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La Guardia Civil accede en helicóptero al almacén Castor para comprobar si se han parado los trabajos
Un helicóptero de la Guardia Civil ha aterrizado a primera hora de la tarde en la planta del almacén subterráneo de gas natural Castor para “comprobar el funcionamiento de la planta”, según han informado fuentes del instituto armado.
Sobre las dos de la tarde, miembros del servicio aéreo de la Guardia Civil, junto a varios agentes del cuerpo en Castellón, han llegado a la planta, situada a unos 23 kilómetros de la costa de Vinaròs.
Según las fuentes, los agentes han llegado para “comprobar cómo se encuentra la plataforma y su funcionamiento”.
Fuentes cercanas a la investigación han señalado que la llegada del helicóptero guarda relación con la investigación penal abierta este viernes por la Fiscalía de Castellón para esclarecer los seísmos en el entorno del almacén subterráneo Castor, el de mayor magnitud hoy de 3,7 grados.
El Gobierno instalará dos sismógrafos más
El ministro José Manuel Soria ha asegurado que este fin de semana se van a incorporar dos sismógrafos adicionales para monitorizar la actividad sísmica en el entorno del almacén de gas Castor. Soria ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los informes con los que cuenta el Gobierno indican que hay una “alta probabilidad” de que “haya una relación directa” entre la actividad del almacén y los movimientos sísmicos en el Golfo de Valencia. Sin embargo, ha matizado, lo que transmiten los expertos es que el riesgo que encierra esta situación es “limitado”.
Las inyecciones de gas no se reanudarán “hasta que no haya plena y total garantía absolutas de que es una instalación 100% segura para toda la población”, ha dicho Soria, que ha asegurado que hay un grupo de trabajo interministerial tratando este tema y que “el Gobierno está preparado para actuar ante cualquier tipo de situación”.
El ministro de Industria ha explicado que el 26 de septiembre, tras registrarse un seísmo de más de 3 grados en la escala Richter, se ordenó la paralización de los trabajos y se retiró la licencia provisional de funcionamiento que el Gobierno había otorgado en 2012 a la empresa UGS, propiedad en su mayor parte de ACS.
