Improvisando mal

Dijo Mark Twain que “suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado”. Ciertamente, la improvisación requiere preparación, estudio y planificación, sea para un discurso, sea para una decisión en cualquier terreno. La improvisación no preparada resulta una mera ocurrencia, una idea inesperada cuyos efectos y resultados no se han calibrado en ningún momento en su integridad.

Y esto es lo que estamos sintiendo, al menos una parte de la ciudadanía. Que el presidente Sánchez improvisa constantemente, pero que improvisa mal, sin estudiar las decisiones y, además, contradiciendo lo sostenido hasta escasos momentos antes.

Ya sé que la gestión de esta epidemia no solo no es fácil, sino que es, sin duda, extraordinariamente complicada y que hacen falta muchos datos y conocimientos, pero también estudio, planificación y, sobre todo, arrojo y valentía. Y esto es lo que, seguramente, más está echándose en falta desde el primer momento.

En este sentido, nos sorprendía en el atardecer del sábado 28 de marzo el presidente del Gobierno con la noticia de que había decidido paralizar toda actividad no esencial, de manera que las personas trabajadoras se queden en casa en mayor número que antes. Y ello en un discurso confuso y en una rueda de preguntas con respuestas eternas y poco clarificadoras. Con la apelación constante a la semana santa, como si ello modificara o suavizara o explicara la decisión, siendo así que la concurrencia de días festivos solo se va a producir en el conjunto del Estado el día 10 de abril, viernes, por lo que muy poca incidencia tendrá este detalle, pese a la insistencia en que serían, en realidad, ocho días laborables y en la desconcertante apelación a la decisión de “anticipar la semana santa”, que todavía no he comprendido.

Improvisó Sánchez la medida y la comunicó a la ciudadanía sin siquiera poder detallar las actividades que se van a considerar esenciales, lo que, si bien consta a grandes rasgos en el RD 463/2020 que declaró el estado de alarma, precisa de muchas concreciones y se dejó para el Consejo de Ministros del domingo y que tampoco se ha aclarado más allá de lo ya decidido, como se desprende de la comparecencia de la Ministra portavoz y de la Ministra de Trabajo, a la espera de la publicación del Real Decreto correspondiente.

La medida no era sencilla, desde luego. Como tampoco lo fue la propia declaración de alarma y la paralización de actividades desde el pasado 15 de marzo. Y ha sido una medida reclamada insistentemente por algunos presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, sindicatos y partidos políticos. Los hemos escuchado reiteradamente solicitarla con urgencia y angustia, por razones tanto relativas a la necesidad imperiosa de frenar la expansión del virus y a evitar el colapso sanitario, como a la de preservar la salud de las personas trabajadoras. Y también hemos escuchado negarla con argumentos que hoy deberían producir enorme sonrojo y también una pública petición de disculpas que aún no se ha producido. Hemos asistido incluso a este mismo debate en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado miércoles, 25 de marzo, en el que se debatía la autorización de la Cámara a la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno, en el que el presidente negó tajantemente la conveniencia de esta medida.

Y no solo ha sido Sánchez. Miren, en la comunidad de Euskadi, en la que yo trabajo y resido, varias fuerzas políticas y sindicatos llevan un par de semanas pidiendo paralizar toda actividad no esencial. Y la respuesta recibida ha sido negativa, como es bien obvio por conocido, e, incluso, incoherente en ocasiones e insultante en otras. Así ha sido, sí, cuando el Lehendakari Urkullu, durante la pasada semana, se mostró partidario de mantener la máxima actividad posible para evitar el “coma económico” o cuando el responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, tachaba, en su blog, de “demagogos reivindicativos que solo hablan de ”derechos“ y jamás de ”deberes“ a quienes, en este contexto, habían propuesto eliminar toda la actividad industrial, resaltando que ”amparados en una falsa seguridad sanitaria abogan por una especie de huelga general total“. Este es el país que tenemos y estos sus dirigentes, los responsables, los buenos gestores, los que, lo digan o no, priman la salud económica a la salud de las personas y dedican tamaños injustos reproches a quienes hacen planteamientos políticos diversos.

Tiene, desde luego, la cuestión muchas más vertientes, aunque, seguramente, menores. De esas que, ahora, carecen de entidad o no deben ser objeto de reproche político, según dicen. Como el que el presidente Sánchez haya anunciado la medida a toda la ciudadanía sin haberla comunicado antes a los presidentes de las comunidades autónomas o la haya adoptado en Consejo de Ministros antes de reunirse con aquellos este mismo domingo a mediodía por videoconferencia. O como que sea el Gobierno de España y no el de cada comunidad autónoma el que decida qué actividades económicas son esenciales y pueden continuar y cuáles deben paralizar su actividad. Tal y como, “sin reprocharlo”, se ha dicho estos días.

Lo dicho, improvisando, hasta el punto de que aún hoy hay mucha gente que desconoce si su actividad laboral se paraliza o no. O que se ha visto sorprendida en fin de semana, sin poder siquiera prever el modo de organizarse y poder sustituir su actividad presencial por otra telemática, siendo así que podía haberse anunciado un par de días antes para facilitar la respuesta de empresas y trabajadores.

O el lío de medidas superpuestas, que aún no he podido ver claras, pues aún no he leído el último Decreto. Porque, ¿para quién se han prohibido los despidos por causa de la COVID-19? Pues no será para quienes tienen paralizada su actividad y se hallan en situación de permiso retribuido. O lo que ocurre con quienes ya estaban en situación de ERTE, que la ministra Díaz ha aclarado en su comparecencia, de que siguen en tal situación. O mi idea clara de que esta medida se ha adoptado en los términos en que lo ha sido –permiso retribuido recuperable– para evitar nuevos ERTE y aligerar así, o no empeorar, la situación económica del SEPE, ahorrándole abonos de nuevas prestaciones de desempleo. O la situación de las personas empleadas del hogar, que hace muy poquitos días, en palabras de la ministra Díaz, iban a ver aprobada una prestación por desempleo extraordinaria para esta situación –ellas, que, por una injusta legislación, no tienen todavía derecho a esta prestación– cuestión de la que no se ha dicho ni una sola palabra más y que, sin duda, va a dormir el sueño de los justos.

Pues sí, improvisando sin preparar, planificar o estudiar los resultados.

A la espera de nuevas medidas igualmente improvisadas que, no dudo, las habrá.