El Congreso empieza a controlar al Gobierno desde la izquierda y la derecha

El curso político ha arrancado este lunes y el Gobierno ya tiene sobre la mesa una batería de comparecencias urgentes de sus ministros en el Congreso a petición del resto de grupos y partidos. Las primeras se producirán esta misma semana. El de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudirá el miércoles. El de Fomento, José Luis Ábalos, el jueves. La semana que viene habrá más intervenciones solicitadas por diferentes, y divergentes, partidos.

Formaciones desde la izquierda y la derecha han votado conjuntamente para que el Gobierno acuda al hemiciclo a dar la cara por las últimas polémicas, desde sus bandazos en política migratoria al conflicto catalán y sus múltiples derivadas.

La decisión se ha adoptado en la Diputación Permanente, celebrada este lunes durante más de ocho horas. La reunión del órgano que asume las funciones del Pleno entre los periodos de sesiones vivió un momento que demuestra la volatilidad de la actual aritmética parlamentaria.

La primera votación, pasadas las ocho de la tarde, tenía como objeto determinar si el presidente del Gobierno debía comparecer en Pleno extraordinario para explicar por qué no ha cesado precisamente a su secretario de Organización, José Luis Ábalos, para explicar las informaciones que apuntan a una “presunta financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV)”.

En la primera votación, el resultado fue de empate (31 síes; 31 noes; y una abstención). En la segunda, UPN se sumó al no, lo que evitó la comparecencia de Pedro Sánchez.

La aritmética parlamentaria hace más real que nunca la función de control del Legislativo al Ejecutivo. Entre 2012 y 2016, Mariano Rajoy gozó de una mayoría absoluta que narcotizó la acción del Congreso. En sus inicios, pese a tener garantizada la aprobación de cualquier legislación, usó de la figura del real decreto-ley, que esquiva las funciones de debate y control de las Cortes Generales. Después, cuando perdió la mayoría, optó por el veto gubernamental, hasta que el Tribunal Constitucional sentenció en su contra. Ciudadanos ejerció de muleta en su última etapa y dotó de estabilidad al Ejecutivo del PP, salvo en votaciones contadas.

Paradójicamente esa apacible estabilidad parlamentaria derivó en una moción de censura exprés que desalojó al PP del Gobierno después de que la sentencia de Gürtel acreditase su financiación en negro durante más de dos décadas.

El de Rajoy no fue el único Gabinete que rehuyó dar cuentas en las Cámaras, salvo en las ocasiones tasadas o bajo escándalos políticos y mediáticos. Incluso en esos casos, fueron muchas las ocasiones en que un ministro obvió las peticiones de la minoría parlamentaria, deseosa de ejercer su función y de obtener los consecuentes réditos políticos.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa el pasado mes de junio, la fragilidad parlamentaria del Gobierno se ha traducido en varios revolcones. La fallida renovación del Consejo de Administración de RTVE, que fracasó en su última votación por dos votos incorrectos cuya autoría se desconoce; la obligada negociación con Unidos Podemos para intentar sacar adelante los objetivos parlamentarios; o las disquisiciones filológicas del portavoz de ERC, Joan Tardá, con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre el significado real de un diálogo “sin cortapisas” para apoyar o no los cambios en los medios de comunicación públicos.

Inmigración y autopistas, esta misma semana

El propio Sánchez reconoció en el debate de la moción de censura que tendría que gobernar, sí o sí, con el Congreso. Y lo tendrá que hacer medida a medida, negociación a negociación. Sin poder evitar, como hicieron sus predecesores, que los grupos utilicen los mecanismos parlamentarios a su alcance para pedir cuentas al Gobierno.

La Diputación Permanente de este lunes, con la que se ha inaugurado el curso político, ha sido un anticipo de lo que espera a los socialistas durante la legislatura. Las votaciones, a diferencia de lo que suele ocurrir en el Congreso, no han permitido visualizar dos bloques enfrentados o unas alianzas afianzadas. Cada punto ha sido debatido con independencia de los demás. Y votado en función del contenido.

Este miércoles, el ministro del Interior deberá comparecer para hablar sobre política migratoria, el cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, las agresiones denunciadas en Catalunya o el acercamiento de presos de ETA al País Vasco.

Las solicitudes han llegado del PP, de Ciudadanos, de Unidos Podemos y de ERC, estos dos, supuestos aliados del Gobierno. El grupo confederal ha lamentado el “giro a la derecha” de Sánchez en materia migratoria mientras los republicanos han advertido al Ejecutivo que les tendrán “en frente en la lucha por los derechos civiles”.

Grande-Marlaska se ha anticipado a una segura votación también favorable a su comparecencia y ha sido él mismo quien ha pedido acudir a petición propia.

Al día siguiente será el turno de José Luis Ábalos. El ministro de Fomento tendrá que responder sobre el futuro de las autopistas que han vuelto a titularidad y gestión públicas, como las radiales y algunos tramos de carreteras de peaje cuya concesión ha concluido en los últimos meses.

Pero el también secretario de Organización socialista deberá explicar el conflicto abierto entre el sector del taxi y empresas como Uber y Cabify y el papel del Gobierno en el recurso contra la norma aprobada por Barcelona para limitar las licencias de vehículo con conductor que motivó una huelga de varios días que fue desconvocada tras las promesas de negociación.

Otro de los asuntos que tendrá que explicar Ábalos es el nombramiento de un miembro de la Ejecutiva del PSOE al frente de Salvamento Marítimo, tal y como desveló eldiario.es.

A partir de la semana que viene será el turno de otros miembros del Gobierno. La vicepresidenta, Carmen Calvo, tendrá que dar cuenta del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista; el de Agricultura, sobre el acuerdo pesquero con Marruecos; la de Hacienda, por los nombramientos de personas afines a Sánchez al frente de empresas públicas; o la de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por los flujos de personas que intentan entrar en Europa a través de España.

Además, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado un Pleno extraordinario para la convalidación de tres reales decretos-ley, entre ellos el de la exhumación de los restos de Franco.