Juzgar el franquismo

Es lo que sucede cuando se intenta esconder el pasado bajo la alfombra.

Hace casi medio siglo, España se enfrentó a un nuevo escenario tras la muerte del dictador Franco, y los líderes políticos de aquel momento consideraron que, ante una coyuntura tan excepcional, no había otra alternativa que hacer las cosas como se hicieron: mirando hacia adelante con anteojeras, sin el más mínimo examen de conciencia colectiva sobre lo que había ocurrido en las últimas cuatro décadas. Todo aquello era un baúl poblado de fantasmas que no convenía abrir bajo ningún concepto, so pena de nuevas desgracias.

La primera gran medida que tomaron las Cortes preconstitucionales fue la promulgación de la ley de Amnistía de 1977. Su objetivo más visible era liberar a los presos políticos del franquismo que quedaban en las cárceles, borrar los historiales delictivos elaborados por la dictadura contra sus opositores y amnistiar las acciones cometidas por organizaciones separatistas, primordialmente ETA. El único partido que no la apoyó fue Alianza Popular, antecesor del Partido Popular. “Parece que ahora la preocupación fundamental es amnistiar, no gobernar, y esto es la política más peligrosa y desestabilizadora de cuantos puedan seguirse”, manifestó el portavoz de AP, Antonio Carro, al anunciar la abstención de su grupo. Sin embargo, el mayor beneficiario de la ley terminaría siendo la dictadura, pues el texto sirvió -y ha servido hasta hoy- como parapeto jurídico para impedir cualquier investigación judicial sobre las atrocidades cometidas bajo su implacable régimen. 

No sorprende que el PP defienda ahora con ahínco la ley de Amnistía y esté en pie de guerra contra la enmienda del PSOE y Unidas Podemos a la Ley de la Memoria Democrática que podría abrir el camino al enjuiciamiento de los crímenes franquistas. Esa posibilidad “dinamita los acuerdos de la Transición”, han reaccionado con indignación los populares. El problema es que, por mucho que algunos se resistan a aceptarlo, las costuras de aquel pacto están rotas. En gran parte porque sus artífices rehusaron entender que la Transición era eso, un instrumento provisional para salir de un atolladero, y pretendieron hacer de ella una institución eterna e incuestionable, eludiendo la responsabilidad de construir un relato con potentes anticuerpos democráticos en el que quedara nítidamente claro, sobre todo para las futuras generaciones, que en España hubo quienes defendieron la legalidad y quienes se sublevaron contra ella.

Aquella forma peculiar de entender la “reconciliación” ha permitido el desolador espectáculo de que, mientras el franquismo dio solemne sepultura a los muertos de su bando en la Guerra Civil, las familias de los muertos republicanos continúen buscando a sus seres queridos en las cunetas y en fosas comunes, con unas ayudas financieras del Estado que solo se aprobaron en el Gobierno de Zapatero y que fueron suspendidas durante el mandato de Rajoy. También ha abonado el terreno a un preocupante revisionismo histórico que culpa descaradamente de la Guerra Civil a los republicanos y equipara a los españoles que lucharon en la División Leclerc con los que participaron en la División Azul. Y es lo que ahora desata un terremoto político por la posibilidad de que se abra un resquicio para investigar judicialmente los crímenes de lesa humanidad del franquismo, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por España que declaran imprescriptibles esos delitos.

Quizá inquieto por el paso que ha dado, el PSOE dice ahora que la ley de memoria no contempla el enjuiciamiento de los crímenes franquistas, puesto que el Estatuto de Roma, incorporado al Código Penal en 2002, no tiene carácter retroactivo. Sin embargo, prestigiosos juristas replican que los compromisos internacionales firmados por España impiden la irretroactividad o la prescripción de tales delitos. Ese principio lo tienen muy claro en Alemania, por ejemplo, donde el mes pasado comenzó un juicio contra un excabo nazi de 101 años de edad, acusado de complicidad en la muerte de 3.518 prisioneros en un campo de concentración entre 1942 y 1945.

Hasta ahora, el Tribunal Constitucional y el Supremo han actuado como muro de contención contra cualquier intento por juzgar el franquismo, como sucedió cuando el juez Garzón se declaró en 2008 competente para investigar la desaparición de los perseguidos durante la dictadura, una osadía que le costó la carrera judicial. Lo que está por ver es qué decisión tomarán ambos tribunales una vez se apruebe la enmienda a la ley de la memoria y ante la ofensiva creciente de la ONU y las más importantes organizaciones de derechos humanos para que la ley de amnistía deje de ser una coartada para la impunidad.

Juzgar los crímenes de lesa humanidad del franquismo difícilmente tendrá mayores efectos penales, puesto que los principales responsables ya no viven. Pero la sola instrucción de las causas sería un acto de justicia con las víctimas y sus familias, así como una herramienta para construir la historia judicial de la dictadura y llenar un vacío que clama desde las cunetas. Un vacío que los arquitectos de la Transición creyeron, algunos quizá de buena fe, que nunca haría falta llenar.