Una intolerable violación masiva
El espionaje tiene una sola ley moral: se justifica por los resultados
Las pruebas técnicas realizadas por The Ciziten Lab en Canadá y recogidas por The New Yorker -la revista de calidad con las mejores portadas que un periodista haya soñado nunca- evidencian que en nuestro país ha habido víctimas de una violación masiva e intolerable de derechos fundamentales. No sólo presidentes de la Generalitat, depositarios de un poder constitucional, e independentistas varios sino también abogados, amparados por el derecho de defensa, y diputados electos. Un escándalo democrático de tremendas dimensiones y de consecuencias inimaginables.
Eso es así. No muevo una coma. Más de 60 personas en nuestra querida democracia han sido sometidas a una violación masiva y brutal. No sólo han accedido a su móvil de forma ilegal sino a todo lo que contiene un móvil -mensajes, llamadas, correos, fotos- y lo han podido utilizar además a su antojo -oyendo, usando la cámara-, en una estremecedora vulneración de derechos fundamentales. No lo puede uno ni imaginar. Y no sólo a ellos sino a todos los que han contactado o se han citado con ellos. Da escalofríos. Cientos de personas cuyos derechos más básicos han sido atropellados. Es imposible que una democracia seria acepte y pase de puntillas sobre tal bestialidad y, sin embargo, veo que en muchos de los medios de masas se ha pasado sobre tal cuestión de puntillas y en otros se ha cogido el rábano por las hojas sin plantearse la verdadera dimensión de lo sucedido.
Miren, yo puedo vivir en un país en el que haya que protegerse de políticos corruptos y de vividores y clases extractivas que quieran arrebatarnos los bienes públicos. Es de humanos. Siempre ha habido chorizos y manzanas podridas. Cosa distinta es vivir en un régimen en el que no se respete la intimidad ni los más básicos derechos y se espíe al adversario político con medios públicos. Eso significaría la corrupción final, el derrumbamiento de la esfera democrática. Por eso lo de Fernández Díaz y su policía patriótica era tan grave como muchos no han querido comprender.
La cuestión es que este asunto, que debe ser investigado y esclarecido, sólo parece preocupar a los inocentes y a los maliciosos. Los inocentes son aquellos que han comprado el aserto inicial “han sido espiados con Pegasus, un sistema israelí que sólo se vende a estados ergo ha sido el Estado y por ende el Gobierno” y los maliciosos que son los que compran ese planteamiento porque les viene bien darle al estado español y al Gobierno a modo y manera. Entre estos últimos se cuentan los políticos catalanes. Curiosamente los medios y los políticos de derechas que han atacado a Sánchez por tierra, mar y aire y que le han acusado hasta de jugar al mus con Belcebú, están callados y bien callados con este asunto, lo que hace reflexionar.
El tema es gravísimo. Ni mascarillas ni leches. Esto lo supera todo. Ahora bien, asumir como han hecho los de Podemos -que está en el Gobierno, ¡coñe!- los de ERC y otros, que “Pegasus sólo se ha vendido a estados” y que eso implica que este espionaje infecto procede del Gobierno de Sánchez es de ser o simple o malvado. En realidad no es cierto. La movida es mucho más complicada y así hay que afrontarla. Es posible que NSO Group defendiera al principio de los tiempos que su peligroso invento sólo se vendía a estados decentes con la autorización previa del Ministerio de Defensa israelí. Eso duró poco. ¿Qué empresa acepta ver tan limitado su abanico de clientes? Lo cierto es que pocas y esta tampoco. NSO está acusada de muchas cosas y en diferentes tribunales, incluidos los israelíes, ya que Pegasus fue utilizado para espiar a ministros israelíes y vendida sin control a gobiernos hostiles y, quién sabe, vendido en general sin que sepamos a quiénes.
