La acción social salvaje de Caixabank: cuando la acción social deja paso a los fondos buitres
Si hay un tema que preocupa hoy a la sociedad española es la falta de vivienda asequible. Un problema que traspasa generaciones, que ha cobrado ya dimensiones de una gran crisis social y que va a constituir uno de los grandes desafíos sociales y de políticas públicas en los próximos años. La crisis de la vivienda se ha visto acrecentada por la irrupción de los fondos buitre, causando auténticos estragos sociales en una actividad frenética a veces conectada a la de las entidades bancarias.
La gran banca española (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganó 34.000 millones de euros en 2025 logrando un nuevo récord, pero en este contexto ¿por qué la responsabilidad social bancaria se ha vuelto ciega a la crisis habitacional en nuestro país?
Uno de los momentos en los que la responsabilidad social bancaria se puso a prueba fue la crisis inmobiliaria que comenzó en 2008 y se saldó con 684.385 desahucios entre 2008 y 2019, con más de 1,7 millones de personas expulsadas de sus hogares. En esos años, adelantándose a una previsible regulación, la banca reaccionó con la aprobación en 2012 del Código de Buenas Prácticas, un código voluntario pero que sirvió para que algunas comenzaran a aceptar la dación en pago de las deudas. Poco tiempo después, a comienzos de 2013 hicieron su entrada los grandes fondos de inversión, con las compras de vivienda pública realizada por Goldman Sachs al IVIMA y de Blackstone a la EMVS durante los gobiernos de Ignacio González en la Comunidad de Madrid y Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid.
Actualmente, según datos de CIVIO, en la Comunidad de Madrid existen 373 megatenedores de los que el mayor es la Comunidad de Madrid, con 21.549 inmuebles alquilados; le sigue Blackstone con 13.125; CaixaBank, 4.772 inmuebles; Renta Corporación, 2.916 inmuebles; Cerberus, 2.448 y Banco Santander, 1.529 inmuebles. En España, el ranking lo encabezan Caixabank (21.800) y Blackstone (19.600).
El caso de la Obra social de La Caixa y los fondos buitre
Uno de los casos más dolorosos de esta crisis lo están viviendo muchos vecinos y vecinas de Pinto, Vicálvaro y Vallecas cuyos pisos de alquiler social de la Obra Social de La Caixa, vieron cómo aumentaba su alquiler progresivamente dejando de ser alquiler social para acabar en manos de fondos buitre que amenazan ahora con desahuciarles. La otra alternativa, es la compra de sus pisos por el “valor del mercado”, muy por encima de sus posibilidades reales de compra y de las que accedieron al alquiler social. Todo ello aderezado con amenazas por parte de empresas de desokupación.
Según los vecinos, CaixaBank les avisó del derecho de tanteo una vez transcurrido el plazo legal por lo que están reclamando judicialmente sus derechos. Pero al margen de lo que digan los tribunales, quedan abiertas muchas cuestiones para las políticas de responsabilidad social: desde cómo plasmar el impacto social -o de la exclusión social de estas familias- por la venta a fondos buitre en las memorias de sostenibilidad, pasando por la coherencia de las políticas de acción social hasta medidas más duras derivadas de la reversión de posibles ayudas públicas por el impacto social negativo de una entidad.
El impacto reputacional es grande no sólo por la huida desde la acción social, bien publicitada en memorias de RSC, sino por el trasfondo de políticas de desinversión inmobiliaria que acrecientan aún más el problema habitacional en nuestro país.
La responsabilidad y la acción social no pueden justificarse en acciones al margen del núcleo del negocio empresarial. De ahí al blanqueo o greenwashing hay un paso. La banca debe apostar por una política de RSC y por alianzas público privadas que sirvan para ampliar la oferta de venta o alquileres asequibles y por supuesto, para no agravar más el problema creando un efecto dominó que aboque a la exclusión social de cientos de familias. Los casos de Pinto, Vicálvaro o Vallecas son una muestra de ello. La premisa del desarrollo sostenible de generar oportunidades para todos los sectores de la población, o en su sentido negativo, no aumentar las desigualdades o la exclusión social, será cada vez más relevante en el futuro. Veremos si la banca y en especial Caixa Bank es capaz de reconducir a tiempo para los afectados y para toda la sociedad española, su negocio y su “acción social”.