución en el desarrollo de una ley posterior. Fue la ley orgánica del poder judicial de 1985 la que extendió a este grupo la exigencia de la mayoría cualificada. El PSOE y Podemos registraron en el Congreso en 2020 una proposición de ley para modificar el sistema de elección de esos 12 vocales, de modo que, si no se consigue la mayoría de 3/5, se realice una segunda votación, esta vez por mayoría absoluta (la mitad más uno de los diputados de las Cámaras), con el fin de evitar el bloqueo y cumplir así el mandato constitucional de la renovación. La derecha política y mediática puso el grito en el cielo, habló –¿lo adivinan?– de golpe de Estado, y consiguió que la Comisión de Justicia de la UE, a través de su portavoz, expresara su preocupación ante la posible reforma, lo que disuadió al Gobierno seguir adelante con su proyecto. 

El último obstáculo puesto por el PP es que, antes de cualquier renovación del CGPJ, el PSOE debe acceder a una reforma para que los 12 vocales propuestos por jueces y magistrados sean elegidos por estos y no por las Cortes. La derecha pretende así hurtar el órgano rector de los jueces de las reglas de representación democrática, con el argumento tramposo de “despolitizar” la justicia. En realidad, lo que busca es asegurarse la fidelidad de un CGPJ de mayoría conservadora fuera de todo control democrático. El PP y sus medios amigos repiten una y otra vez que las “instituciones y órganos europeos” defienden que los jueces se elijan entre ellos, corporativamente. Falso. Tal como señalaba Enrique Santiago en este artículo, la UE ni exige ni plantea un método para elegir al CGPJ. Es más, en Europa existen diversos sistemas de elección de los cuerpos rectores de la magistratura. Y en algunos países ni siquiera existe un órgano semejante. No está de más refrescarle la memoria a nuestra indignada derecha: el presidente Mariano Rajoy, en la reforma de la ley del poder judicial de 2013, mantuvo la elección de los jueces por el Congreso, con el argumento de que la soberania popular reside en las Cortes, pese a que en su programa había prometido dejarla en manos de los propios jueces. En ese momento tenía mayoría absoluta en ambas cámaras. Le convenía. No consta que los suyos salieran a las calles a protestar.

Lo que España no se puede permitir por salud democrática es que la anómala situación actual se siga pudriendo de manera indefinida. La renovada mayoría del Congreso debe pasar a la acción, así grite y patalee la derecha. Será en cualquier caso el Tribunal Constitucional, no las algaradas del PP y Vox, el que determine si una eventual reforma legislativa se ajusta o no al texto fundamental. Y en el caso de que Bruselas exprese reparos, habrá que explicarle sin temblores de voz que la derecha española no ha dejado otra salida para cumplir con la Constitución.

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