Andalucía acudirá a la vía contencioso-administrativa para reclamar otro reparto del déficit entre Estado y CCAA

Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero han indicado a Europa Press que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz acudirán a la vía contencioso-administrativa, una vez que el Gobierno ha desestimado el requerimiento administrativo de la Junta contra el reparto “injusto” del déficit para las CCAA. “Es el siguiente paso”, han apuntado.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía aprobó el pasado 28 de agosto, en el último Consejo de Gobierno presidido por José Antonio Griñán, la presentación de un requerimiento al Ejecutivo central para solicitar que modificase el reparto del objetivo de déficit fijado para el periodo 2014-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas.

En este sentido, las citadas fuentes han señalado que desde el Gobierno andaluz siguen entendiendo que el hecho de que “el Gobierno se reserve cinco veces más margen de déficit que las CCAA, es injusto”. “Lo mire con la variable que lo mire, esto es, Producto Interior Bruto (PIB) o población”, ha precisado.

Además, desde la Consejería insisten en que el recurso se basará, de nuevo, en el “incumplimiento de lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, en lo referido al objetivo de estabilidad y a la distribución entre los subsectores de las administraciones públicas, Administración General del Estado y Seguridad Social, y Comunidades Autónomas.

El Ejecutivo andaluz recuerda que, aunque esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, fija un periodo transitorio en el cual deberá reducirse paulatinamente hasta su desaparición total en 2020, de acuerdo con la senda de reducción fijada en el procedimiento de déficit excesivo que la Unión Europea abrió a España en 2009.

El Ejecutivo andaluz señala que los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros establecen objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías.

De otro lado, la Consejería ve una “contradicción” en los argumentos del Gobierno, quien defiende que “España se encuentra inmersa ante las instituciones comunitarias en un procedimiento de déficit excesivo, abierto por el Consejo de la Unión Europea el 27 de abril de 2009, y corresponde, por tanto, al Consejo de Ministros la obligación de fijar unos objetivos de estabilidad que posibiliten el cumplimiento de la senda fijada por el Consejo Europeo”. Sin embargo, “la Ley de Estabilidad es posterior al procedimiento y ya establecía los criterios de reparto”, apunta la Consejería, que precisa que “la Ley era para hacer frente al procedimiento de la UE”.

Del mismo modo, las citadas fuentes han criticado que el reparto de déficit “no puede ser arbitrario, sino conforme a la Ley de estabilidad”.

Por último, desde el departamento de María Jesús Montero se recuerda los últimos datos del déficit, que en la comunidad autónoma andaluza alcanzaba en los primeros diez meses del año 2013 el 1,02 por ciento del PIB regional, porcentaje inferior al déficit del conjunto de las comunidades autónomas, que registraron un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, de 11.489 millones de euros hasta octubre, el 1,12 por ciento del PIB.