Con estos mimbres nos tenemos que acercar al problema de base que acecha a nuestra democracia. Comprar el silogismo “los independentistas catalanes y vascos fueron espiados con Pegasus y como Pegasus sólo se vende a estados ha sido el estado español” es demasiado simple. Electos y abogados y periodistas han sido espiados miserablemente con Pegasus pero no sabemos por orden de quién ni a través de quién. Tal y como está el patio, para disponer de ese sistema sólo hay que tener mucha pasta y eso no sólo es patrimonio de los gobiernos. Solo NSO sabe a quién interesado en los procesos independentistas españoles le vendió el invento.
Yo no creo que ni por asomo el gobierno de Sánchez supiera que se estaba produciendo esa violación masiva de los derechos fundamentales de tanta gente. En realidad ¿para qué y con qué motivo? El gobierno progresista es el que ha establecido una interlocución con los independentistas que no tenía el gobierno de Rajoy, es más, han indultado a aquellos que fueron condenados por la furia penalista de los conservadores. ¿A cuento de qué iban a emprender tal espionaje furibundo e indiscriminado? No, no. Además lo han negado con toda la contundencia que pueden hacerlo porque, no lo olvidemos, hay normas respecto a los servicios secretos que por legislación, prudencia, efectividad y lealtad con los aliados no pueden vulnerar. Aun así, si se les escucha atentamente, han sido suficientemente claros.
Que el gobierno español no haya violado los derechos fundamentales de tanta gente es un alivio pero no espanta el problema ¿Quién ha sido? Tanto si la respuesta son estados extranjeros como si la respuesta es españoles financiados por quien no sabemos, que han accedido al programa, es igualmente inquietante. Hay quien comenta que la venta de estos productos ahora mismo responde a la misma lógica que la de los traficantes de armas. Lo mataron con un fusil de asalto de los que tiene el ejército no puede ser traducido por lo mató el ejército. Así son las cosas. Yo no creo ni por asomo que el Gobierno esté pringado en algo tan sucio y tan vil y no lo creo porque si así fuera tendría que estar planteándome largarme de este país. ¿A dónde? Pues no lo sé. Macron y parte del poder francés fue espiado también con Pegasus y ahí andan investigando si fue Marruecos o Israel.
Si no ha sido el Gobierno ¿significa que no tiene ninguna responsabilidad? Va a ser que no. Lo cierto es que han sido espiados cargos electos y diputados cuyos terminales son propiedad del Congreso de los Diputados. Esta es una peligrosa cuestión que atañe de cerca al poder legislativo que no puede aceptar tal violación de los principios básicos de la actuación parlamentaria. El Gobierno, por su parte, no puede pasar por alto conocer quién viola las normas democráticas en el territorio nacional sin su conocimiento. Si son servicios extranjeros, malo. Si son incontrolados españoles financiados por empresas o por capital español o extranjero, peor. No me cabe la menor duda de que el CNI debe ocuparse de investigar qué ha pasado y quién nos la ha jugado en nuestra propia casa.
Cosa distinta es que, como algunos provocativamente proponen, la cuestión esté amortizada por el hecho de que fue dirigida contra los malvados independentistas que se merecen que el estado se defienda de ellos. Esto sí que es como el poema de Niemöller. A ver quién tiene el invento, no sea que mañana vaya a por los rojos o a por los azules o a por los a rayas. El Gobierno español tiene la obligación de defender el espacio democrático de estas intromisiones porque tenemos derecho a que nuestros derechos no sean violados por propios o por ajenos en nuestro territorio y porque se han producido injerencias en la inviolabilidad de las Cámaras, al ser espiados ilegalmente sus miembros.
Lo que también me llama la atención es que tantos medios conservadores o de muy derechas o incluso fachas, estén pasando de puntillas sobre este asunto en el que los catalanes se han lanzado a degüello contra Sánchez. ¿No tiene ganas de arrearle al sanchismo con esto o es otra cosa? ¿saben que es mejor estarse quietos?
La cuestión es gravísima, de las que hace tambalearse un sistema, pero la solución al enigma no es fácil. Por eso espero que los tres poderes del Estado se involucren en la investigación para resarcir a los agraviados y para evitar que esto vuelva a suceder.
Exigir lo exigible y no pedir lo imposible. Implacablemente. Esa es la cuestión.
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