7291 muertes dolosas en las residencias de la Comunidad de Madrid

El “dolo” es descrito por la Ciencia del Derecho Penal como “la intención que tiene el autor de un hecho delictivo de causar el resultado lesivo contra el bien jurídico protegido por la ley penal”. Sin embargo, el dolo no tiene en todos los casos la misma intensidad, por lo que la doctrina penal distingue 3 tipos en función del grado de intensidad que concurra en la realización del ilícito penal.

Así, cuando la intensidad de la intención es máxima, la doctrina habla de “dolo directo de primer grado” (“A” quiere matar a “B” y lo mata). Cuando tal intención tiene un grado inmediatamente inferior, la doctrina habla de “dolo directo de segundo grado” (“A” no quiere causar la muerte de “B”, pero sabe que su acción se la causará inevitablemente y, simplemente, lo considera como un mal “irremediable” [lo que se ha venido a acuñar como “daño colateral”] ). Finalmente, cuando la intención se manifiesta en su grado mínimo, la ciencia penalista habla de “dolo eventual” (“A” no quiere causar la muerte de “B”, ni tan siquiera tiene conciencia de que tal resultado se producirá “inevitablemente” (con total seguridad ) pero, sí es consciente de que la lesión del bien jurídico puede producirse y, lisa y llanamente, lo deja al azar). Dicho en otros términos: no lo desea, pero no le importa que se produzca. De esta forma, el dolo eventual se asoma a la frontera misma que lo separa de la imprudencia, pero sin traspasarla.

En mi modesta opinión, las 7291 muertes de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia a manos de los bien llamados “protocolos de la vergüenza” dictados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (que es lo que las diferencia de las habidas en otras comunidades autónomas, por más que Díaz Ayuso y el PP se empeñen en ocultarlo) son constitutivas de homicidios dolosos. No tengo claro al 100% si concurre un dolo directo de segundo grado o un dolo eventual, pero “dolosos” en cualquier caso. No son homicidios cometidos por imprudencia, en cualquier caso, máxime teniendo en cuenta que el mismísimo Consejero de Servicios Sociales del gobierno de Díaz Ayuso advirtió por escrito y con carácter previo de lo que finalmente ocurrió.

Soy incapaz de entender cómo la “justicia” (la señalo deliberadamente en minúsculas) se niega a investigar tales hechos. Los mismos jueces y fiscales que, tan avispados, son capaces de ver sin lupa delitos de terrorismo donde sólo hubo desórdenes públicos graves, resulta que son incapaces de ver, ni tan siquiera con microscopio, unos homicidios dolosos “de libro” cuando la autoría acecha al gobierno de una amiga suya. Dan verdadero asco.