¿Es coherente esta rebaja fiscal con los objetivos de déficit público?

Resulta significativo que, tratándose de una “rebaja fiscal para todos” (así la califica el propio Ministerio de Hacienda), el Anteproyecto de Ley de reforma tributaria haya sido acogido con tanto escepticismo. ¿Será que algunos critican por criticar, lo mismo cuando el Gobierno sube los impuestos que cuando los baja?

Al margen de que este Anteproyecto de Ley no es la “reforma integral” que necesita nuestro sistema tributario y sin entrar a debatir sobre sus aspectos distributivos (cuestión fundamental que merece ser tratada con detalle), hay algo muy evidente que debería interpelarnos. ¿Es coherente esta rebaja fiscal con los objetivos del Programa de Estabilidad, que prevé reducir el déficit público al 1,1% del PIB en 2017 (en 2013 se situó en el 7,1%)? ¿De verdad nos lo podemos permitir? A ver si va a resultar que más adelante nos van a echar en cara haber vivido por encima de nuestras posibilidades…

El Ministerio de Hacienda asegura que sí, que nos lo podemos permitir. Sostiene que todos pagaremos menos impuestos sin que esto disminuya la recaudación total, ya que los 9.000 millones menos de recaudación se compensarán con el ensanchamiento de la base imponible (la rebaja fiscal contribuirá a estimular la actividad económica, lo que incrementará el número de contribuyentes y sus rentas).

Dicho de otra manera, lo que ahora sale de la caja se recuperará con ingresos provenientes de una mayor actividad económica. Podemos estar tranquilos, que esta rebaja de impuestos no nos va a costar nada… Evidentemente, la reacción de la Comisión Europea no se ha hecho esperar.

Recordemos que los ingresos totales de las administraciones públicas españolas en 2013 se situaron en el 37,8% del PIB, solamente superiores en la zona euro a Irlanda, Letonia y Eslovaquia, y notablemente por debajo de las demás grandes economías del continente (44,7% en Alemania, 52,8% en Francia, 47,7% en Italia y 41,1% en el Reino Unido).

Si consideramos que los ingresos se van a mantener constantes, tal y como espera el Ministerio de Hacienda (teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento, el incremento del 4,3% en 2015 anunciado por el ministro Montoro deja la ratio de ingresos sobre el PIB aproximadamente donde está…), es necesario que el gasto público se reduzca desde el 44,8% del PIB en 2013 al 38,8% en 2017 para que el déficit sea equivalente ese año al 1,1% del PIB. No actuando sobre los ingresos, quedan entonces tres vías para alcanzar el objetivo: la reducción del gasto propiamente dicho, el incremento del PIB, o una combinación de ambas cosas (que es lo que va a suceder).

Si damos por buenas las previsiones de crecimiento del Ministerio de Economía, el PIB real en 2017 será un 8,6% mayor que el de 2013 (crecimiento acumulado), lo que contribuirá a reducir el déficit sin que el peso del ajuste sea soportado íntegramente por la reducción del gasto. En concreto el crecimiento económico permitiría llevar el déficit hasta el 3,5% del PIB sin reducir el gasto público y sin aumentar los ingresos. Aún así, para alcanzar el objetivo del 1,1% del PIB, serán necesarios nuevos recortes por importe aproximado de unos 27.000 millones de euros.

Al ministro Montoro no le falta optimismo para confiar que la reducción de los intereses de la deuda y la mejora de la tasa de paro puedan cargar con estos 27.000 millones, y por eso afirma que “la época de la reducción del gasto público en España se ha acabado”.

En cualquier caso, si de verdad la mejora de la recaudación es una tendencia consolidada que permite rebajar impuestos sin alejarse de los objetivos de déficit público, ¿por qué no una reforma tributaria que, de manera equitativa, acerque progresivamente la ratio de ingresos sobre el PIB a los estándares europeos y evite el deterioro de los servicios públicos?

El Gobierno apuesta, en cambio, por destinar íntegramente los ingresos generados por el incremento de la actividad económica a rebajas fiscales, recortando gastos al mismo tiempo (veremos si únicamente en concepto de intereses y ahorro en prestaciones por desempleo).

Sería interesante que alguien en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Economía o en Moncloa argumentase por qué un presupuesto equilibrado con ingresos y gastos en el 37% del PIB es preferible a un presupuesto equilibrado en el 47% del PIB, que es el promedio actual de la zona euro (el promedio en los últimos diez años es 38,0% en España y 45,4% en la zona euro). No estaría de más que se ofreciese algún tipo de estimación, lo más transparente posible, sobre el efecto multiplicador de los ingresos y los gastos públicos, sobre el efecto expulsión de la inversión privada, sobre el impacto de la rebaja fiscal en la evolución de la demanda y en la distribución de la renta, etc.

De otra manera podríamos pensar que esta rebaja fiscal responde a razones que poco tienen que ver con el interés general: una, el calendario electoral (con elecciones municipales y autonómicas en el horizonte) y otra, quizás aún peor, el prejuicio ideológico de que el ajuste fiscal tiene que hacerse, por encima de cualquier consideración, únicamente recortando gastos.

En realidad esto último nos lo dijeron muy claro en marzo pasado, en el informe de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español:

“La ratio de ingresos públicos sobre el PIB se ha reducido sustancialmente en España durante la crisis, situándose ahora entre las más bajas de la Unión Europea.” [Nota: ya estaba entre las más bajas de la zona euro antes de la crisis] (…) “En todo caso, la reforma fiscal deberá ser compatible con las proyecciones de déficit público del Gobierno español en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España de 2013, donde se establecía que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se mantendría constante en el entorno del 37%-38% en el horizonte de 2016.”

Es lo que ocurre cuando se parte de un diagnóstico tautológico (“no faltan ingresos, sobran gastos”) que, además, parece haber calado en la calle. A veces somos muy del gusto de aplaudir proposiciones grotescas como la de tener diputados sin sueldo… Y es que, como efecto colateral de tanta corrupción, muchos ciudadanos viven convencidos de que las administraciones públicas españolas nadan en la abundancia y gastan demasiado, cuando en realidad el problema del déficit es que ingresamos poco y gastamos mal.