Juicio al fiscal general: “in dubio pro sortitio”

Hace años, con motivo de un litigio no muy importante, cuando se iba a convocar la fecha del juicio, el abogado me dijo que solo quedaba por ver si teníamos suerte con el juez asignado, al preguntarle por qué lo decía si se suponía que debería ajustarse a la ley, me comentó que aunque en principio era lógico había aspectos como la sensibilidad, personalidad o conductas que podrían hacer más o menos dificultoso todo el proceso.

Con el tiempo y por motivos profesionales he tenido la oportunidad de participar como perito en diversos juicios y me he acercado de alguna manera a procedimientos judiciales, pudiendo constatar lo dicho por el abogado que me represento en su momento.

Actualmente, con motivo del juicio al Fiscal General del Estado se ha generado un importante debate sobre el grado de politización de la justicia, que al final se sintetiza en que si el veredicto es de culpabilidad, el responsable es el presidente del gobierno o en caso de inocencia supondría un apoyo al mismo.

Lo primero que se cuestiona es el proceder de los componentes del tribunal en función de la influencia que podría haber tenido su adscripción ideológica y a tenor de los resultados no parece que salgan reforzados en la duda. Todos los jueces en principio son imparciales e independientes y en la mayoría de los casos es así, y también son capaces de aislarse de ideologías, creencias o animadversiones personales, ahora bien la experiencia nos dice que en todas las profesiones es difícil sustraerse a las mismas, pero en justicia se da además la circunstancia de que existe una prerrogativa, como es la discrecionalidad, que les permite dentro de un determinado margen interpretar algunos aspectos de la ley que pudieran tener una influencia favorable o desfavorable para el procesado en el trascurso de los procedimientos judiciales, incluso aunque no lo perciban como tal. Cuando intentas acercarte al debate suscitado por el juicio al Fiscal General, procurando aplicar el sentido común, la primera cuestión que se plantea es que existen opiniones enfrentadas de cualificados profesionales de la justicia que suscitan dudas acerca de su culpabilidad. El tribunal supremo es el último órgano judicial al que se puede recurrir para dirimir culpabilidad. En este sentido sería deseable que hubiera unanimidad en el veredicto y por tanto un debate exhaustivo de todos los componentes del mismo con motivaciones rigurosas puesto que se les supone a todos una alta cualificación, pero si al final no se pudiera llegar a un consenso, sería porque existirían dudas importantes para emitir un veredicto y en este sentido es conocido que todos los componentes de la institución judicial, por unanimidad, apoyan la máxima de “ In dubio pro reo” ya que de lo contrario estaríamos hablando de que se dependería de una suerte de lotería en función de los miembros asignados al tribunal y en este caso habría que cambiar la máxima por “ In dubio pro sortitio” lo que no dejaría en muy buen lugar la ya deteriorada reputación de la justicia.