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Oír, ver y no grabar

Activistas ecológicas se pegan al marco de los cuadros de 'Las Majas' de Goya en el Museo del Prado.

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“No hagan fotos”, “Deje ya de grabar”, “No es información”, “Está grabando y no nos interesa que grabe”. Unas palabras nerviosas de una trabajadora del museo del Prado durante la acción de dos activistas el pasado día 5 esbozan, sin querer, la realidad a la que nos enfrentamos habitualmente los fotoperiodistas en este país: casi siempre hay alguien que te dice qué, cuándo y dónde fotografiar de acuerdo con sus intereses, o de acuerdo con los de las personas para las que trabajan. Responsables de prensa, personal de seguridad, porteros, policías, militares e incluso manifestantes en ciertas protestas intentan controlar lo que haces y que sólo muestres lo que ellos quieren. Pero nuestro trabajo consiste en documentar todo lo que sea relevante informativamente hablando.

Muchos fotoperiodistas cubrimos habitualmente convocatorias de diferentes movimientos sociales. Algunas son públicas y pueden encontrarse fácilmente en las redes sociales. Otras son acciones transgresoras que se llevan con la máxima discreción y en las que el factor sorpresa es determinante: cortes de carreteras, sentadas, ocupación de oficinas bancarias, etc. Al igual que hay periodistas especializados, por ejemplo, en deportes, sucesos o tribunales, también los hay en movimientos sociales. Los activistas convocan a los periodistas en los que ya tienen confianza. Nos dicen un lugar, un día y una hora. Y normalmente no sabemos qué va a suceder. En ocasiones nos juntamos varios en un punto y después nos llevan hasta el lugar donde se va a desarrollar la protesta. Tú no eres parte de la acción. Estás allí para documentar lo que sucede. Si nosotros no vamos, se lleva a cabo igual.

El funcionamiento no difiere de muchas convocatorias de otro tipo. Hay actos políticos o de la Casa Real de los que sólo se enteran y a los que sólo tienen acceso determinados periodistas especializados o que trabajan para ciertos medios. Esto es igual. Los movimientos sociales son una parte fundamental de nuestra sociedad y es normal que haya profesionales, o personas en el camino de serlo, que centren su trabajo en cubrir su día a día. No sólo es normal, sino necesario.

Documentar todo aquello que se salga de la “agenda oficial” (ruedas de prensa, declaraciones políticas, entrevistas pautadas, etc.) siempre ha sido difícil, incluso peligroso. Y acompañar la labor de los movimientos sociales suele conducir indefectiblemente a ello. En ocasiones da la sensación de que tener en tu agenda de contactos a sindicalistas, activistas por el derecho a la vivienda o antifascistas es peor que tener a políticos, grandes empresarios o policías como Villarejo. Te penaliza. Te posiciona. Te señala. Si te das un abrazo con una persona que intenta parar un desahucio, a la que has visto durante años luchar por un derecho fundamental, te marca como sospechoso. Casi casi como activista. Pero si abrazas entre risas a un político de los que vemos todos los días en el Congreso al que vas a entrevistar, nadie duda que harás un trabajo riguroso. Y en ningún momento se pondrá en duda tu profesionalidad. 

Hay decenas de ejemplos. Es un goteo constante a lo largo de los años.

Durante un reportaje sobre las identificaciones policiales en base al perfil étnico que hicimos en el periódico Diagonal en 2009, detuvieron a mi compañero Edu León por hacer fotos. Desde hacía tiempo, diferentes colectivos sociales denunciaban esa práctica. Y nosotros nos propusimos documentarlo. Sufrimos intimidación policial, nos borraron tarjetas de memoria y Edu incluso durmió en los calabozos de una comisaría. Era una realidad incómoda y, como diría la trabajadora del museo del Prado, “está grabando y no nos interesa que grabe”. Ese trabajo que mi compañero y yo realizamos durante meses sirvió para ilustrar el informe de Amnistía Internacional del año 2011 en España.

Ese año, mientras cubría el desahucio de Antonia, una mujer de 70 años, y su familia del piso en el que vivían en Getafe, Madrid, un miembro de la comisión judicial me señaló y me gritó: “Si sigues haciendo fotos voy a ejecutar este desahucio”. Otra vez resuena la frase de la trabajadora del museo del Prado, “está grabando y no nos interesa que grabe”.

En 2014, durante el desahucio de un vecino de Lavapiés de 54 años con incapacidad permanente, la policía municipal detuvo a mis compañeros Andrés Kudacki, en ese momento fotógrafo de la agencia Associated Press, y Rodrigo García, que colaboraba con NurPhoto. Su delito: estar dentro de la vivienda y hacer fotos de cómo la policía rompía la puerta con un ariete para entrar. Pasaron todo el día en la comisaría y tuvieron que enfrentarse a un juicio.

Ese mismo año le tocó el turno a Gabriel Pecot, Juan Ramón Robles, Mario Munera y, de nuevo, a Rodrigo García, que denunciaron agresiones policiales mientras cubrían la manifestación “jaque al rey” el 29 de marzo de 2014. Pusieron una denuncia conjunta en los juzgados de Plaza de Castilla y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP) sacó un comunicado en el que podía leerse: “Creemos que la violencia vertida contra estos informadores gráficos, debidamente identificados durante el ejercicio de su labor profesional, es del todo intolerable e inexplicable en un estado democrático. De un tiempo a esta parte la sucesión de actuaciones contra los informadores gráficos y periodistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entorpeciendo su labor profesional a través de agresiones, multas y coacciones, llevan a pensar que hay un interés por limitar el escrutinio público de sus intervenciones”.

En 2015 detuvieron a Jaime Alekos mientras grababa un desahucio en la calle Ofelia Nieto de Madrid. Un lugar que se convirtió, durante un tiempo, en un símbolo de la lucha por la vivienda.

Estos son sólo algunos ejemplos a lo largo de los años. Todos ellos en Madrid, pero es algo que ocurre en muchas otras ciudades de España.

En algunos casos asociaciones profesionales y algunos periodistas dieron la espalda a los compañeros insinuando que eran activistas y no periodistas. Igual que ahora con las colaboradoras de El Salto.

Los periodistas son personas con ideología, gustos e intereses, y, las asociaciones profesionales, muy corporativistas. Y colaborar con un medio tan posicionado junto a los movimientos sociales como El Salto no está bien visto por mucha gente. Otros medios, claramente posicionados junto a los intereses de determinadas empresas o partidos políticos, no levantan tantas suspicacias.

Tenemos que entender que el periodismo se ejerce desde diferentes lugares, casi todos respetables, y que cada cual ayuda a contar un pedacito de la realidad. Y todos deberíamos estar juntos para que nadie nos diga “No hagan fotos”, “Deje ya de grabar”, “No es información” o “Está grabando y no nos interesa que grabe”.

 

Olmo Calvo es fotoperiodista y colaborador de elDiario.es

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