La Fiscalía no ve responsabilidad contable en el alquiler firmado por Alonso

El Ministerio Fiscal no va a presentar una demanda en el juicio contable que tendrá lugar el próximo 11 de abril en el Tribunal de Cuentas por el supuesto alquiler gravoso de una oficina por parte del ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, cuando era alcalde de Vitoria.

Fuentes jurídicas han explicado a EFE que en la audiencia previa celebrada este mediodía en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid, el Ministerio Fiscal ha manifestado que no formulará demanda en el presente procedimiento al no ver responsabilidad contable.

A pesar de la posición de la Fiscalía, el juicio contable se celebrará el próximo 11 de abril con el objeto de dirimir si hubo un perjuicio para el consistorio vitoriano en el contrato de alquiler firmado por el gobierno municipal liderado por Alonso en 2007 de unos locales para albergar oficinas municipales.

En este caso también figura como demandado el actual secretario sectorial del PP Javier Maroto, que era el concejal de Hacienda en ese momento.

En marzo del año pasado el Tribunal de Cuentas fijó de manera cautelar una fianza de casi medio millón de euros para los nueve miembros del equipo municipal al estimar que podría haber “responsabilidad contable”.

El tribunal consideró que se pudo causar un “perjuicio” económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, por una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales.

En concreto, el alquiler se fijó en 12.500 euros más IVA mensuales, cuando los técnicos del consistorio lo establecieron en 10.168 euros, es decir se pagaron 2.332 euros más al mes.

El alquiler incluyó asimismo, según constató entonces el órgano fiscalizador, una “cláusula penal” que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.

En la vista celebrada hoy en Madrid, las representaciones procesales de los demandantes,- el Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE-EE-, se han ratificado en los hechos y han argumentado sus escritos de demandas, al igual que han hecho los representantes de los demandados.

En esta audiencia ninguna de las partes ha solicitado que Alonso y Maroto comparezcan en el juicio, han señalado fuentes del caso.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha pedido esta mañana que se “resuelva cuanto antes” este asunto y que se “depuren todas las responsabilidades”, al tiempo que ha opinado que para el consistorio hubo un “daño al interés general”.

Este caso se inició precisamente con una investigación en el Ayuntamiento de Vitoria que en 2014 concluyó, con los votos en contra del PP que gobernaba entonces el municipio, que Alonso y Maroto tuvieron una “responsabilidad directa” en la firma de este contrato, que “fue claramente contrario al interés público”.

De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía “ilícito penal alguno”.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, argumentó entonces que el caso estaba en manos del Tribunal de Cuentas de España y que si la Fiscalía de ese órgano detectaba algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal le remitiría los datos para iniciar una investigación.