La televisión como prima a la posesión del poder
Cuando en la lección dedicada al derecho a la información llegaba el momento de hablar de la televisión, solía decirles a los alumnos que a los países había que dividirlos en dos grupos: en uno estarían aquellos en los que la democracia llegó antes que la televisión y en el otro aquellos en los que la televisión llegó antes que la democracia. En las constituciones de ambos grupos el derecho a la información suele estar reconocido en términos parecidos, pero el ejercicio del derecho suele ser diferente en los primeros que en los segundos.
En los países europeos la televisión nació como servicio público prestado en régimen de monopolio y así se mantuvo durante mucho tiempo. Hasta 1988 no empieza a operar la televisión privada en España. La televisión ha sido durante decenios el medio de transmitir información con más incidencia en el proceso de formación de la opinión pública. Tanto en los países que ya estaban constituidos democráticamente como en los que no lo estaban. En estos últimos todavía más.
Como la importancia de la televisión como instrumento de formación de la opinión pública se advirtió desde el primer momento, en los países democráticos se adoptaron medidas, a fin de que no se pudiera hacer uso de ella de manera manipuladora. La televisión debía ser un servicio público y no una “prima a la posesión del poder”. Y en general, en todos ellos se ha conseguido que la televisión pública se haya insertado de una manera razonablemente objetiva en el proceso de formación de la opinión pública.
España, no está de más recordarlo en este contexto, ha sido el último país de Europa Occidental que se constituyó democráticamente. Con casi treinta años de retraso con respecto a los que se constituyeron tras la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia de Grecia y Portugal, que también se constituyeron democráticamente en los años setenta y que rompieron con el “régimen de los coroneles” o con el “régimen salazarista”, en España no se produjo una ruptura con el Régimen nacido de la guerra civil, sino que “se transitó” lentamente de las Leyes Fundamentales de Franco a la Constitución de 1978. Los aparatos de poder del Régimen de Franco se mantuvieron durante esos años de transición e incluso algunos más y, entre esos aparatos, la RTVE ocupaba un lugar destacado.
En España la RTVE nació más que como “una prima a la posesión del poder”, como un “botín de guerra”, como lo era en general todo el Estado. Y si el Estado ha dejado de serlo con la Constitución de 1978, la RTVE no ha dejado de seguir teniendo ese carácter de “prima a la posesión del poder”. Obviamente no de la misma manera que en la época de Franco, pero no ha dejado de serlo. Con el añadido, además, de que las Televisiones de las Comunidades Autónomas se inspiraron en el modelo estatal y se configuraron como instrumentos de los Gobiernos de las mismas. El desastre para el derecho a transmitir y recibir información ha sido monumental. Lo continúa siendo.
Únicamente en los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido, con diferencia, el presidente del gobierno con más sensibilidad en lo que al ejercicio de los derechos fundamentales se refiere (ley de igualdad, ley de plazos, matrimonio entre individuos del mismo sexo, ley de dependencia, ley de memoria histórica...), se trató de institucionalizar una RTVE que fuera razonablemente objetiva y neutral. Y se consiguió en buena medida. Han sido los únicos años desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 en que la RTVE ha sido el servicio público reconocible como tal en una sociedad democrática.
Pero ese modelo sería revisado por El Gobierno de Mariano Rajoy, que ha vuelto a la consideración de la RTVE como una suerte de “botín” que le corresponde al vencedor de la contienda electoral.
A pesar de que, en esta legislatura, tras haber perdido el PP la mayoría absoluta, se ha intentado poner fin al sectarismo que ha presidido la ejecutoria de la RTVE de estos últimos años y se han alcanzado acuerdos casi por unanimidad en esa dirección, el Gobierno está consiguiendo torpedear la aplicación de tales acuerdos. Y de paso, estamos asistiendo a los momentos de máxima degradación del servicio público. Tal vez sean los años más negros de la RTVE en democracia.
En mi opinión, en una eventual reforma de la Constitución tendría que contemplarse la inclusión en ella de la RTVE y garantizar de esta manera su autonomía respecto del Gobierno. Que no se pueda volver a considerar la RTVE como una “prima a la posesión del poder”.
