La comisión secreta del Congreso donde los diputados arreglan sus negocios

¿Se debe dejar compatibilizar el escaño con una actividad privada para evitar la “profesionalización” de la política? ¿Es ético cobrar varios miles de euros mensuales por asesorar a una empresa privada que factura para el sector público? ¿Es digno el sueldo que perciben los diputados españoles?. La polémica suscitada estos días tras conocerse que varios diputados del PP han estado asesorando a empresas privadas vinculadas con el sector público, o no han declarado la creación de una empresa, ha reabierto el debate sobre las incompatibilidades. La Comisión del Estatuto es la encargada de autorizar estos asuntos, pero a raíz de estos casos su funcionamiento está siendo cuestionado por algunos de los propios grupos de la Cámara.

Desde que se inició esta legislatura, 87 diputados han pedido el aval de esa Comisión para compaginar el escaño con otras actividades ajenas a la política. El reglamento del Congreso lo permite, siempre y cuando ese trabajo no tenga relación con el sector público y no utilicen su condición de diputados “para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional”. En la lista de solicitudes autorizadas hay sobre todo abogados, economistas, médicos, profesores, empresarios o ingenieros.

Los diputados también deben comunicar su participación en tertulias o conferencias; si forman parte del Patronato de alguna Fundación, si escriben artículos o libros y si cobran por ello. Lo hacen en un impreso que registran al inicio de la legislatura en la Cámara -declaración de actividades- que deben actualizar cada vez que se modifique su situación.

Estas declaraciones son estudiadas  por la Comisión del Estatuto del Diputado, que está presidida por el partido que gobierna -en este caso el PP- y compuesta por un diputado de cada grupo. Los expedientes quedan a su discrecionalidad. La Comisión, que se reúne a puerta cerrada, emite un dictamen que vota posteriormente el pleno del Congreso en su conjunto, es decir, de una tacada, salvo que algún diputado pida que se vote un caso por separado, lo que raramente ocurre. El lote se aprueba con el apoyo de toda la Cámara. No hay precedentes de lo contrario.

Hasta 2009, las votaciones en el pleno de estos dictámenes sobre compatibilidades se realizaban a puerta cerrada y también eran secretas. Cuando llegaba el momento, el presidente de la Cámara ordenaba desalojar el hemiciclo a los periodistas y las tribunas al público invitado. Al finalizar el trámite, se informaba del resultado de la votación sin más detalles. Los informes se guardaban y había que pedir autorización especial para acceder a alguno de ellos.

En noviembre de 2009, siendo presidente el socialista José Bono, una resolución de la Cámara modificó el artículo 63.2 del Reglamento “para garantizar la publicidad de los dictámenes y de las votaciones” sobre incompatibilidades. Desde entonces los expedientes pueden consultarse en la web del Congreso. Pero en ellos no se dan detalles.

La declaración del portavoz adjunto del PP, Agustin Conde, es un buen ejemplo de ello, aunque no el único. Conde presentó la última en marzo 2012 y se limitó a poner que era “administrador único de la asesoría jurídica Conde y Esteban SL”. Y “abogado sin relación directa o indirecta con el sector público”.

Posteriormente a esa fecha, el diputado por Toledo creó una empresa de eficiencia energética, ECO-WITT S.L, de la que es copropietario, pero se le “olvidó” notificarlo a la Cámara. El diputado acaba de enviar una carta a la Comisión del Estatuto para explicarlo, puntualizando que su actividad “no ha tenido ni tiene relación con la Administración ni con el sector público”.

¿Sancionar a los que mienten?

¿Sancionar a los que mienten?Estos comportamientos no están sancionados por el reglamento, aunque el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que si podrían serlo, “por ”incumplir la relación de confianza“.

Precisamente, porque creen que nadie va a quebrantar esa “confianza”, los miembros de la Comisión del Estatuto reconocen que nadie pone en entredicho las peticiones de compatibilidad de sus propios compañeros de escaño. Presuponen que ninguna vulnera la legalidad y ninguno miente.

El propio Posada asegura a eldiario.es que el trabajo de este órgano de control se basa en mantener la presunción de que todos los diputados y diputadas conocen las limitaciones de la ley y del reglamento y lo cumplen. “Si tuvieramos que revisar todas las declaraciones, ¿a dónde iríamos? Lo veo inviable”, opina Posada.

El presidente de la Cámara no ve en estos momentos posibilidad de cambiar las reglas de funcionamiento, como solicitó el diputado de UPN Carlos Salvador del Grupo Mixto, en la naufragada ponencia de reforma del reglamento de la Cámara. Salvador pidió que se aplicaran sanciones -incluso con la posible pérdida de la condición de diputado- cuando alguno no cumpla las reglas a las que están sujetas las incompatibilidades.

También el PSOE en 2014 registró una  iniciativa para endurecer el régimen de incompatibilidades, en la que pedían “dedicación exclusiva” a los parlamentarios y que éstos no pudieran percibir “retribuciones periódicas” por asistir a tertulias o dar conferencias.

Además, solicitaban que se dotara de competencias a la Comisión del Estatuto para comprobar la veracidad de las declaraciones de actividades y de bienes y, más concretamente, “para investigar las omisiones o falseamientos en las mismas, así como el cumplimiento de los términos de autorización concedida por la Cámara para el ejercicio de actividades compatibles”.

Para dar “ejemplo”, Pedro Sánchez ha exigido a sus diputados que abandonen cualquier otro trabajo que no sea el parlamentario. La medida ha causado malestar en un sector de su bancada que considera “exagerado” pedirles que renuncien a ejercer sus profesiones. Pero salvo dos o tres casos -a los que se les ha vuelto a dar un “toque”- prácticamente todos han obedecido al líder del PSOE.

Los diputados del PP y los de CiU tampoco creen necesario llegar a tal extremo de “dejarlo todo”. Creen que en España el sueldo de diputado es bajo en relación con otros parlamentos europeos, y que, en tal caso, habría que “revisarlo”.

“Los ciudadanos nos piden transparencia. Que no robemos, que seamos honestos, que hagamos bien nuestro trabajo. Yo cumplo con mi obligación parlamentaria. ¿Cómo me reciclo cuando deje el acta? ¿Cierro ahora mi empresa y dejo en la calle a mis empleados?”, es uno de los lamentos más escuchados.

Pero casos como el de Vicente Martínez Pujalte, portavoz del Economía del PP; o el de Federico Trillo, expresidente del Congreso y exdiputado por Alicante -actualmente embajador en Londres-, que recibieron mucho dinero en la anterior legislatura por asesorar a una empresa que facturaba para el sector público, o el de Agustín Conde, han puesto en tela de juicio la presumible honradez de los parlamentarios.

“El mal ejemplo de unos cuantos no puede dañar la imagen de todos. Ahora es más necesario que nunca regular la figura de los lobbies, para que se conozca con quién se reúnen los parlamentarios, así nos evitaríamos tanta polémica”. “Nos estamos dejando llevar por una pendiente deslizante. No podemos empobrecer al Parlamento y convertirnos en profesionales de la política”, insiste una diputada que es firme partidaria de compatibilizar ciertos trabajos con el escaño.