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La Fiscalía de Madrid rechaza recurrir el archivo del caso Máster

La jueza ha sobreseído toda la causa a excepción de la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes

La Audiencia de Madrid deberá resolver la decisión de la magistrada Rodríguez-Medel porque la Universidad Rey Juan Carlos sí ha recurrido 

Los fiscales de Madrid respaldaron la instrucción de la jueza hasta que sus compañeros del Supremo rechazaron imputar a Casado 

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El fiscal jefe explica hoy su postura ante el juicio del Madrid Arena

El fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero Klink, con la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes EFE

La Fiscalía de Madrid ha rechazado recurrir el auto por el que la jueza del caso Máster archivó toda su investigación a excepción de la que afecta a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, según han informado a eldiario.es fuentes del Ministerio Público. 

Los representantes de la Fiscalía de Madrid fueron avalando todas las decisiones de la jueza durante la instrucción y en agosto, Carmen Rodríguez-Medel elevó exposición razonada ante el Tribunal Supremo ante los indicios de delito recabados sobre el presidente del PP, Pablo Casado, sin que los fiscales se opusieran. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a la imputación de Casado y la Sala Segunda terminó por rechazar esa posibilidad. La jueza preguntó primero a la Fiscalía de Madrid si debía entonces levantar la imputación a las compañeras de Casado que estaban imputadas y tenían un expediente idéntico, pero antes de que contestara dictó el auto de archivo citado. 

Rodríguez-Medel afirma en su auto de archivo: "No resulta posible circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado, ni apartarse esta instructora de su superior criterio en lo que es responsabilidad de esta magistrada-juez, a saber, los no aforados, cuando la argumentación le resulta de plena aplicación".

Los únicos investigados en este momento son la propia Cifuentes, el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuya firma aparece en el acta falsificada, y la asesora de la expresidenta María Teresa Feito, quien presionó presuntamente a las docentes para conseguir una coartada. Una vez el Tribunal Supremo ha zanjado que no hay cohecho ni prevaricación administrativa, la magistrada aclara que el único delito por el que se les investiga es el de falsificación documental.   

Aunque la Fiscalía no haya recurrido, la Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse sobre la decisión de Rodríguez-Medel ya que la Universidad Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, sí ha presentado recurso contra el auto de la magistrada. En su escrito, la URJC muestra su "disconformidad" con este archivo parcial y considera que las declaraciones en sede judicial de varios alumnos, donde reconocieron que no hicieron "nada" para obtener el título y que todo lo tramitaron "prácticamente en exclusiva" con Álvarez Conde reflejan indicios claros de prevaricación administrativa, informa Europa Press. 

El recurso recuerda también que la resolución del Supremo relativa a Casado calificaba "indiciariamente" al catedrático Álvarez Conde de "urdidor del proceso" relativo a la captación de entrega de títulos académicos y la calificación arbitraria de créditos reconocidos debido a su "autoridad incuestionable" sobre la cúpula de las personas que IDP. La Fiscalía deberá adherirse u oponerse a este recurso.

El caso Máster se inició el pasado 21 de marzo cuando eldiario.es desveló que Cristina Cifuentes había obtenido un posgrado de derecho autonómico en la URJC con notas falsificadas. La entonces presidenta regional intentó justificar que sí había cursado esos estudios aportando cinco documentos como prueba. Uno de ellos era el acta de la defensa del TFM. Un papel de la universidad, pero sin sello oficial, escrito a mano y con la firma de las tres miembros del supuesto tribunal. Pues bien, dos de esas firmas estaban supuestamente "falsificadas". Este es el único documento que, actualmente, sigue siendo objeto de investigación.   

De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó  en su dimisión y el final de su carrera política.

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