Manostijeras

Cuando Ruiz-Gallardón llegó al Ayuntamiento traía consigo una serie de proyectos que se hicieron realidad a lo largo de los primeros años. El soterramiento de la M-30; cambiar un edificio austero del siglo XVII, antigua cárcel, por un majestuoso palacio del siglo XX; conseguir la elección de Madrid como sede olímpica; remodelar el eje Prado-Recoletos… Proyectos todos ellos con un denominador común, cemento y, por lo tanto, dinero para las empresas constructoras. Ya lo dijo Cristina Almeida cuando se le propuso como candidato a Alcalde: “Hace obras que benefician a los ciudadanos, pero que más benefician a los intereses que representa. Le gusta echar cemento, escuchar música a solas o con sus interesados amigos”.

Nunca salieron las cuentas. La M-30 pasó de un coste de 1.700 millones de esuros a más de 6.000; la Caja Mágica, de 120 millones a 294; el Centro Acuático comenzó con 137, y ya va por 192 y lo que le queda. Pero también se derrochó dinero en las sedes municipales y obras en Cibeles: en 2010 se estimaba que el montante anual de alquileres se elevaba a 52 millones, mientras que la reforma de Cibeles estuvo en torno a 500 millones. Madrid pasó a ser la ciudad más endeudada de España.

Y llegó la crisis, golpeó de lleno a España y en Madrid hubo que echar el freno a las inversiones faraónicas, al engrosamiento de la cúpula municipal, al derroche generalizado… Habría estado bien, pero no fue así. Cuando Rodríguez Zapatero decreta un ahorro de 1.200 millones por parte de las Comunidades Autónomas, Ruiz-Gallardón, en un alarde de generosidad, comunica que el Ayuntamiento de Madrid va a ahorrar 1.000 millones paralizando todas las inversiones que no estuvieran adjudicadas. ¿De qué inversiones hablaba? ¿Ya no se iba a construir la Ciudad Olímpica? ¿O no se iba a reformar la Peineta? ¿Quizá se paralizaría el Eje Prado-Recoletos?... Nada más lejos de la realidad, las inversiones afectadas eran las que aportaban menos al proyecto del PP: equipamientos sociales, escuelas infantiles, remodelación de calles en los barrios, inversión en equipamientos culturales…

Se recortaron subvenciones a las Asociaciones vecinales, culturales, deportivas, se incrementaron requisitos para recibir ayudas sociales, se vendieron inmuebles municipales para poder seguir pagando los alquileres.

Pero no todo podía ser negativo, al menos para unas cuantas empresas había esperanza, materializada bajo el nombre de externalización y contrato integral. No importaba que hubiera empleados públicos que ya realizaran ese trabajo de forma más barata, había que mantener a las empresas amigas y nada mejor que adjudicarles varios contratos de servicios por los que se les darían 1.944 millones de euros.

El resultado es que se paga un 30% más por un servicio prestado hasta hace poco por el Ayuntamiento de manera directa. Además a la hora de concursar prima la oferta más barata sobre la calidad, lo que produce que la reducción de la oferta sea proporcional a la reducción de la calidad del servicio y de la plantilla que lo presta.

Pero hay que ser justo, esta manera de actuar no era exclusiva del anterior alcalde. La actual alcaldesa heredó el cargo y con él la visión económica proempresarial y antimunicipalista.

Siempre indican que el titular de la Alcaldía goza del cargo de Excelencia, pero se olvidan de señalar que además tiene apellido: Manostijeras.