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¿Causa general a los grandes partidos?

¿Causa general a los grandes partidos?

¿Causa general a los grandes partidos?

El caso Bárcenas y el de los ERE fraudulentos de Andalucía han hecho que algunos dirigentes de PP y PSOE hayan coincidido recientemente en quejarse de los respectivos procedimientos judiciales y en declararse víctimas de una "causa general", término de reminiscencias franquistas que se refiere a una práctica prohibida por la legislación española.

Pero ¿qué quieren decir políticos como el portavoz del PP, Carlos Floriano, o el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, cuando señalan que sus respectivos partidos están siendo sometidos a una causa general?

No solo los políticos han traído a la actualidad ese concepto, ya que otro colectivo, el de los banqueros, también ha manifestado a través de algunos de sus representantes, la impresión de encontrarse ante un intento de convertirles en chivos expiatorios de la crisis económica.

De las declaraciones políticas, resoluciones judiciales y de la propia historia reciente se puede deducir que hay al menos tres maneras de explicar qué es una causa general: la investigación generalizada de todas las actividades de una institución, de una persona, incluso de una etapa histórica; el inicio de una investigación sin indicios concretos que la justifiquen, y la acumulación de varios procesos en uno único.

LA DOMINACIÓN ROJA DE ESPAÑA

La primera acepción es la que responde al origen histórico del término; el 26 de abril de 1940 el Ministerio de Justicia de Franco ordenó la apertura de la denominada Causa General sobre "la dominación roja en España".

En ella, según su prólogo, se atribuía al Ministerio Fiscal "la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz para conocimiento de los poderes públicos y en interés de la historia, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el movimiento liberador".

Es decir, se abrió una causa contra la República, no contra unos hechos concretos y sin más indicios de criminalidad que los que el régimen franquista le atribuía de antemano.

Esa idea de causa general -generalizada- aparece recientemente en el escrito de la Audiencia Provincial de Madrid por el que se anuló la causa abierta contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, con el argumento, entre otros, de que el juez había tratado de convertir el asunto en "una causa general en busca de los responsables de la crisis económica".

Y es que algunas voces se han oído en ese sentido desde la banca en los últimos tiempos, después de ver a varios de los suyos desfilar por los juzgados por asuntos como las preferentes o la quiebra de las cajas.

Otro reproche a un juez por pretender abrir una de estas causas "generalizadas" fue el que hizo el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, cuando en 2008 pidió la anulación de un auto del juez Garzón que pretendía agrupar la investigación de las fosas de la Guerra Civil.

El fiscal criticó entonces la aparente pretensión del instruir una causa general sobre la Guerra Civil y el franquismo.

SIN NOTITIA CRIMINIS

Respecto a la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, hablaba el pasado 24 de junio de una causa general contra su partido y sus dirigentes.

Floriano hacía referencia a la acepción que dan los juristas a la causa general, el comienzo de un proceso penal "sin notitia criminis", o en boca del dirigente del PP "se buscan pruebas que demuestren una premisa falsa".

Entiende que el juez parte de "la premisa insidiosa" de que las adjudicaciones hechas por los gobiernos de su partido respondieron a las donaciones recibidas y que, por tanto, el Partido Popular se financió ilegalmente.

"Se solicita constantemente información y, cuando no se encuentra el delito, se pide otra documentación", se quejaba Carlos Floriano.

Jorge Trias, antes de cobrar notoriedad como testigo en el denominado caso de los papeles de Bárcenas, ya sostenía en 2009 en un artículo que se estaba sometiendo al extesorero del PP a una causa general y la definía: "causa que se inicia sin unos hechos punibles determinados y con el expreso propósito de investigar la vida y hacienda de un individuo".

Algo parecido arguyen los socialistas andaluces en el caso de las actuaciones de la jueza Alaya sobre los ERE fraudulentos de Andalucía tras la imputación de una veintena de altos cargos y ex altos cargos de la Junta, entre ellos la que fuera ministra, Magdalena Álvarez.

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, habla de causa general porque la jueza no les imputa delitos concretos; "Carente de todo fundamento jurídico", sostiene Alfredo Pérez Rubalcaba; "Estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún tipo de delito", critica Felipe González.

ACUMULACIÓN DE SUMARIOS

La tercera característica de la causa general es la acumulación de sumarios y también en este sentido ha cobrado actualidad en relación al caso Gürtel.

En marzo pasado, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acusaba a su compañero Pablo Ruz de querer abrir una causa general contra el PP al pretender acumular en un solo procedimiento los casos Gürtel y el de los llamados papeles de Bárcenas, asunto este último que Gómez Bermúdez reclamaba en una pieza separada.

El juez entendía que la trama Gürtel y la de una supuesta contabilidad B en el PP debían investigarse por separado, aunque finalmente la Sala Tercera de la Audiencia Nacional sí apreció nexos entre ambos casos y otorgó las competencias sobre ambos al juez Ruz.

Gómez Bermúdez se amparaba en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala que "cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto de un sumario" para hablar de causa general por acumulación de sumarios.

Con cualquiera de estos tres argumentos, lo cierto es que las referencias a la causa general, las quejas más o menos veladas de persecución judicial, están de actualidad y parte de los dirigentes de PP y PSOE han aparcado, al menos de momento, aquello tan manido de que las resoluciones judiciales no se comentan, se acatan y se respetan.

Nacho Barranco y Luis Sanz

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