Indultos sobre un relato trucado

Llevamos tantos años de tergiversar lo ocurrido en Catalunya que muchos han olvidado asuntos fundamentales del procés. Lo cierto es que se ha impuesto un relato que contradice y encona la propia sentencia del Supremo, salpicándolo de gravísimos delitos no probados. Llegada la hora de –al menos- los indultos es la “verdad” que prevalece. Excitando los ánimos en busca de beneficio político.

De entrada, la sentencia del procés nunca debió producirse en estos términos. Causó estupor y escándalo en Europa, y más tras haber visto las brutales cargas policiales del 1-O, bajo mando de Mariano Rajoy, que dieron la vuelta al mundo, rompiendo el relato que mantenían. “Veredictos despiadados para los separatistas”, titulaba el periódico francés Libération “Encarcelamientos draconianos” que “avergüenzan a España y conmocionan a Europa”, según los editoriales de The Guardian que pedía urgente solución desde Madrid y Bruselas. 

Lo reajustaron de inmediato y escribieron una historia llena de subversiones y golpes de Estado, difundida por sus medios, con gran éxito de público en buena parte de España. Pero, al margen de los antecedentes de enorme significado, el hecho es que la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo trabó unas conclusiones que hasta se apartan del relato actual. Y a pesar de los intentos por culpar a los políticos independentistas hasta casi del fin del Imperio Romano, el alto Tribunal solo pudo condenarles por hacer “un simulacro” (sobre la Declaración de Independencia) que engañó a los ciudadanos buscando “presionar al Gobierno para la negociación de una consulta popular”, argumentaron. Un simulacro que conllevó penas entre 9 y 13 años de cárcel.

A Carme Forcadell, presidenta del Parlament, la sentenciaron a 11 años y medio al adjudicarle la responsabilidad principal “a la hora de aprobar el cuadro normativo que creó una legalidad paralela”, dijeron, para debatir la formulación como ley del procés. Los 'Jordis', Jordi Sànchez (Asamblea Nacional Catalana), y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural ), “alentaron a ocupar los colegios” y a “impedir la actuación policial” el 1-O , según la sentencia, con sus tuits y declaraciones. Con sus tuits. Siendo personas especialmente pacíficas como valora  el propio Tribunal.

No hubo golpe de Estado, ni violencia organizada, ni rebelión, ni secesión. El Supremo aplicó la sedición, una figura penal de origen autoritario y que no aparece como tal en buena parte de las legislaciones europeas. Ahora, para tratar de frenar los indultos, enmienda su propia sentencia, como explicaba el director de ElDiario.es. Viene a equipararla, escribe Ignacio Escolar, con delitos de rebelión o alta traición de Alemania, Francia o Italia. El abogado Gonzalo Boye explica también que el Informe del Supremo cita el artículo 81 del Código Penal alemán que contempla el delito de alta traición y que ellos confunden con el de rebelión-sedición española. De hecho, aclara Boye, “el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, en el caso del president Puigdemont, llegó a la conclusión de que esos hechos no eran constitutivos de ningún tipo de delito”. Ninguno.

De los seis magistrados que remodelan su veredicto de 2019 para oponerse a los indultos, cinco ocupan ese puesto aupados por el PP. Una y otra vez nos encontramos con esa grave deficiencia: un poder judicial atrincherado con el PP para seguir mandando en nombramientos y decisiones judiciales.

Los tribunales europeos no han cedido a entregar a España a los tres políticos que se fueron antes de entrar en este círculo y para externalizar ante la opinión pública las circunstancias del conflicto. La justicia europea ha dado continuos varapalos a la española en este proceso que, se dice, parece moverse en términos ideológicos más que jurídicos. Aquí lo siguen recibiendo con ese espíritu por el que Francisco Franco hablaba de la conspiración judeomasónica internacional contra España, reserva espiritual de occidente.

