Ley no escrita
El fortalecimiento de los entes subcentrales tiene que suponer simultáneamente el fortalecimiento del ente central. En esta ley no escrita descansan todos los Estados políticamente descentralizados, se llame como se llame el ente central, Federación, Bund, Estado o los entes subcentrales: estados, Länder, regiones, comunidades autónomas. El fortalecimiento de las partes no puede suponer el debilitamiento del todo. Si esto ocurre, acaban debilitándose tanto las partes como el todo. Es la propia supervivencia de la forma políticamente descentralizada del Estado la que se pone en cuestión.
La vigencia de esta ley no escrita la estamos comprobando en nuestro país. El Estado de las Autonomías español ha sido el estado más legítimo y más eficaz de toda nuestra historia. Ha sido el Estado que puede ofrecer una mejor ejecutoria tanto hacia dentro: ejercicio de los derechos fundamentales y regularidad en el funcionamiento de los poderes públicos, como hacia fuera: presencia de España en Europa y en las demás organizaciones internacionales acreditadoras de la solvencia de un Estado.
Ello ha sido posible en gran medida por el reconocimiento en la Constitución y el ejercicio después del derecho a la autonomía a través de la aprobación de los Estatutos de Autonomía. Las Comunidades Autónomas, que no habían existido en nuestra historia constitucional, se convirtieron en actores políticos notables, con una concentración de poder y de recursos verdaderamente extraordinaria.
Este fortalecimiento de las comunidades autónomas fue una sorpresa. Nadie la previó. A ninguno de los protagonistas del proceso constituyente primero y de los procesos estatuyentes después, se les pasó por la cabeza que el Estado de las Autonomías iba a acabar siendo el que fue. Las dudas que acompañaron al proceso en los momentos iniciales del mismo fueron más que notables. En los Primeros Pactos Autonómicos, con la UCD todavía en el Gobierno, las dudas eran muy visibles. Hasta los segundos Pactos entre el PSOE y el PP, no quedarían despejadas.
Para entonces ya había quedado claro que el enorme fortalecimiento de las Comunidades Autónomas no había supuesto debilitamiento del Estado sino todo lo contrario. La compatibilidad del principio de unidad política del Estado con el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran, que tanto preocupó al constituyente cuando tuvo que redactar el artículo 2 de la Constitución, se había revelado no solo como posible sino como fructífera. Los mejores años de la historia contemporánea de España.
La confianza en el cumplimiento de esta ley no escrita se empieza a perder en el momento en que se inician los procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía en la primera década del presente siglo. La reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya se vivió por un porcentaje muy considerable de los ciudadanos españoles no residentes en Catalunya como una ruptura de dicha ley. Catalunya pretendía fortalecerse debilitando al Estado. Esa es la impresión que se transmitió fuera de Catalunya.
Ciertamente algo o incluso más que algo de eso había en el Proyecto de Reforma que fue aprobado por el Parlament. La encuesta del CIS inmediatamente posterior así lo testificaría. La aprobación de dicho Proyecto de Reforma produjo una enorme inseguridad e irritación fuera de Catalunya. A dicha inseguridad e irritación se subiría el PP para atacar frontalmente el proceso. Ataque que se mantendría incluso después de que el Congreso de los Diputados hiciera un control de constitucionalidad sumamente intenso del Proyecto, el famoso “cepillado” de Alfonso Guerra.
Desde entonces la desconfianza no ha hecho más que ir a más. Se ha roto algo intangible, algo que no está escrito en ninguna parte, pero sin lo que el Estado de las Autonomías no puede funcionar. Puede continuar operando por inercia, pero sin convicción ni en las partes ni en el todo. El Estado de las Autonomías ha dejado de ser la que durante casi treinta años los españoles de todas las nacionalidades y regiones pensamos que debía ser la forma de Estado de la democracia española.
Es posible que haya quienes piensen que con la aplicación del artículo 155 CE se superará esta crisis de confianza y volveremos a lo que se está llamando “normalidad”. Los obispos son los últimos que se han incorporado a este punto de vista.
Ojalá me equivoque, pero me temo que no va a ser así. El 21-D empezaremos a saber algo más al respecto.
