Estrasburgo admite que Londres restringiera los derechos a presuntos terroristas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio hoy la razón a la justicia británica por haber restringido los derechos de defensa de tres terroristas que en julio de 2005 pusieron bombas en el transporte público de Londres, que no explotaron, al considerar que primaba impedir otros actos suicidas.

La Gran Sala del tribunal rechazó la demanda de los somalís Muktar Said Ibrahim, Ramzi Mohammed y Yassin Omar, condenados a penas de como mínimo 40 años de cárcel, que se quejaban de que se retrasó su acceso a un abogado para ser interrogados de forma urgente.

Los magistrados consideraron que cuando la policía los empezó a interrogar “había una necesidad urgente de prevenir atentados graves contra la vida o la integridad física de la población, en concreto de impedir otros atentados suicidas”.

Eso significa que había “razones imperiosas para restringir temporalmente su derecho a una asistencia jurídica”, y que su proceso fue “justo”.

Estrasburgo constató que la policía estaba “sometida a una enorme presión y tenía como prioridad absoluta, completamente legítima, recopilar con total urgencia informaciones sobre cualquier otro proyecto de atentado y sobre la identidad de personas susceptibles de estar implicadas en el complot”.

Además, las restricciones al acceso a un abogado eran “temporales” y no podían prolongarse más de 48 horas.

Los jueces, sin embargo, sí condenaron al Reino Unido por la forma en que se trató a otro de los finalmente condenados, el británico Ismail Abdurahman, nacido en Somalia, que fue sentenciado primero a diez años y después vio reducida su pena a ocho por la ayuda que prestó a la policía.

En su caso, se infringieron sus derechos porque aunque inicialmente fue interrogado como testigo, durante sus declaraciones reconoció haber ayudado a uno de los terroristas que puso las bombas después de su colocación.

La policía debería haberle interrogado a partir de entonces como presunto inculpado, lo que le hubiera dado la posibilidad de recibir asistencia jurídica.

Sus declaraciones como testigo fueron una parte importante de las pruebas por las que fue condenado por ayudar a uno de los terroristas y no haber comunicado las informaciones que tenía después de los ataques.

En cualquier caso, la corte estimó que reconocer que sus derechos se vieron infringidos es en sí una compensación equitativa, lo que no supone una invalidación de su pena. Sí que se le concedieron 16.000 euros para cubrir los gastos de sus abogados.

Este procedimiento está relacionado con la tentativa fallida de atentados del 21 de julio de 2005 en los transportes públicos de Londres, que se produjo dos semanas después de otros atentados suicidas contra la misma red metropolitana, que causaron 7 muertos y decenas de heridos.