Govern y CDC acusan a Fdez. Díaz de la operación policial para “dañar” al soberanismo

La Generalitat y CDC han acusado hoy al ministro del Interior, Jorge Fernández, de promover la operación contra la corrupción municipal con el objetivo de “dañar” al independentismo y a los convergentes justo antes de su congreso, mientras C's y PPC han pedido la comparecencia en el Parlament del presidente catalán.

Once detenidos, entre ellos dos exalcaldes catalanes, y 48 registros en ayuntamientos, empresas y domicilios de diez provincias, es el balance provisional de una operación de la Guardia Civil contra la corrupción municipal en contratos vinculados a las consultoras Efial y CGI.

Si bien el Govern y CDC han coincidido en señalar directamente al ministro como el responsable “en la sombra” de una operación que han calificado de “circo mediático” para atacar al soberanismo, la CUP, su socio parlamentario, ha matizado que “la guerra sucia del Estado no puede tapar la corrupción” en Cataluña.

El resto de la oposición catalana ha pedido explicaciones al president Carles Puigdemont.

Y es que dos agentes de la Guardia Civil se han personado también en el Ayuntamiento de Girona para llevarse toda la documentación relacionada con los contratos vinculados a la consultora Efial, un municipio del que fue alcalde Puigdemont (CDC) entre 2011 y 2016.

Pero tanto CDC como el Govern han coincidido en rechazar que esta operación sea una “casualidad” y no han dudado en achacar a JOrge Fernández Díaz la responsabilidad de la operación policial, aludiendo a las conversaciones hechas públicas hace dos semanas entre el ministro y el ya exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña.

“Estamos convencidos de que el autor intelectual de la operación es Fernández Díaz, nuevamente”, ha afirmado con contundencia la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Neus Munté (CDC), al margen de toda consideración hacia el juez de El Vendrell (Tarragona) que ha ordenado los registros.

Munté ha “cuestionado” así un operativo que “ya es marca de la casa desde el Ministerio, que consiste en un aviso previo a medios de comunicación para que se produzca un circo mediático que busca el escarnio, la foto y ensuciar la honorabilidad de determinadas personas y líderes políticos en momentos estratégicos”, como a su juicio será el congreso fundacional de CDC de este fin de semana.

En la misma línea, el coordinador de Régimen Interno de CDC, Francesc Sánchez, ha criticado el “circo mediático” de una operación con el objetivo de “dañar” a los convergentes “a tres días” de su congreso, en una actuación “poco democrática” y de “cloaca”.

“Todos sabemos cómo Fernández Díaz actúa políticamente utilizando los servicios policiales en beneficio propio. Mientras esté como ministro, cualquier actuación de este estilo tendrá la sombra de la sospecha de que hay una actuación para hacer daño a CDC y al proceso independentista. Actúa más como director de 'reality show' que como ministro”, ha dicho Sánchez en rueda de prensa en la sede de CDC.

Munté y Sánchez han evidenciado su “tranquilidad” y confianza en la actuación de esos ayuntamientos, así como en la gestión “transparente” e “impecable” de Puigdemont en Girona.

Desde ese ayuntamiento, la alcaldesa Marta Madrenas ha exigido al ministerio que acabe con las “filtraciones” y ha insinuado que el objetivo es sembrar “ciertas dudas” sobre la integridad de los responsables del consistorio, cuando el proceder ha sido siempre “perfecto y correctísimo”.

Sin embargo, tanto Ciutadans como PPC han registrado en el Parlament peticiones de comparecencia de Puigdemont para explicar la adjudicación de contratos en Girona, mientas que el PSC también ha pedido explicaciones al que fuera alcalde de ese municipio, aunque sin solicitarla formalmente.

El portavoz adjunto de C's en la Cámara, Fernando de Páramo, ha pedido crear una comisión de investigación sobre el caso Efial que tenga carácter genérico sobre la contratación pública en los ayuntamientos, y ha avisado a CDC de que “no habrá una 'estelada' suficientemente grande como para tapar sus casos de corrupción”.

Desde el PPC, su líder, Xavier García Albiol, ha criticado que “lo que le sorprende es que la primera reacción de CDC no sea la de decir que dará facilidades para la investigación judicial, sino acusar a los jueces y dar a entender que hay un complot días antes de su congreso”.

Por su parte, la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha descartado solicitar una nueva comisión de investigación como plantea Ciudadanos, aunque ha expresado su confianza en que Puigdemont dará “las explicaciones necesarias” sobre su gestión como alcalde de Girona para “desvanecer cualquier sombra de duda”.

El portavoz del grupo de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha señalado que el comportamiento mafioso y gansteril“ del ministro del Interior ”no puede ser coartada“ de les practicas corruptas que se han hecho ”bajo el paraguas y la protección de CDC“.

En línea similar, el diputado de la CUP Albert Botran ha opinado que “la guerra sucia del Estado no puede tapar la corrupción” en Cataluña y ha recordado que la denuncia inicial “procede de una persona que no forma parte de las cloacas del Estado, porque la presenta una exconcejala de ERC en Torredembarra (Tarragona)”.