Lo máximo que han conseguido es que el Parlamento Europeo haya retirado la inmunidad a Carles Puigdemont y los ex consejeros Comín y Ponsatí –que en el largo proceso resultaron elegidos eurodiputados-. Aseguran que así se puede reactivar la euroorden de detención contra el expresidente catalán suspendida desde enero de 2020. Fueron 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. Un resultado que valorará el Tribunal de Justicia Europeo, donde acabará el contencioso.  

Siempre fue un tema a resolver por cauces políticos. Durante siglos ya, desde los Decretos de Nueva Planta de Felipe V promulgados por intereses dinásticos. En este tramo tan lleno de tremendas consecuencias para posibles torpezas, tuvieron un papel decisivo Mariano Rajoy y Artur Mas, siempre mirando por lo suyo. En la progresión del uso de los sentimientos de muchos catalanes y españoles, Rajoy se aplicó a fondo y logró que el independentismo catalán se triplicara con creces pasando del 15% al 48% en una década. Artur Mas también lo utilizó, creyendo que los miles que salían en la Diada lo hacían por él.

El nacionalismo es un sentimiento que puede llegar a ser profundamente visceral y crear enormes susceptibilidades a favor y en contra unos de otros si confrontan. Ante eso encajan mal las razones. El problema básico es que en el propio territorio, en Catalunya, también chocan, por cuanto implica hasta de forma de vida. Lo último que debió suceder fue encauzar tan estrepitosamente mal esta última fase. De las muchas que ha tenido y tendrá.

Y es que no solo se dirimen unidades patrias y nacionalismo, sino poder en el caso de la derecha española. La brutal campaña emprendida contra el Gobierno por intentar el indulto, cargada de mentiras y exageraciones, de altavoces y pronunciamientos, así lo prueba. Se asemeja a un chantaje conminatorio.

Allí vuelven a comparecer las Cayetanas y los Casados. Las Arrimadas y los Cantós. Los mismos que aprueban en Murcia, a exigencias del partido neofascista Vox, que se cante el Himno Nacional en las aulas presididas por un retrato del Rey. La inefable Rosa Díez convocando otra foto de Colón. Y los González y Guerra, los García-Page y alguno más de los reyes de Taifas del clientelismo. La derecha dura de este país. Los del Partido Español que no usa las otras siglas en las que dicen militar. Y contribuyen a la ofensiva desaforada contra el Gobierno que preside el secretario general de su partido, Pedro Sánchez.

Un indulto es un ataque a la nación, dicen su ejército mediático. Poner las urnas, el mayor al Estado de derecho. Y Sánchez en “ataque a la nación… para seguir aferrado al poder”, han llegado a editorializar en el que parecía faltar la frase “a pesar de nuestros denodados esfuerzos por tumbar al Gobierno”. Pedro Sánchez salió elegido por una mayoría histórica que forma parte de este país. Y a la que sin duda se debe en cumplimiento del propio mandato ciudadano. De “la oposición” solo ha recibido puñaladas. Incluida la de su partido.

Nadie se sube a las barbas de este Estado corrupto si así lo sienten sus mandamases. Es lo que parecen avisar. Y demostrar. Algunos de los que no acatan el designio lo pagan muy caro. Desde políticos y abogados, al propio pueblo catalán. Me autocito con la impresión de la sentencia del procés hace ya dos años, tras muchos de incidencias. Nos hizo constatar que, en las decisiones de poder, España siempre derrapa por el mismo sesgo, o siempre carga del mismo pie. Es una mezcla de autoritarismo, involución y torpeza que no mejora con el tiempo y el desarrollo.

Y ha ido a peor. Por encima de la grave crisis mundial provocada por el coronavirus. La derecha plena con todos sus tentáculos va a por el Soldado Sánchez, conminándole a que no entorpezca el trucado relato de los inexistentes golpes de Estado –de los que tanto saben- himnos patrióticos, unidades de destino en la trampa y la involución. Con la mirada en los millones de ayuda a la pandemia de Europa. 

Recuérdenlo dentro de otros dos años. Lo que pase entonces se sigue escribiendo ahora.