Suprema inJusticia
Hasta ahora, cualquier lego en materia judicial confiaba en la observancia de determinados principios universales por parte de jueces y magistrados a la hora de impartir justicia y, si bien uno no tenía un conocimiento exhaustivo del cuerpo jurídico, concedía a la Justicia las características necesarias de imparcialidad y credibilidad, confiando en que esta fundamentaría sus fallos en este conjunto de principios niveladores y reguladores. Todos teníamos incorporados en nuestro ADN como ciudadanos axiomas inquebrantables como el que “todo el mundo es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad”, o “todo el mundo tiene derecho a un juicio justo”, o “todo el mundo tiene derecho a la tutela judicial efectiva”, o “todos tenemos derecho a que se respete la confidencialidad de nuestras comunicaciones”. Queríamos creer, más por voluntad que por convencimiento real, que “todos éramos iguales ante la ley”, que teníamos garantizado un cierto blindaje frente a discrecionalidades o mala praxis de jueces y magistrados, que determinadas líneas rojas no serían cruzadas porque los sacrosantos principios eran tan contundentes que nadie se atrevería a refutarlos. Habíamos visto fallos judiciales discutibles, escorados para favorecer determinadas opciones políticas, pero nunca habíamos sido testigos de actuaciones judiciales que conculcasen tan flagrantemente los principios anteriormente comentados.
Me estoy refiriendo, por poner algún ejemplo, a los fallos judiciales que atañen al rey emérito, al exfiscal general, a familiares del presidente del gobierno o los que pronto conoceremos que involucran al señor Ábalos y compañía. Con una desfachatez insultante se presentan ante nuestros ojos unos procedimientos en los que se usa la rigidez del proceso judicial para favorecer impunidades, la discrecionalidad de los magistrados para arrastrar al fango a los acusados recurriendo al desarrollo de tramas que poco tienen que ver con el procedimiento, llegando a acuerdos vergonzosos con supuestos colaboradores que proveen pruebas e indicios que no son tales o que, a lo sumo, son irrelevantes, compartiendo beneficios procesales entre casos que nada tienen que ver entre sí, con fiscales actuando como abogados defensores o inquisidores según a quién se dirigen, acusaciones particulares con intereses claramente políticos o con partidos políticos utilizando la judicatura como herramienta del juego más sucio.
El espectáculo es despreciable e indignante y está obteniendo resultados. El primero es que los ciudadanos percibamos a la justicia como un poder corrompido y carente de legitimidad. El segundo que desconfiemos de sus actuaciones porque desprecia los principios universales de los que hablaba anteriormente. El tercero es que constatemos su falta de profesionalidad y rigor: si el máximo garante de la Justicia en España es el Tribunal Supremo, lo visto y leído no hace más que constatar que se trata de un órgano mediocre formado por magistrados de escasa calidad jurídica. El cuarto que nos reafirmemos en la incapacidad de unos supuestos profesionales dispuestos a anteponer sus preferencias políticas y ambiciones personales al ejercicio serio de sus responsabilidades.
Gracias a todos ustedes, excelentísimos señores jueces, magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, peor no podía ser, más claro tampoco.