Andaluz rico, andaluz pobre

Casi cuatro de cada diez habitantes de Andalucía está en riesgo de ser pobre, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística referente a los datos del 2021. El año anterior ese porcentaje era inferior (3,3 puntos menos). Si se compara la tasa por comunidades se comprueba que Andalucía es la que sale peor de todas, solo por detrás de Extremadura con un 39%. El Gobierno de Juan Manuel Moreno se podría haber propuesto que los pobres fuesen menos pobres, pero prefiere que los ricos sean más ricos. Porque para combatir la desigualdad lo primero es legislar con el objetivo de que exista un reparto equilibrado de riqueza y rentas. Solo así se puede reducir la brecha. 

No hace falta ser un fan de Thomas Piketty ni haber leído su Breve historia de la igualdad (Deusto/Edicions 62) para entender que las reglas que permiten repartir la riqueza están basadas en opciones políticas y que estas son reversibles a no ser que se considere la desigualdad como algo natural que no hay que corregir. Los impuestos son el instrumento que tienen las administraciones para reducir las desproporciones entre la minoría que concentra una mayor riqueza y unas clases desfavorecidas que cada vez lo son más. Gobernar en el sentido contrario y más en un contexto económico como el actual es simplemente una obscenidad. 

Lo hizo antes Isabel Díaz Ayuso y ahora le sigue Moreno. El propósito del presidente andaluz es atraer a las grandes fortunas, principalmente las catalanas, que, por escrúpulos o decencia, han preferido no cambiar su domicilio fiscal a Madrid pese a la alfombra roja que les han puesto. Catalunya recauda actualmente el 45% del impuesto de patrimonio del conjunto del Estado. En el 2020 lo pagaron 82.465 catalanes, o lo que es lo mismo, el 1% de los ciudadanos de esta comunidad. Si se recauda más en Catalunya es porque sigue siendo una de las que genera más riqueza (el 19% del PIB) pese a que hay otros territorios como Baleares, Comunidad Valenciana o Asturias en los que el porcentaje real que pagan este tipo de rentas es algo superior. 

Las consecuencias del modelo fiscal de Ayuso y Moreno son conocidas aunque el PP las intente esconder (es preferible pensar eso que concluir que les da igual). La ausencia de Impuesto sobre el Patrimonio, las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y las rebajas de tipos en la tarifa autonómica del IRPF aplicadas en Madrid la ha convertido en la comunidad española con una mayor desigualdad. El economista Francisco Melis es de los que mejor lo ha resumido en un artículo publicado en este diario y donde en base a los datos del 2020 se constataba que esa desigualdad supera en un 35% a la existente en el resto de autonomías (descontadas Euskadi y Navarra por tener un sistema distinto). 

Las cifras más recientes, recogidas en el informe sobre Exclusión y Desarrollo Social presentado por Cáritas confirman que la exclusión, lejos de corregirse, ha aumentado en Madrid tras la pandemia y afecta ya a un millón y medio de personas (ha pasado del 17% en 2018 al 22%). Más pobres mientras los ricos son más ricos puesto que los que menos tienen han visto reducidas sus rentas un 22% y los que perciben mayores ingresos han notado un crecimiento del 18%. Ese mismo estudio citaba que el empleo, la vivienda y salud siguen siendo los principales factores que propician la exclusión.    

Aplicando la misma plantilla que Ayuso, Moreno ha decidido favorecer al 0,2 % de los andaluces que más tienen y cuyos problemas evidentemente ni son ni serán el empleo o la vivienda y que en el caso de la salud tiene muchísimas más facilidades que el resto de 8’5 millones de sus conciudadanos. Según los propios datos de la Junta son los 18.000 privilegiados, que a partir de ahora aún lo serán más, que declaran más de 700.000 euros (sin tener en cuenta la vivienda habitual) y a los que la Junta ha decidido perdonar 93 millones.

Es un regalo a los más pudientes, muchos de los cuales se benefician de una legislación que les permite ya pagar menos gracias a la ingeniería fiscal, en un momento en que lo que se les debería exigir es que arrimasen más el hombro. A la vez alimenta una guerra territorial que es un sinsentido y más tratándose de un partido que se llena la boca de la defensa de España. Tal vez sería más preciso que se arrogase la de una parte de los españoles, los que más tienen.