Por mucho que desde La Moncloa se empeñen en decir que las medidas anunciadas este jueves son prácticamente la reforma fiscal que se espera desde hace años, lo ocurrido en estas últimas dos semanas ha sido una carrera imprevista de recortes, en el que el PP ha ido siempre en cabeza y que ha estado a punto de reventar internamente al PSOE. Y hace un mes, ni los más enterados tenían la mínima idea de que algo parecido podía ocurrir.
El presidente andaluz empezó el juego con un movimiento seguramente muy estudiado por la dirección del partido: el dirigente regional más cercano a Núñez Feijóo anunciaba la supresión del impuesto de patrimonio en una región en la que acababan de celebrarse las elecciones autonómicas que él había ganado holgadamente. Ese dato podía haber alejado la sospecha de mero electoralismo si no hubiera sido porque otras comunidades controladas por la derecha se apresuraron a hacer lo mismo o a anticipar directa o indirectamente que en algún momento lo habrían hecho.
Guste o no guste, el PP se había marcado un tanto. Tras meses asegurando obsesivamente que reducir impuestos era la clave para hacer frente a la crisis económica, el mensaje había calado en una buena parte de la opinión pública. Porque a la gente no le gusta pagar al Estado, porque el que más o el que menos cree que paga demasiado, sin pararse a pensar que la presión fiscal española es más baja, incluso bastante más baja, que la de muchos países de nuestro entorno. O que los recortes de la derecha solo beneficiaban a una parte de los españoles que más tienen, que no a todos ellos. O que la reducción de los ingresos fiscales podía terminar poniendo en riesgo la financiación de los servicios sociales que presta el Estado.
El PP había logrado introducir un mensaje aún más falso en la percepción de muchos españoles: el de que el Gobierno se está “forrando” con el aumento de ingresos por IVA que está provocando el dramático ascenso de los precios de la energía. Como si ese dinero fuera al bolsillo de los ministros y como si el Estado no tuviera la obligación de acumular cuantos fondos fuera posible para hacer frente a un peligro que se cierne en el horizonte: el que el aumento de los tipos de interés y la crisis misma empiecen a poner en cuestión la financiación de la enorme deuda exterior de España y el de que la prima de riesgo se vuelva a disparar tras años de estabilidad.
La derecha ha ignorado esos riesgos en su discurso. Y la izquierda y el Gobierno no han sido capaces de que el discurso de la responsabilidad sea escuchado en medio de la demagogia. O mejor, ha dejado que las cosas sigan su curso sin hacer el mínimo intento de frenarlas. Mientras tanto, Pedro Sánchez estaba en Nueva York. Es cierto que las supresiones del impuesto del patrimonio en algunas comunidades gobernadas por el PP ascienden a cantidades pequeñas respecto al total de ingresos fiscales, y que el paso dado por la derecha no tiene mucha trascendencia macroeconómica. Pero el movimiento de Moreno y de Feijóo ha sido sobre todo político y la izquierda no ha creído que podía ser importante.
Hasta que sus secuelas llegaron hasta el corazón mismo del PSOE. Que es lo que ocurrió cuando hace cinco días, el presidente valenciano socialista Ximo Puig anunció que su gobierno aprobaba una rebaja fiscal de fuste. En los tramos autonómicos de varios impuestos, aunque sin tocar el de patrimonio. En Moncloa, la iniciativa se recibió como una bofetada, prácticamente como un acto de rebelión. Puig era considerado como uno de los barones más fieles a Sánchez y una semana antes había dicho que había que penalizar a las regiones que redujeran impuestos. Él no era como García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que un poco antes había criticado la política de alianzas de Pedro Sánchez y asegurado, más o menos, que a él Núñez Feijóo no le parecía tan criticable como a otros socialistas.
Ambas iniciativas solo podían responder a que tanto el presidente valenciano como el castellanomanchego ven serios obstáculos para renovar su mandato en las elecciones autonómicas del próximo mayo. Y más el primero de los dos. Ese ya es un signo preocupante, no solo para los socialistas de esas dos regiones sino para el conjunto del PSOE.
Pero el atisbo de rebelión lo era mucho más. Porque el presidente de Aragón y el de Asturias no habían dudado en declarar que ellos también estaban pensando en adoptar medidas similares a las de Puig y algún que otro barón socialista podía estar pensando en lo mismo. La bandera de la bajada de impuestos que había alzado el PP empezaba también a verse entre las filas socialistas, prácticamente en forma de revuelta. Desde La Moncloa, in extremis, habían tratado de frenar al presidente valenciano. Pero éste se había negado a desistir de sus propósitos.
A Pedro Sánchez no le quedaba más que sumarse a la corriente, desdiciéndose de todo lo que venía diciendo en materia fiscal desde hacía meses. Sí, las medidas adoptadas por el gobierno este jueves van en dirección distinta de las del PP, incluso contraria en lo que a la imposición a los que más tienen se refiere. Pero lo que el líder socialista no va a conseguir es que la opinión pública piense que esas decisiones no las ha tomado para no quedarse atrás respecto del PP. Y, a la postre, eso es lo que cuenta por muchas concreciones técnicas que se faciliten. Y más a nueve meses de las municipales y autonómicas. Y, ¿a cuántos de las generales? ¿Está todo el mundo seguro que serán en otoño de 2023? ¿Y por qué no antes?