EEUU asegura en la ONU que busca cambiar las prácticas policiales discriminatorias

El Gobierno de Estados Unidos actúa para cambiar prácticas discriminatorias detectadas en ciertas estructuras policiales, con medidas como la prohibición de tomar en consideración la raza, etnia, origen nacional u orientación sexual en acciones policiales rutinarias o espontáneas.

Así lo aseguro una delegación de alto nivel llegada de Washington para defender el informe de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte del procedimiento conocido como Evaluación Periódica Universal.

Las autoridades han reforzado las instrucciones “para que los agentes policiales se abstengan de cualquier consideración de raza, etnia, origen nacional, género, identidad de género, religión o orientación sexual en acciones rutinarias o espontáneas, a menos que el sospechoso responda a una descripción”, dijo el representante del Departamento de Justicia de EEUU, James Cadogan.

Aseguró que ante casos de “uso excesivo de la fuerza que violan la Constitución de Estados Unidos”, tienen “la autoridad para perseguir a los responsables”.

Reconoció en su comparecencia que las muertes ocurridas en el pasado reciente en Carolina del Sur, Ohio, Nueva York, Misuri y, más últimamente, en Baltimore, han encendido nuevamente el debate sobre las prácticas policiales discriminatorias,

Sin embargo, aseguró que el Ministerio de Justicia no se ha quedado con los brazos cruzados y que en seis años se han abierto más de veinte casos que condujeron a la presentación de cargos contra 400 agentes de seguridad.

Cadogan recordó que en marzo se hizo público el informe sobre la actuación del Departamento de Policía de Ferguson (Misuri), que determinó que allí “había surgido una patrón de discriminación racial”.

Esa investigación se ordenó a raíz de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía el pasado agosto.

El último caso corresponde al del también joven negro Freddie Gray, muerto cuando estaba bajo custodia policial.

El subprocurador general adjunto de EEUU, David Bitkower, se refirió a la cuestionada práctica de la pena de muerte en su país, para la que numerosos países que intervinieron en la evaluación de EEUU pidieron una moratoria.

Bitkower reconoció que “la sobrerrepresentación de minorías en el corredor de la muerte, en particular de afroamericanos, es un motivo de gran preocupación”.

Sostuvo que el Ministerio estadounidense de Justicia trabaja para “garantizar que la decisiones de pena de muerte a nivel federal no se basan, bajo ningún punto de vista, en cuestión de raza o de origen nacional”.

Como aspecto positivo, destacó una “tendencia a la baja” de las penas capitales.

Mencionó que el año pasado sólo tuvieron lugar en siete de los 32 estados del país que la aplican, con 35 ejecuciones, “el número más bajo desde 1994”.

Varios países que intervinieron durante la evaluación de EEUU -con críticas y recomendaciones- pidieron a la Administración del presidente Barack Obama que se adhiera a una serie de convenciones internacionales que no ha suscrito, como la de derechos del niño o el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.

La asesora legal del Departamento de Estado de EEUU, Mary McLeod, señaló que su gobierno “no está considerando” formar parte de esa última instancia jurisdiccional.

En respuesta a comentarios de varios países, la funcionaria subrayó que se han tomado medidas para “clarificar que la prohibición legal de la tortura se aplica en todo lugar, momento y en todas circunstancias”, así como garantizar que las técnicas ilegales de interrogatorio ilegales que fueron practicadas por la CIA “no serán utilizadas nunca más”.