La difícil supervivencia de Junts
Junts bajó el dedo pulgar. El partido independentista catalán tenía la llave para que saliera adelante al menos uno de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno, pero ha dicho que no apoyará ninguno. Ni siquiera el blando, el que muchos, comenzando por el presidente Sánchez, pensaban que respaldaría, así fuera sin gran entusiasmo. Pero los de Puigdemont han hecho sus cuentas, han analizado los pros y los contras, y han decidido dar la espalda al clamor de cientos de miles de ciudadanos, particularmente jóvenes, para los que el derecho elemental de tener un techo se ha convertido en un calvario.
Es cierto que Junts, como cualquier partido, tiene un compromiso con sus electores, y una masa considerable de estos son pequeños y medios propietarios de bienes, particularmente inmobiliarios. Pero quien lea sin prevenciones el texto del decreto blando difícilmente llegará a la conclusión de que constituye un atentado contra la propiedad privada. Es cierto que pretende dar más estabilidad a los inquilinos y previene las subidas arbitrarias y codiciosas de los alquileres, al menos en un horizonte de cuatro años, pero al mismo tiempo ofrece algunas interesantes concesiones impositivas a los caseros si rebajan un 5% los alquileres y les cubre las espaldas ante situaciones de impagos en determinadas circunstancias. Hay otras medidas, como la prohibición a los grandes fondos de comprar inmuebles por menos del 70% de su valor de tasación, que sectores de Junts podrían considerar como una inaceptable intromisión del Estado, pero, seamos serios: si esos fondos compran a un 71% del valor, también harán un jugoso negocio. Quien debería enfadarse es más bien la izquierda, que reclamaba una mano mucho más dura contra esos pulpos inmobiliarios.
La decisión de Junts hay que analizarla en clave de supervivencia política. El partido no está en su mejor momento, con unas encuestas adversas y con un adversario, Aliança Catalana, que le está comiendo terreno por la derecha. Aprobar sin más el decreto le podría dar más alas al partido de Orriols, que se presentaría como el verdadero garante de las clases medias catalanas frente a un Junts “entregado” al Gobierno central. Pero, al mismo tiempo, no aprobarlo le puede crear problemas en la política de ámbito nacional, sobre todo si el presidente Sánchez decide disolver las Cortes y convocar elecciones, en un momento en que aún no está completamente resuelto el tema de la amnistía para Puigdemont y otros dirigentes independentistas.
A ello hay que sumar lo que los alemanes llaman el zeitgeist, el espíritu de nuestro tiempo, y este indica que en el ambiente flota un malestar profundo por las dificultades económicas que soporta buena parte de la población y, en particular, por los precios desorbitados de la vivienda. Un malestar que venía creciendo en los últimos y que ha estallado a raíz del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con un 50% de discapacidad.
Con su decisión de rechazar el decreto blando –a diferencia del también conservador PNV–, Junts se alinea inevitablemente en el bando del PP y Vox, y ello, lo sabe muy bien, le puede pasar factura en parte de sus electorado menos incondicional. Quizá en ese sentido hay que interpretar el lenguaje utilizado por Junts al anunciar su no a los dos decretos. No los rechazó con rotundidad, sino que invitó al Gobierno a retirarlos y presentar con celeridad un nuevo texto para corregir algunos aspectos que, en su opinión, provocarían el “efecto contrario” de lo que se busca. Junts intentaba encontrar la cuadratura del círculo: demostrar a sus electores que defiende sus intereses, cerrando el paso a su rival Aliança Catalana, y al mismo buscar algunos retoques del Gobierno que le permitan librarse de coincidir con PP y Vox en la votación de un tema de enorme impacto social.
Junts pretendió dejar la pelota en el terreno de Sánchez. Pero minutos después de que trascendiera su decisión, el Gobierno le respondió que ni hablar, que este viernes presentaría los dos decretos para que todos los partidos se retratasen en la votación. Salvo sorpresa de último momento, el partido de Puigdemont quedará en la foto junto a la derecha y la extrema derecha españolas. Y esa imagen incómoda estará fresca en la memoria de los electores si el presidente del Gobierno convoca comicios anticipados con el cálculo, o al menos la esperanza, de que la rabia por el rechazo de los decretos movilice con más fuerza a los progresistas.
Junts ha apostado. Lo ha hecho en contra de la marea de indignación popular por el drama de la vivienda. Y, probablemente, en contra de sí mismo.